El escandaloso robo a un supermercado que protagonizó Guillermo Kraisman, un dirigente del peronismo cordobés que acumula cargos desde hace décadas, continúa su curso en la Justicia. El funcionario, eyectado de la gestión municipal de Daniel Passerini, continuará detenido en la cárcel de Bouwer, por lo menos hasta fines de la próxima semana. Mientras tanto, los defensores analizan saldar cuentas con una "reparación terapéutica".
El fiscal José Mana aún no definió fecha de indagatoria. Está esperando la planilla prontuarial y trabaja para fijar el hecho que se le informará a Kraisman al ser indagado.
La defensa, a cargo de Diego Casado -también concejal- y Humberto Margara, está esperanzada en que la declaración se realice entre jueves y viernes de esta semana.
Recién después de ese trámite, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver si continuará detenido por riesgo procesal o si es liberado. Por esa razón, es esperable que no recupere la libertad por lo menos hasta finales de la semana venidera.
Kraisman fue interceptado por la policía el sábado pasado al mediodía a la salida del supermercado Mariano Max de Avenida Vélez Sarsfield en barrio Irupé. Entre sus ropas llevaba dos sobres de fiambre feteado, uno de jamón crudo y otro de bondiola; una lata de atún y un frasco de cerezas en almíbar. Había hecho una compra pero esos productos no los pasó por la cinta de la caja.
El procedimiento policial fue tramitado como un delito en flagrancia. Lo pescaron mientras cometía el hecho. El fiscal lo imputó por robo, resistencia a la autoridad y amenaza al personal que lo detuvo.
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En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el abogado Casado informó que apenas se concrete la indagatoria presentará un pedido de recupero de libertad con el pago de una fianza.
Además, en el caso de que la prueba sea contundente están preparando desde ahora una estrategia en el marco de las salidas alternativas a la prisión que plantea el Código Procesal de la Provincia. Consiste en una "reparación terapéutica" -señaló- a los dueños del supermercado Mariano Max y así obtener el sobreseimiento.
La factura que no pagó podría rondar los $10.000 pero Casado aclaró que el monto reparatorio será “muy superior a esa cifra” y será fijada en un proceso de conciliación con los dueños del supermercado.
Hay un tema que planteará una discusión jurídica: ¿Es posible una salida alternativa en este caso en que Kraisman era funcionario público en el momento de cometer el delito?
El artículo 13 ter del Código Procesal Penal establece que no corresponderá la aplicación de las reglas de disponibilidad cuando el autor fuera un funcionario “y hubiese cometido el hecho con abuso de su cargo”.
La frase entrecomillada será el eje de la disputa. Si Kraisman robó y amenazó a los policías que lo detuvieron porque sacó chapa de funcionario municipal, estará en problemas.
Por esa razón, desde la defensa deslizaron que él les dio otra versión sobre el episodio, en relación al diálogo con los efectivos de la Policía de Córdoba.
