Los nombres de funcionarios que ocupan los cargos de máxima conducción del Ministerio Público Fiscal (MPF) evidencian las “capas geológicas” del peronismo en sus distintas vertientes, desde que comenzó a gobernar Córdoba en 1999.
A excepción del cargo de fiscal General, que tiene un mandato de cinco años, los adjuntos no tienen fecha de vencimiento. Gozan de la misma estabilidad que todos los magistrados. En esa situación se encuentran hoy José Gómez Demmel, Héctor David, Betina Croppi y Alejandro Pérez Moreno, quien asumió el viernes último.
Gómez Demmel fue designado en 2010 por Juan Schiaretti. Antes, tuvo un cargo como adjunto en la Fiscalía de Estado de la Provincia y ocupó funciones de asesoría legal en ministerios del Poder Ejecutivo y en el Banco de Córdoba. Siempre permaneció muy cerca de Ricardo Sosa, uno de los hombres del círculo íntimo de Schiaretti.
En tanto, Héctor David fue designado en 2014 junto a Alejandra Hillman, quien renunció para acceder a la jubilación en 2020. Es conocida la pertenencia de David al delasotismo. Durante la gestión de Alejandro Moyano como fiscal general (2014-2019), tuvo a su cargo las áreas más políticas: Penal, Narcotráfico, Comunicación y Policía Judicial.
En 2015, Pablo Bustos Fierro fue promovido como fiscal general adjunto. Es hijo del exjuez federal, Ricardo Bustos Fierro, quien supo tender a lo largo de su carrera judicial importantes vínculos políticos porque, además, era “árbitro” de contiendas partidarias por su competencia electoral.
Betina Croppi, por su parte, llegó a la cabeza del MPF como fiscal de carrera, especializada en Violencia Familiar y de Género, en 2022.
Por último, el viernes pasado asumió Alejandro Pérez Moreno, quien ocupa la vacante que dejó Bustos Fierro para asumir como defensor general, estrenando la nueva estructura que aglutina a todos los asesores letrados del Poder Judicial.
David y Gómez Demmel tienen reconocida cercanía con los círculos políticos delasotistas y schiaretistas, respectivamente. Son vertientes del peronismo cordobés al cual se suma, ahora, el llaryorismo desde donde salió la postulación de Pérez Moreno, con credenciales legítimas de penalista a raíz de una larga y sólida trayectoria como litigante particular. Sin embargo, se suele decir que en política nada es gratis.
La convivencia no fue siempre pacífica, particularmente entre David y Gómez Demmel. Hubo un episodio donde el alfil schiarettista fue sospechado de pretender influir en decisiones de fiscales y hasta fue denunciado por ese motivo. La causa fue archivada, lo que generó suspicacias sobre una operación política interna en su contra. Sucedió en 2017 y esa movida no lo desestabilizó.
Luego, en plena pandemia y con el alejamiento en 2019 de Alejandro Moyano por vencimiento de su mandato, David y Gómez Demmel quedaron a cargo de la Fiscalía General y debieron encabezar las políticas criminales del MPF durante la pandemia del Covid-19, un reto lo suficientemente difícil que puso a prueba la diplomacia y la cintura con la que ambos debieron encauzar la difícil convivencia.
Plazo acotado, una utopía
Schiaretti tardó dos años en proponer un nuevo fiscal General. Al puesto llegó en marzo del 2021 Juan Manuel Delgado, quien hasta ese momento era Procurador del Tesoro de la Provincia y cuyo mandato vencerá el 30 de marzo del año próximo.
Delgado es el único de la larga lista de funcionarios nombrados que no tiene cargo vitalicio. Es un convencido –lo dice públicamente– que todos los funcionarios a la cabeza del Ministerio Público Fiscal deberían asumir por un plazo acotado y que cada fiscal General que llega debería contar con la potestad de elegir con quién llevar adelante la gestión. El impedimento es nada menos que la Constitución Provincial que fijó la modalidad de las designaciones. Ni siquiera una ley podría destronar la condición quasi perenne de los adjuntos.
El problema es que, tal como se ve en los 25 años de gobierno del peronismo, los fiscales generales adjuntos fueron sumándose en “capas geológicas” según la pertenencia a los espacios internos entre los que se distribuye el poder local.
La situación genera efectos: los fiscales generales desembarcan con escaso margen para llevar adelante las políticas criminales que proyectan si hay resistencia de los adjuntos; y existen tironeos espasmódicos –a veces más disimulados y otras muy evidentes– entre los sectores políticos en pugna, que repercuten también en tribunales.
Todo esto adquiere aún más significado si se considera que es la cabeza del poder más caliente de la Justicia. En el Ministerio Público Fiscal se dirimen las prioridades de las políticas criminales según los conflictos sociales que van manifestándose y reclaman soluciones urgentes.
