La jueza de Control de 9a Nominación, María Celeste Ferreyra, ordenó el traslado de detenidos a cargo de fiscales del interior provincial y alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de nuestra ciudad, a las cárceles de sus respectivas ciudades. El objetivo era descomprimir el establecimiento.
El miércoles pasado, último día hábil de la semana, la magistrada esperaba un reporte del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario de Córdoba sobre el cumplimiento de la medida. Son alrededor de 150 presos los que fueron enviados al interior.
Tomó esta determinación en el marco del Hábeas Corpus colectivo presentado por la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, que depende del Tribunal Superior.
Lo motivó el hacinamiento en la UCA. La cuenta es elocuente. Hay lugar para alojar a 600 detenidos y había más de 1.300. Quedaron poco más de 1.100, un número que sigue excediendo la capacidad.
Apenas la jueza Ferreyra admitió el planteo y convocó a una audiencia a todas las partes, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción de una nueva UCA, con plazo de final de obra para febrero del año próximo.
De aquella reunión en tribunales participaron 30 funcionarios de Seguridad, Justicia, Servicio Penitenciario, Fiscalía General y Ministerio Público de la Defensa.
La magistrada citará la próxima semana a una nueva audiencia a los mismos funcionarios para evaluar medidas de corto plazo, antes de resolver el hábeas corpus. Tiene en claro que de nada sirve que ella disponga y dé directivas que no podrán ser luego ejecutadas. Quiere tener certezas de la factibilidad de cualquier medida que adopte y para ello debe comprometer al Ministerio de Justicia, principalmente, y al resto de operadores judiciales en esa solución. En efecto, la cartera que dirige Julián López elaboró una propuesta provisoria que es analizada en la Justicia.
La situación carcelaria es preocupante. El hacinamiento no sólo constituye una violación a los derechos de los detenidos sino que convierte a los penales en una olla a presión, donde la mínima chispa de conflicto puede derivar en motines con violencia extrema.
La inseguridad creciente, la cantidad de presos y condenados por narcotráfico y violencia familiar, más los detenidos por corrupción, incluso de fuerzas de seguridad, han puesto en tensión al sistema. Por eso el gobierno también anunció la finalización del módulo Cemax (Centro de Máxima Seguridad) en el complejo carcelario de Bouwer para diciembre próximo.
