El caso por presunta trata de mujeres a partir de la subrogación de vientres que se investiga en la Justicia Federal de Córdoba, quedó chico a la par de un expediente judicial que se instruye desde enero en la Justicia Nacional.
Se descubrió una red transnacional dedicada a la trata de mujeres a las cuales ofrecían en el extranjero para prácticas de subrogación de vientres.
En las últimas horas, por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, fueron allanados estudios jurídicos, escribanías, clínicas de fertilización asistidas en Caba y en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
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La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de María Alejandra Mángano con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitó a la jueza los procedimientos.
Se sospecha de una organización ilícita de alcance transnacional que comercializaba las prácticas y reclutaba a las mujeres, desde agencias comerciales. Se detectaron personas y empresas constituidas en el extranjero -con actividades en nuestro país-, que obtenían importantes ganancias.
Los procedimientos ordenados fueron materializados ayer en forma simultánea por las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal Argentina.
Las empresas investigadas hacían publicidad de los servicios en diferentes países. Los anuncios se dirigían a parejas que deseaban tener hijos y no podían llevar adelante un embarazo; los contactaban y les ofrecían el “Programa Argentina” por US$ 50.000 dólares. El monto incluía la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el parto.
La otra cara del negocio es el sistema de reclutamiento de las gestantes. Las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de US$ 10.000 por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un plus de entre U$S 1000/2000 si el parto fuera por cesárea.
Si por alguna circunstancia el embarazo se interrumpía, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos.
La laxitud de la normativa existente en Caba permitió las inscripciones de los nacimientos aún cuando las personas gestantes residieran y hubieran hecho el tratamiento en otras provincias del país.
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El inicio de la investigación
El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.
El Consulado argentino en Bonn, Alemania, fue contactado a raíz de que una mujer alemana de 58 años de edad se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses de vida nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.
Funcionarios alemanes advirtieron que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no le brindaba la atención necesaria. Se dio aviso a la policía local y le quitaron en forma provisoria la custodia de la bebé que entregaron a una familia sustituta.
De 147 legajos de gestación por sustitución detectados entre 2018 y este año se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación. Son todas personas extranjeras, no habían aportado material genético, no tenían vínculo afectivo con las gestantes, en ninguno intervinieron jueces civiles para autorizar los procedimiento ni la filiación, sino escribanos que recabaron supuestos consentimientos contractuales.
El caso de Córdoba
La investigación local no tiene vínculo directo con la causa instruida en Buenos Aires. En la Justicia Federal de Córdoba, el fiscal Enrique Senestrari imputó a nueve personas por el delito de trata a partir de 15 casos donde se sospecha el sometimiento de mujeres vulnerables que cedieron sus vientres para gestar niños para parejas impedidas de hacerlo.
