La semana pasada estaba todo listo para iniciar el debate oral y público por el crimen de Catalina Gutiérrez con un único acusado, Néstor Soto, quien llega a esta instancia imputado del delito de homicidio calificado por alevosía y mediando violencia de género. La calificación es muy grave porque, de ser confirmada, sólo hay una pena posible: prisión perpetua.
Sin embargo, ante la inestabilidad emocional que presentó Soto, fue abordado por un equipo multidisciplinario de peritos que recomendaron su internación. El tribunal, presidido por Horacio Augusto Carranza e integrado por las vocales María Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi, ordenó su internación por sugerencia de los especialistas.
En septiembre del año pasado, Soto cambió de defensor y Ángela Burgos fue quien asumió la asistencia técnica en reemplazo de Gastón Schöenfeld.
En un extenso diálogo de más de una hora con Perfil Córdoba, la letrada abordó diferentes temas de su trayectoria y del caso concreto. Finalmente, solicitó que se citara su postura con esta síntesis:
“Néstor Soto es un ser humano como todos los que tenemos miles de sentimientos, de historias de vida. ¿Qué pasa si este chico no es un femicida? Él asume su culpa por matar, en condiciones que hoy se están evaluando, donde su salud mental le jugó una mala pasada. ¿Y si nos pasa a nosotros? Merecemos que casos así se investiguen porque pueden ser la clave para, en un futuro, impedir que los jóvenes se suiciden o terminen cometiendo crímenes, porque la gente buena puede hacer cosas malas y esas se habrían podido evitar”.
De esa afirmación se desprende en qué términos podría plantear la defensa en el juicio. Concretamente que no hubo violencia de género y por consecuencia no se trató de un femicidio. Y, posiblemente, tampoco alevosía sino un homicidio simple, en cuyo caso disminuiría sustancialmente la posible sanción penal para el joven. En vez de perpetua, recibiría (eventualmente) una pena menor que podría llegar en un caso límite a los 25 años de cárcel.
Los ocho jurados titulares que integran el tribunal en paridad de género –hay cuatro suplentes por si alguno no puede continuar en el juicio– deberán expedirse sobre si Soto cometió o no un femicidio.
Si bien es un agravante, no sólo atañe a la calificación legal, que es decisión de los jueces técnicos. Considerar si hubo o no femicidio implica analizar el contexto del crimen. Es una cuestión fáctica, esencial en la descripción del hecho. Cómo fue la relación de amistad entre ambos, si existió asimetría o manipulación por parte de Soto hacia la víctima. Los jurados, ciudadanos comunes, se pronunciarán sobre este aspecto medular en el caso, si la fiscalía y la querella consideran que está acreditado.
Fuentes con acceso al expediente señalaron que los médicos que analizaron a Soto fueron muy claros en advertir una situación emocional crítica, pero aseguraron que no hay indicios de inimputabilidad. También hay informes que señalan una evolución positiva en su estado de salud.
Descompensación emocional. Este medio publicó la semana pasada un dato revelado por un interno del mismo pabellón donde estaba alojado Soto en la cárcel de Bouwer, respecto al interés mostrado por el joven en una reunión con cinco presos, dos de ellos abogados. Uno de los letrados se comunicó con este medio y relató el contenido de la conversación. Lo hizo luego de que Soto fuera internado por una descompensación emocional, para expresar su asombro porque, según él, nunca vio signos de angustia ni preocupación por la condena que podría recibir.
La abogada Burgos rechazó en forma categórica la posible simulación de un estado de alteración, señalando que el joven pidió tratamiento psicológico hace mucho tiempo, que en Bouwer hay escasez de profesionales para contener a la población carcelaria y sostuvo que es inverosímil que pueda engañar o simular un estado emocional ante prestigiosos profesionales de salud mental, como son los peritos oficiales.
El tribunal, además, adoptó medidas para resguardar la prueba y preservar la independencia de los jurados con directivas explícitas para no entregar copias del expediente a quienes no son parte del juicio. La recomendación a los jurados es concentrarse exclusivamente en lo que ocurra dentro de la audiencia y en las pruebas que se incorporen.
Si bien la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) ha calendarizado cinco jornadas, a partir del jueves 6 de marzo para este juicio, el tribunal abrirá el debate sólo cuando el acusado esté en condiciones de asistir.
Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima, expresó su enorme disgusto al ser informado por su abogado que el miércoles próximo, día en que se preveía iniciar el juicio, no comenzará. “Otra vez… parece que fuera un chiste. Uno, a esta altura, no sabe qué creer”, se quejó.
LAS PARTES
El fiscal de Cámara es Marcelo Sicardi. El imputado será defendido por la abogada Ángela Milena Burgos Niño. Los padres de la víctima, Eleonora María Wollenweider y Jorge Marcelo Gutiérrez, participarán del juicio como querellantes particulares; su apoderado será Santiago Capdevila y contarán con el patrocinio letrado de Carlos Hairabedian.
