Jaime Díaz Gavier, vocal del Tribunal Oral Federal 1, conocido especialmente por haber presidido el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en La Perla, donde se condenó a Luciano Benjamín Menéndez, se jubila el próximo 1 de abril tras cumplir 32 años en la justicia federal. En diálogo con el programa Punto y Aparte de Radio Punto a Punto (90.7), el magistrado hizo un repaso de su carrera, brindó su opinión sobre el estado actual del poder judicial argentino y anticipó sus planes personales y políticos.
—El 1 de abril dejará de ser juez.
—Así es. En mayo cumplo 75 años, que es el tope de edad que fija la Constitución Nacional para que los jueces desempeñen sus funciones. En cumplimiento de esa manda constitucional, presenté mi renuncia, que se hace efectiva el 1 de abril y ha sido aceptada por el Poder Ejecutivo.
—Después de 32 años como juez del Tribunal Oral Federal N°1, ¿hizo un balance?
—Uno debe hacer balance permanentemente cuando desempeña funciones de responsabilidad institucional. Al final de mi gestión tengo un balance general hecho y una profunda satisfacción, sin vanidad ni soberbia, de haber cumplido lealmente con mi deber: aplicar la Constitución Nacional y las leyes en el juzgamiento de los casos penales que fueron traídos a mi consideración.
—¿Qué sintió cuando condenó a Luciano Benjamín Menéndez?
—Sentí que se materializaba un reclamo muy profundo de la sociedad cordobesa y argentina en general. No se trataba de condenarlo o absolverlo, sino de culminar un proceso judicial hecho en el marco del Estado de derecho y de un régimen absolutamente democrático. Se trataba de darle a la sociedad una respuesta sobre lo que pasó en aquellos años trágicos de sangre y plomo, desde el inicio del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-militar. La sociedad pedía justicia: si había que condenar, se condenaba; si había que absolver, se absolvía, como ocurrió en varios casos, incluso con el propio Menéndez.
—A la luz de algunas reivindicaciones actuales de la dictadura, ¿qué le diría a las nuevas generaciones?
—Indudablemente, hay un cambio de época y de conceptos. Algunos principios y valores establecidos con la democracia se han puesto en cuestión. Incluso desde las más altas esferas del poder político se cuestiona aquella política de derechos humanos. Desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habló del “curro de los derechos humanos” hasta la actualidad, donde se reivindica a algunos de los condenados en procesos absolutamente justos y regulares, se está instalando la idea de que la justicia actuó de manera parcial. No se puede equiparar la responsabilidad del Estado cometiendo delitos a la de grupos terroristas, cuyos crímenes prescriben con el tiempo, mientras que los delitos cometidos por el Estado no lo hacen.
—Cuando menciona a funcionarios, ¿se refiere a la vicepresidenta Victoria Villarruel?
—Sí, pero no solo ella. Recordemos que un grupo de legisladores del partido gobernante visitó a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y se sacó fotos con ellas, expresando solidaridad y cuestionando los juicios. Hay una tendencia general en ese sentido que flota en el aire, y me parece esencialmente lamentable.
Aerolíneas Argentinas suma más vuelos a ciudad de Buenos Aires desde Córdoba
—Ahora que se jubila, ¿a qué se va a dedicar?
— Me siento bien, en plenitud física e intelectual. No tengo nada concreto planeado, pero quiero seguir aportando a la sociedad desde el análisis crítico político. Me interesa integrar algún grupo de pensamiento e identificación política. Argentina atraviesa una crisis de principios y valores, y me gustaría participar en el debate. Pero no busco cargos políticos.
—¿Va a militar? ¿Le ofrecieron alguna candidatura?
—Honestamente, no recibí ninguna propuesta para integrar listas de candidatos en estas elecciones. Pero sí voy a militar en el sentido de participar en debates políticos, para contribuir a la formación de una conciencia política en sectores que hoy padecen una absoluta desorientación.
—¿Por qué cree que el Poder Judicial está tan desprestigiado?
—Lamentablemente, no está “bastante” desprestigiado, sino completamente desprestigiado. El Poder Judicial no ha podido, o no ha querido, sustraerse al caos generalizado de una sociedad que ha perdido el norte. Aunque hay jueces, fiscales y funcionarios que hacen un abnegado esfuerzo, es evidente que en sectores de la justicia, sobre todo en la Capital Federal, hay complicidades y omisiones. Basta con leer los diarios o escuchar la radio para ver cómo algunas situaciones que antes generaban escándalos, marchas y llamados a la rebelión hoy parecen no tener consecuencias.
—¿Qué piensa sobre las propuestas y eventuales nombramientos de Lijo y
García-Mansilla en la Corte Suprema?
—Más allá de sus condiciones personales, lo esencial es que no se está cumpliendo con el sistema constitucional que establece cómo deben ser nombrados los jueces del máximo tribunal. No pueden ser designados por decreto.
Familia de jueces
Jaime Díaz Gavier pertenece a una familia de jueces, ya que su padre, Agustín Díaz Bialet, integró la Corte Suprema en 1973, nominado por el entonces presidente Héctor Cámpora. En tanto, su tío, Alejandro Díaz Bialet, fue senador por el PJ y su abuelo paterno, Santiago Felipe Díaz, presidió el Tribunal Superior de Córdoba. Además, Díaz Gavier integró diversos tribunales que condenaron a represores desde 2008. Es recordado por el primer juicio por lesa humanidad que se realizó en la historia de Córdoba, en el que fue condenado a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez. La causa, conocida como “Brandalisis”, juzgó a represores por el secuestro, tortura y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo a fines de 1977.
