Julián López: “Para el gobierno urge instrumentar el sistema de flagrancias”

El incremento de la inseguridad no da tregua y reclama medidas urgentes de parte de las autoridades provinciales y judiciales. Como se revela en un informe publicado en esta misma edición, en la ciudad de Córdoba creció el número de procedimientos policiales y de detenidos por delitos en flagrancia. La mayoría son por robos, arrebatos y hurtos, el componente que alimenta el fenómeno de inseguridad y atemoriza a la población.

Entre el primer cuatrimestre del 2023 y el mismo período de este año, la cifra de personas mayores de edad detenidas subió 18% y no es un índice estacional o aislado. El crecimiento se consolida año tras año, sobre todo después de la pandemia del 2020.

Con este cuadro de situación, se viene trabajando en un sistema de flagrancias. En ese sentido, se descartó la idea de un fuero especial, aunque se piensa en una unidad judicial especializada, fiscalías, juzgados y asesorías con competencia exclusiva en la materia, además de dos centros de recepción para las zonas sur y norte de la ciudad, desdoblando la tarea del que funciona en Tribunales II.

El proceso de instrumentación no es simple. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General –en especial, el fiscal Adjunto, Pablo Bustos Fierro– están involucrados en la tarea, en un entretejido no exento de roces. Hay también dos asesores externos: Germán Garavano y Héctor Chayer. Desde El Panal no disimulan el apuro.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el ministro de Justicia Julián López aseguró que “para el gobierno urge instrumentar el sistema de flagrancias”.

Dijo que también se está trabajando con la Justicia en “la implementación de un plan piloto utilizando los recursos disponibles". El condicionamiento no es menor. En el gobierno dicen que no hay dinero para desplegar proyectos ambiciosos. Hay que arreglárselas con lo que hay, redistribuyendo recursos edilicios y humanos para agilizar las investigaciones y aplicar penas a quienes delinquen y reinciden.

Sobre el primer aspecto, un tema problemático es la acumulación de trabajo y detenidos en el Centro de Recepción de Procedimientos (CRPPA) que funciona en el Polo Judicial de barrio Observatorio. Para descomprimir y descentralizar, las carteras de Justicia y Seguridad pusieron a disposición las instalaciones de la Comisaría 13 ubicada en Diagonal Ica al 1000 donde también funciona una Unidad Judicial. Con un segundo centro de recepción ubicado en este sector, la ciudad se dividirá en dos: norte y sur.

Diariamente se detienen unas 80 personas por flagrancias. Actualmente todos van al centro de Tribunales II. No hay fecha, pero sí la tarea de generar una nueva base operativa con médicos, personal para relevar huellas dactilares, fotografías y funcionarios penitenciarios para que funcione en Diagonal Ica.

Si el trámite que se imprime a esas causas se agiliza, se habrán optimizado los recursos. “Así podrían tratarse los casos de manera más rápida”, afirmó el ministro López.

El gobierno muestra permanentemente una carta para exigir celeridad a la Justicia. El primer proyecto de ley que envió Martín Llaryora apenas asumió como gobernador fue el de Seguridad. Incluyó la creación de fiscalías de Instrucción, de las cuales se estima que nueve serán para flagrancias.

Diseño del circuito. En el Poder Judicial, la Sala Penal del TSJ y la Fiscalía General –en especial el fiscal Adjunto, Pablo Bustos Fierro– están involucrados directamente en el diseño del nuevo sistema, junto a un equipo de fiscales, jueces y asesores letrados. Frente a la consulta sobre si se pondrá en marcha un plan piloto respondieron que ya se está aplicando en una muestra, a prueba y error, lo que será el futuro sistema que podría estar vigente a comienzos del año próximo.

El plazo depende, entre otras cosas, de la designación de los nueve fiscales de flagrancia.

El concurso para cubrir vacantes en Fiscalías de Instrucción de Capital tiene 244 inscriptos y los exámenes se tomarán en el segundo semestre. De esa cantera saldrán los magistrados para las flagrancias.

En la actualidad, los fiscales de los cuatro distritos tienen que investigar las causas de mayor complejidad y también las que llegan del Centro de Recepción. A estas últimas se procura dar un tratamiento más expeditivo, con audiencias orales para que los jueces de Control resuelvan sobre pedidos de prisiones preventivas. Varias de esas audiencias desembocan en juicios abreviados que posibilitan, en plazos de dos o tres meses, la resolución de los casos aplicando penas a los delincuentes o medidas alternativas (reparación de daños, trabajo comunitario, entre otras).

No todos los fiscales de Distrito están consustanciados con la modalidad. Es entendible, porque vienen de un enorme cambio que fue el plan de gestión territorial que lleva menos de un año de vigencia. Antes atendían por turno toda la ciudad y ahora están todos los días de turno en un sector compuesto por varios barrios.

Cuando esté en marcha el nuevo sistema seguirán concentrados en sus territorios, pero sin desprenderse de la información que surja del centro de flagrancias de los hechos que ocurran en sus jurisdicciones.

La prioridad del sistema de flagrancias son los casos graves: detenidos reincidentes (con condenas previas) y reiterantes (sin condena, pero con múltiples aprehensiones) y el objetivo es que ese universo tenga un tratamiento rápido, con equipos especiales y una Unidad Judicial ad hoc. Lo que están definiendo es cómo será el circuito de los procesos, según el abanico de casos, tipos de delitos, gravedad del hecho y modalidad de resolución de los casos.