El crimen en Brinkmann, de Aralí Vivas, una niña de ocho años, quien habría sido abusada sexualmente, asesinada y quemada para ocultar los crímenes previos que padeció, puso en la lupa la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
La situación altamente vulnerable en la que vivía la pequeña mereció la intervención del organismo estatal. No en relación a ella directamente sino a tres hermanitos menores porque, en el momento en que se detectó el consumo problemático de drogas de la madre, Aralí estaba viviendo con su papá biológico.
No obstante, la Senaf resolvió oportunamente la revinculación con la madre porque según los informes técnicos la mujer se habría recuperado.
Edad de imputabilidad: el 3,3% de los delitos en Córdoba fue cometido por chicos no punibles
En declaraciones a Cadena 3, Reartes no se refirió al crimen de Aralí porque hay una investigación penal a cargo del fiscal de San Francisco, Oscar Gieco. Pero, la funcionaria aclaró: “La Senaf no trabaja sola sino en articulación con la justicia, que tiene el control de la legalidad de las decisiones que toma Senaf”. Con tal aseveración asumió la corresponsabilidad entre el organismo que dirige y la Justicia.
Y explicó: “La Justicia lee los informes y dictámenes que producen los equipos técnicos de Senaf; el juez o la jueza tiene posibilidades de analizarlos con los equipos técnicos de la justicia; también el asesor que tiene la obligación de entrevistar a los niños”.
Sobre la afirmación de la exlegisladora, María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal) que sólo tres de cada 10 de los 1.332 empleados de Senaf tienen capacitación específica a la materia y el resto es planta administrativa, Reartes indicó al iniciar la gestión junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, realizaron un relevamiento integral. Arrojó que el 47% del personal tiene formación asociada a las políticas de infancias.
