El gobierno de Martín Llaryora decidió avanzar en los cambios a la ley 10.793 que habilitó el juego online en la provincia. El brazo oficialista ya definió los alcances de la reforma, en medio de las posiciones que cohabitan en Juntos por el Cambio (JxC) entre el guiño –aunque condicionado– del núcleo radical referenciado en Rodrigo de Loredo y el veto del bloque que responde a Luis Juez que fogonea la derogación de la ley sancionada con polémica en 2021.
En medio del choque de fuerzas, el PJ se enfrenta al desafío de administrar un debate caliente y alcanzar los acuerdos de una reforma “viable” ante un paquete de, al menos, 14 proyectos sobre el juego online de distintas bancadas que están en la mesa de discusión. De todos modos, las modificaciones pasan por la compatibilización de los proyectos de la radical Alejandra Ferrero y de la peronista María del Rosario Acevedo.
Este abanico de iniciativas impulsadas por radicales, peronistas, juecistas y el vecinalismo va desde la derogación de la norma y la rescisión de las licencias a las empresas concesionarias, hasta la puesta en marcha de programas de prevención y atención a la ludopatía online, pasando por los datos biométricos –punto clave– para la restricción de los menores, la prohibición o regulación de la publicidad y los influencers, y un observatorio del juego.
Definida la hoja de ruta con la venia de Llaryora, y el rechazo del PJ a la movida “demagógica” de los halcones por la derogación de la ley, la bancada oficialista apretará el acelerador en comisión para avanzar en el despacho mayoritario de la reforma. Ante la consulta, una voz peronista trazó un plazo de 20 a 30 días máximo para que el dictamen llegue al recinto.
Ante el fogoneo juecista, desde el oficialismo demandaron “no empantanar” el acuerdo en torno a los puntos que más consenso reúnen de la modificación a la norma en cuestión.
Claves de la reforma
La columna vertebral se sustenta en cuatro cambios. En primer término, las cuatro empresas licenciatarias deberán incorporar los datos biométricos de los apostadores inscritos en el registro de jugadores. Esta nueva exigencia busca obstaculizar –en la práctica– el acceso a menores de edad.
Se avanzará con la prohibición de la publicidad del juego online y de los influencers, a excepción de la promoción de las licenciatarias autorizadas por Lotería de Córdoba.
Se creará un observatorio de seguimiento integrado por legisladores del oficialismo y la oposición y representantes de organismos vinculados a la niñez, el Comipaz y de ámbitos profesionales como el Colegio de Psicólogos.
Se dispone, además, la obligatoriedad de que se incorpore la prevención de la ludopatía en la currícula escolar. Existe la voluntad política de garantizar mayor presupuesto para las acciones de atención a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas online.
Estas modificaciones –que reúnen mayor consenso– conforman la base de la reforma que impulsa la bancada oficialista. No obstante, legisladores opositores promueven otros puntos que se suman al debate caliente en comisión.
Otras variables
A la identificación biométrica, Rodrigo Agrelo adiciona la condición de que los usuarios registren una cuenta bancaria, sin dar lugar a billeteras virtuales. En su planteo, pidió la prohibición de nuevas licencias y de nuevas modalidades de juego de azar. Y la negativa a que beneficiarios de planes sociales sean apostadores. También solicitó que el registro de jugadores esté a cargo de Lotería.
Por otro lado, en su avanzada contra el juego, el Frente Cívico puso el foco de atención en la ludopatía online. En la bancada UCR, sumaron al debate la prohibición de realizar publicidad de apuestas de juego en línea a los clubes deportivos. Algo de difícil cumplimiento.
En este marco, y sin chances de prosperar, el ala dura de la oposición –representada por Walter Nostrala (juecismo), Matías Gvozdenovich (UCR) y el vecinalista Agrelo– fogonean la derogación de la ley o la rescisión de las licencias otorgadas para la explotación de juegos de azar online. El juecista sumó el apoyo a su proyecto de Gregorio Hernández Maqueda, Graciela Bisotto e Ignacio Sala.
En HUxC tildaron a la propuesta de “demagógica” sin ningún sustento. Por el contrario, afirmaron que esto desataría acciones judiciales multimillonarias de las licenciatarias. “Si derogás le tenés que pagar a los empresarios 16 años de indemnización uno arriba del otro”, refutó un peronista.
Voces
“Todo el interbloque se opone al juego online y jamás hubiera sido cómplice de abrirle la puerta, pero hasta que veamos qué sucede, trabajamos en iniciativas que pudieran regular y neutralizar el daño que provoca”, dijo Ferrero a PERFIL CÓRDOBA.
En el marco del trabajo en comisión, la radical pidió “consensuar una ley seria y responsable que recoja las iniciativas de los que sumaron ideas”. Y remarcó: “Lo importante es que actuemos porque mientras discutimos, siguen destruyéndose familias enteras a causa del juego y de la ludopatía”.
Desde el oficialismo, Acevedo defendió la ley de juego online de 2021 que regula “una realidad que existía desde mucho antes”, y salió al cruce de los halcones: “Hoy derogar la ley es pretender tapar al sol con la mano”. “Lo que proponemos es modificar la ley para darle un rol más activo al Estado en la regulación y control del juego”, completó.
Entre aquellos del ala dura opositora que demandan poner fin a la explotación del juego online, Agrelo afirmó que “hay que actuar sobre el daño ya ocasionado: proteger a los jóvenes y evitar un juicio de proporciones a la provincia”. Sobre este último punto, propuso crear una comisión para dictaminar acerca de las consecuencias jurídico económicas de la rescisión de contratos.
En su avanzada, Nostrala ratificó su postura de derogar la ley que “tanto daño está haciendo”. “No podemos mirar hacia otro lado ni ser tibios. No hay dinero que pague el daño ocasionado y ni pensar el que se puede seguir generando si no lo detenemos ya”, acentuó.
“Córdoba tiene que reparar de manera urgente el error de haber habilitado el juego online. No se puede poner el interés económico de unos pocos por encima de la salud de los niños y adolescentes”, aseveró el juecista.
Por su parte, Gvozdenovich calificó como “una ley malparida” la del 2021. En su postura halcón, el radical reclamó su derogación. No obstante, valoró la iniciativa de Ferrero y aseguró que “respetará la decisión del conjunto”.
De todos modos, el jefe de bloque UCR dijo a este diario que “mantendrá vivo” su proyecto en comisión a la espera de resultados. “Si vemos que no se ejecuta lo que salga consensuado como ley, automáticamente lo llevo a debate al proyecto de derogación que presenté”, concluyó.
