Tras el receso, el oficialismo y la oposición buscarán los consensos, que vienen encaminados, para sancionar en febrero las leyes que se “frenaron” de una agenda judicial amplia y con poco debate que impulsó el gobierno llaryorista en el tramo final del año pasado. El haber quitado el pie del acelerador fue una señal de respuesta al reclamo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En la última sesión del ciclo 2024, entre Navidad y Año Nuevo, el PJ logró aprobar la designación de Jessica Valentini en la vocalía del TSJ, el nombramiento de Alejandro Pérez Moreno como fiscal adjunto de la Fiscalía General y los cuatro pliegos de funcionarios que conformarán la cúpula del Ministerio Público de la Defensa.
Sin embargo, esta agenda judicial incluía otros temas que se “frenaron” para aliviar tensiones con el máximo tribunal de justicia, que alzó la guardia en medio de la escalada de la polémica ante el proyecto del libertario Agustín Spaccesi por la creación del Tribunal de Casación que pega de lleno en la línea de flotación del TSJ (Ver aparte).
De este modo, el gobierno emitió señales a la cúpula del Poder Judicial al levantar el pie del acelerador sobre asuntos clave en el marco de un acuerdo entre su brazo parlamentario y el grueso de la oposición para darle más tiempo de debate. Con el regreso a la actividad legislativa, el oficialismo y la UCR avanzarán a buen ritmo con los temas pendientes.
Quedó para febrero la reforma a la Ley 8.123, Código Procesal Penal de la Provincia, sobre el régimen de detenciones cautelares y la creación del Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (tobilleras electrónicas) en el Ministerio Público Fiscal.
A su vez, se postergó la ‘Ley Montero’ que fija el Procedimiento Penal Juvenil de la provincia con el foco puesto en las reglas aplicables para niños y adolescentes no punibles que cometan delitos graves. Este punto sensible demanda mayor debate y precisión en la redacción del texto final. Ahí está puesta la lupa para lograr los consensos de mayoría. Al defender la iniciativa, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, pidió a los jueces que no pierdan de vista "el criterio de realidad".
"Una cosa es estar sentado en un sillón de la calle Caseros y otra cosa es embarrarse las zapatillas con la realidad", lanzó la funcionaria al enviar un mensaje al Poder Judicial, en medio del cortocircuito, justificando las medidas restrictivas que prevé el proyecto que se abordará con prioridad en la Unicameral.
Demanda a la política
En esa línea, la legisladora Nadia Fernández dijo que “hay que salir del letargo porque cuando existen casos de violencias altamente lesivas, la sociedad le reclama a ‘la política’ y no se lo hace a la Justicia, ¿por qué? Nos hagamos esa pregunta. Acaso ¿quienes integran el Poder Judicial son seres alados, etéreos e invisibles?”.
“El Poder Judicial debe dar más de lo que da, mucho más, aquí no se trata solamente de una discusión presupuestaria. La sociedad cordobesa exige medidas concretas y urgentes. No hay cortocircuitos con el Poder Judicial. Somos el Poder Legislativo, de acá salen las leyes y son ellos quienes deben aplicarlas”, afirmó la vicepresidenta del cuerpo a Perfil Córdoba.
Tras asegurar que en Córdoba “hay división de poderes y se respeta a rajatabla”, la oficialista aseveró: “Seguiremos trabajando y escuchando a la ciudadanía que al fin y al cabo no tiene ninguna corporación que la represente. Ese es nuestro trabajo”.
Al advertir que la Ley Montero “es una norma muy necesaria”, Alejandra Ferrero (UCR) sostuvo que “había que independizar de la Ley 9.944 al procedimiento penal juvenil”. Y subrayó: “Sacarlo del ámbito de protección de la niñez y darle autonomía normativa propia”.
Ante el freno que se autoimpuso el PJ, a raíz de la interna entre viguistas y llaryoristas, la radical celebró que la iniciativa se pueda discutir “con más tranquilidad” y “enriquecerla con escucha activa de los que no hayan podido hacerle aportes, para que esta ley tenga la legitimidad que requiere para los tiempos que corren”, dijo.
“Pese al poco tiempo, la ministra tuvo la deferencia de hacer las consultas pertinentes y a eso lo valoro”, señaló la deloredista ante el aporte que hizo la UCR. No obstante, no terminó de cerrar la letra fina de la norma que se tratará en comisión tras el receso legislativo.
Desde el halconismo juecista, Viviana Martoccia, sostuvo que “desde el primer momento expresamos que el tema penal juvenil y la actuación de Senaf requerían un sincero debate, dictámenes técnicos y entrevistas con todos los involucrados”.
“No hay aciertos en el tema minoridad y mucho menos en la Senaf”, cuestionó la opositora al cargar duro por los 25 años de gobierno del PJ. “No pueden pretender que en algunas pocas horas de comisión aprobemos un despacho, por más ahínco y fuerza de voluntad que se ponga de parte de los demás bloques”, dijo acerca de la Ley Montero.
Tobilleras electrónicas
Sobre el régimen de detenciones cautelares y el uso de tobilleras electrónicas, Ferrero indicó que la sanción de esta ley “responde a un reclamo de vieja data”. “Aplicar medidas cautelares que, en casos leves, donde no existen reincidencias, pueda disponerse un dispositivo electrónico de control y seguimiento exhaustivo”, dijo la coautora del proyecto, y expresó la necesidad “de descomprimir” con medidas cautelares los establecimientos carcelarios, donde “el 65% de los detenidos es por prisión preventiva y no por condena”.
Por su parte, Martoccia opinó que “requiere mayor análisis, estudio y la opinión de especialistas en la materia para garantizar el derecho de los imputados y de las víctimas, como así también la investigación sobre los resultados de su aplicación en otros sistemas penales”.
En cuanto a esta agenda aplazada para el 2025, Fernández remarcó: “Vamos a profundizar el debate en comisión y hay consenso en aprobar estas medidas durante el mes de febrero”. “Las reformas son necesarias e imprescindibles. Para mejorar hay que cambiar”, cerró. Según el PJ, estos proyectos gozan de “amplio consenso”.
