Javier Pafume, el abogado defensor de Guillermo Kraisman en la causa por supuesto fraude a la administración pública, confirmó que su defendido se abstuvo de declarar este viernes cuando fue indagado por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino.
Estrategia de Kraisman
"La idea de la defensa es que se abstenga de prestar declaración en esta primera oportunidad y tomar contacto con la totalidad de la prueba que obra en el expediente para así ir definiendo una estrategia más concreta", explicó el letrado a primera hora de la mañana.
"Trabajamos sobre el riesgo procesal, sobre el fondo de la cuestión. Esto de cara a una eventual solución del proceso penal", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
Además anticipó que están "viendo la posibilidad de que algunos de los imputados pueda adherirse a la ley del arrepentido" con "la finalidad de tener algún beneficio en una eventual imposición de pena".
"De todas maneras trato de ser muy cauteloso porque estamos en la primera etapa de la investigación penal preparatoria", aclaró.
Indagatoria
Kraisman, acusado junto a Luciana Castro de querer cobrar un millón de pesos en una sucursal del Bancor de una supuesta empleada "fantasma" de la Legislatura, fue indagado este viernes vía zoom por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino.
Ante Mondino, el exconcejal y dirigente histórico del PJ se abstuvo de declarar, aunque no habría negado los hechos.
Virginia Martínez, la presunta trabajadora de la Unicameral, negó haber concurrido alguna vez a ese cuerpo legislativo por lo que la Fiscalía también investiga el sistema de contrataciones de personal.
Kraisman y Castro permanecen detenido desde el 17 de enero en la cárcel de Bouwer.
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Investigación
El fiscal Andrés Godoy, quien estuvo a cargo de la causa al principio, dispuso un cambio de carátula ya que Kraisman había sido imputado inicialmente por "estafa en grado de tentativa".
"Luego del diligenciamiento de diversas medidas de prueba, se pudo determinar que la maniobra perpetrada por los imputados, tenía como objetivo procurarse dinero perteneciente al erario público, con lo cual la calificación legal fue mutada en relación a Kraisman por la de “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa en calidad de coautor”, informó en esa oportunidad el Ministerio Público Fiscal.
Respecto a la coimputada Luciana Castro la modificación fue por la de “falsificación de documento privado” y “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa”, ambos hechos en concurso real.
Por el cambio de calificación legal y teniendo en cuenta que Castro era empleada pública al momento de la presunta comisión del hecho, el expediente pasó al Fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Antecedentes
El dirigente peronista ya había sido detenido a principios de septiembre de 2024 cuando habría intentado hurtar "un blíster de bondiola, jamón crudo, un pote de atún y un frasco de vidrio de cereza” de un supermercado de la capital cordobesa. En esa oportunidad "pasó la línea de cajas sin abonar la mercadería", según la acusación.
