La detención, el martes pasado, del entonces subjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado, provocó un impacto político, judicial y social de envergadura. Se trata del hombre que fue el brazo investigativo y ejecutor de órdenes judiciales durante los últimos 25 años.
La imputación de encubrimiento agravado que pesa sobre él podría agravarse. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, investiga una causa de corrupción policial que tendría tentáculos en diversos negocios espurios como la venta de celulares robados, neumáticos robados y una financiera ilegal dedicada a la compraventa de dólares y otorgamiento de préstamos, que actuaba bajo el paraguas de Mercado y del subcomisario Cristian Cabrera.
Cabrera dirigió las Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba, realizaba operativos y también era el interlocutor de fiscales que pedían refuerzos de “policías comisionados”, los que trabajan para las Unidades Judiciales y Fiscalías de Instrucción.
En la fuerza eran conocidos como los “kelpers”, los sin patria porque crecieron al calor y bajo el paraguas del Poder Judicial. Es un cuerpo que depende de la policía administrativa, pero resulta imprescindible para llevar adelante las investigaciones penales.
Por eso, no se descarta que entre las numerosas líneas que se delinean en el expediente puedan incluirse episodios delictivos por “vender” allanamientos. La sospecha es que habrían advertido a los investigados las medidas que se ordenaban desde la Justicia, porque las conocían antes de ser ejecutadas.
Hay indicios que se podrían ir precisando, también, sobre juego clandestino.
Por eso se dice que es una causa que no tiene horizontes.
Comenzó a fines del año pasado cuando una persona enjuiciada por desbloquear celulares de alta gama robados, dijo que los aparatos los proveía el policía Cristian Cabrera. El dato fue la punta del iceberg que desnudó la trama de corrupción policial.
También fueron detenidos la subcomisaria Verónica Aguilar, el empleado judicial Juan José Corzo y los conocidos vendedores de celulares robados Roberto Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge, Maciel Adrián Monge y Fiorella del Valle Monge. Están imputados por asociación ilícita.
El caso se asemeja al desbaratamiento de una estructura ilícita que funcionó por décadas en las cárceles de la provincia, amparados por la conducción que encabezó Juan María Bouvier.
PERFIL CÓRDOBA procuró un análisis de este fenómeno y de su impacto social. Entrevistó a Jorge Jofré, director de las Diplomaturas en Seguridad Ciudadana y de Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la Universidad Blas Pascal.
—¿Qué reflexión le merecen las detenciones del subjefe Mercado y del comisario Cabrera?
—Suman otro golpe a la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Estos escándalos no solo revelan una corrupción interna que debemos empezar a considerar estructural, sino que provocan una crisis profunda de legitimidad. La lista de casos es extensa: un exjefe de Policía condenado por coacción y posesión de armas; otro subjefe bajo investigación por delitos relacionados a su función y altos mandos del Servicio Penitenciario, también implicados en hechos delictivos. El caso más reciente, que involucra al ahora exsubjefe de Policía detenido, y que durante años lideró el área de investigaciones criminales, pone en alerta incluso al Poder Judicial, donde muchos de sus miembros, estarán considerando cuántas veces debió haber coordinado operativos con miembros del Ministerio Público mientras desplegaba acciones que hoy están bajo la lupa de una Fiscalía.
—¿Por qué se producen estas situaciones?
—Este escándalo evidencia una serie de problemas, que no se agotan sólo en la cuestión de la inconducta policial, más allá de la preocupante fragmentación de los mecanismos de control disciplinario, con múltiples instancias solapadas que dificultan una supervisión efectiva. Es imperativo abordar los nudos problemáticos que se visibilizan en esta instancia crítica y que, a su vez, abren el camino para el abordaje de nuevos desafíos.
—¿Cómo y cuánto afecta a la ciudadanía la corrupción policial?
—La corrupción, como afirma el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es la "máxima traición a la confianza pública". En Córdoba, este flagelo ha alcanzado tanto a la Policía como al Servicio Penitenciario, instituciones que comparten una rígida estructura castrense. Para reconstruir esa confianza, se requiere un shock de transparencia: abrir la información sobre el delito, ofrecer datos abiertos y rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía sobre el funcionamiento y resultados de las acciones que despliegan los órganos de seguridad.
—¿La Policía tiene un efectivo control político?
—Desde la creación del Ministerio de Seguridad en 2003, Córdoba intentó modernizar su policía. La creación del Tribunal de Conducta Policial fue uno de los hitos más importantes. Por un lado, quitó a la jerarquía interna el poder disciplinario; pero las reformas tuvieron resistencias. En 2017, la creación de la Dirección de Control de Conducta Policial devolvió parte del control disciplinario a la policía, debilitando al Tribunal, reinstalando un órgano que implicó la resurrección de la anterior oficina de Asuntos Internos. Al poco tiempo, el homicidio del joven Blas Correa en 2018, expuso más fallas: uno de los policías implicados fue reintegrado indebidamente al servicio activo y, como respuesta, se creó un nuevo Organismo de Control Disciplinario, que ahora convive con otras instancias, como el nuevo Asuntos Internos y el Tribunal de Conducta, generando una superposición de organizaciones y funciones, que en definitiva, diluyen las responsabilidades de los llamados a controlar la conducta policial y confunden sobre el norte funcional al que deben dirigirse los funcionarios. Hay control pero también existen funciones superpuestas.
—¿Dónde se ubica el problema principal?
—En su estructura y su modelo de mando jerárquico, basada en la tradición castrense, que promueve la obediencia rígida y limita la autonomía ética y profesional de los agentes. Es inadecuada para enfrentar los desafíos actuales y debe ser reformulada en favor de un enfoque más profesional y horizontal. Es fundamental poner en discusión los sistemas de ingreso a través de las escuelas, la necesaria introducción de concursos abiertos y transparentes para los cargos de liderazgo. Las promociones en la carrera policial deben basarse en la experiencia acreditada, en la formación continua certificada y en habilidades para enfrentar los nuevos desafíos. La capacitación debe tener un enfoque en derechos humanos, gestión de conflictos, prevención del delito y uso de nuevas tecnologías. Un liderazgo que valore el esfuerzo formativo y la ética, contribuirá a restaurar el prestigio de la policía.
