Jueza Penal Juvenil sostiene que habría que fijar en 13 años la edad de punibilidad

Nora Giraudo, jueza Penal Juvenil de 7ª Nominación, es una excepción en el fuero. Viene sosteniendo desde hace años, con sólidos fundamentos, que hay que rever la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser alcanzados por un proceso penal especial, a contrapelo del resto de sus colegas, tanto juezas, fiscales y asesoras letradas.

Consultada en esta ocasión, destacó que no se trata de debatir “por sí o por no” la reducción de la edad de imputabilidad, sino “cómo hacerlo y con qué recursos, ya que la realidad impone que a delitos graves o reiterados, cuanto antes el Estado intervenga mayores son las probabilidades de corregir las desviaciones dañosas para sí y para terceros, que la familia directa o extendida, la educación formal, salud preventiva y políticas públicas preventivas de la droga y el delito no han sabido o podido evitar que lleguen al delito como cultura de vida”. En una frase sintetizó la complejidad del problema.

Sobre qué edad considera aceptable fijar, destacó que “sin juzgar el acierto o no de la ley de Interrupción Legal del Embarazo que se invocó para evitar muertes, con el mismo sentido debería bajarse la edad de imputabilidad a los 13 años”. Y explicó que es la “edad en que para la ley civil la capacidad progresiva del adolescente es la regla”.

Agregó que el principio de no regresividad no puede ser invocado porque se afecta a las víctimas y se consagra “la impunidad por razones de edad, sobre todo cuando el crimen organizado de armas, drogas, motos y autos, se vale de eso para consolidar su negocio”. En efecto, en muchísimas bandas, los delitos más graves se los cargan a menores sabiendo que no pueden ser detenidos por largo tiempo ni sometidos al régimen penal.

Destacó la existencia en Córdoba del Complejo Esperanza, “con capacidad para brindar tratamiento transdisciplinario socioeducativo a 450 adolescentes, que tiene socio educadoras especializadas en reeducación social, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, profesores de educación física y técnicos para distintos talleres de capacitación en granja, panadería, bicicletería, electricidad, costura industrial, carpintería”.

“La baja de edad de imputabilidad no implica que se los vaya a alojar allí, las medidas deben ser proporcionales a las circunstancias y necesidades del adolescente, a las circunstancias del delito y las necesidades de la comunidad”, aclaró.

Subrayó que “reducar y resocializar a los jóvenes que cometen delitos es una responsabilidad del Sistema Penal Juvenil que en el caso de delitos menores y primarios es recomendable lo sea por vías alternativas como la mediación y los programas restaurativos, con los recursos suficientes para dar a las víctimas una respuesta eficiente y reparadora”.

Para Giraudo “ya existe todo, incluso para el seguimiento territorial cuando están en su centro de vida, lo que falta son más recursos y disposiciones que faciliten el tratamiento involuntario en el caso de adicciones severas”.

 

JORGE JOFRÉ: “Hay una adultización de menores a los que se involucró en el delito”

El académico de la Universidad Blas Pascal Jorge Jofré, especialista en Seguridad, opinó que bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes refleja una “adultización de los niños y jóvenes a los cuales se los ha involucrado en el delito”. “Objetivamente se les está dando el lugar de adultos, cuando los servicios penitenciarios dan pocas garantías para solucionar la problemática juvenil”, sostuvo.

Sobre la discusión legislativa que se avecina dijo: “No pensemos que vamos por buen camino si será una decisión sólo de legisladores y abogados; la sociedad debe escuchar a psicólogos, psiquiatras y sociólogos”.

En declaraciones realizadas en el programa ‘Con el diario del lunes’, Jofré aludió a la permanente mención de la “puerta giratoria”. “Sabemos que se devuelven los niños a sus familias que no los contienen, pero hay organizaciones públicas que debieran acompañar el proceso de reinserción”, explicó y agregó que “no se están generando las inversiones necesarias en las áreas que corresponden”.

Señaló que los jóvenes que ingresaron al delito incorporaron valores que replican. “En redes sociales vemos menores que se sacan fotos con armas, con elementos robados, lo grave es ese micro universo con ese sistema de valores que no terminará con el chico preso por la policía”.

“En algún momento hay que hacer un cambio de rumbo, hay que apelar a los órganos preventivos que tienen la ductilidad para abordar con más herramientas”, concluyó.

 

MARÍA SOLEDAD CARLINO: “El punitivismo desde temprana edad no soluciona el problema de la inseguridad”

La expresión es contundente: “Los estudios en países donde bajaron la edad de imputabilidad de los adolescentes muestran que no se solucionó el problema de la inseguridad y, por el contrario, sólo profesionalizó a los jóvenes en el delito”.

La frase pertenece a la fiscal Penal Juvenil del 4° turno, María Soledad Carlino, consultada por este medio para el presente informe.

La magistrada sostiene que si lo que se pretende es disminuir la inseguridad, “el punitivismo (a los adolescentes) sólo para satisfacer la sed de venganza, es una medida demagógica y populista”.

Si, por el contrario, se busca efectivamente ese objetivo hay que basar las decisiones en datos y observar qué pasó en los países donde se bajó la edad de responsabilidad penal plena de los menores.

“Las estadísticas de países que bajaron la edad mínima de responsabilidad penal muestran que no resultó ser una medida útil y eficiente. Esa política reforzó, profesionalizó los actos delictivos de los chicos, en el marco de la cultura carcelaria”, señaló.

Al mismo tiempo, Carlino abogó por una “modificación seria a la Ley 92.278”, el régimen Penal Juvenil argentino que data de 1980. “Lo que hay que decidir es el objetivo que se persigue”, recalcó.

Respecto dónde deberían ser alojados los jóvenes delincuentes si baja la edad de imputabilidad, señaló que en “hay módulos en Complejo Esperanza para menores no punibles, desde los 10 a los 15 años”.

Sobre la responsabilidad civil de los daños que producen, indicó que no hacen faltas más leyes porque está contemplado en el Código Civil. “El problema es de política pública”, opinó, al tiempo que subrayó que es necesario intensificar la intervención preventiva.