El mercado laboral argentino se caracteriza por una profunda dualidad: mientras los trabajadores formales, particularmente aquellos con representación sindical, han mantenido una capacidad de negociación relativa, los trabajadores informales y cuentapropistas enfrentan condiciones de creciente precarización. En este contexto, la reglamentación de la reforma laboral publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 847/2024 es una medida necesaria para adaptar las instituciones laborales a las nuevas dinámicas económicas. Sin embargo, su alcance es parcial.
La dualidad del mercado laboral
La segmentación del mercado laboral entre trabajadores formales e informales ha sido una característica persistente de la economía argentina. Según los últimos datos de junio de 2024, los trabajadores formales han registrado una caída del 6% en sus salarios reales interanuales. No obstante, en el primer semestre, comparando el nivel de junio 2024 contra el de diciembre de 2023 se observó una recuperación del 8% debido a las negociaciones paritarias, particularmente en sectores con mayor poder sindical. Este repunte, aunque positivo, refleja una mejora desigual, ya que muchos sectores no lograron acordar aumentos que compensen completamente la inflación acumulada.
Por otro lado, los trabajadores informales (que representan alrededor del 45% de la fuerza laboral total) enfrentan un panorama mucho más sombrío. Los salarios reales de este grupo cayeron en junio un 30% interanual y un 5% solo en el primer semestre de 2024. A la ausencia de negociación colectiva se le suma la falta de protección social, lo que amplía la brecha entre ambos sectores.
El mal funcionamiento del mercado laboral es resultado de múltiples factores, entre ellos el estancamiento de la producción. Con un PBI prácticamente constante durante la última década, es previsible que no se generen empleos de calidad. Sin embargo, otro factor relevante es el diseño inadecuado de las reglas laborales. Las regulaciones laborales ineficientes impactan negativamente en dos frentes: desincentivan la inversión y la producción, y obstaculizan la contratación de nuevos trabajadores. En otras palabras, con mejores instituciones laborales, habría más incentivos para invertir, producir y generar empleos de calidad, incluso en contextos de bajo crecimiento económico (1).
La reforma laboral se inserta en este contexto de desigualdad estructural, buscando promover un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades de las empresas, con el objetivo de generar empleo formal y de calidad que está estancado desde hace más de una década. No obstante, será clave evaluar si estas reformas son suficientes para integrar a los trabajadores informales en el mercado formal.
Entre las disposiciones más importantes que contiene la reglamentación se destaca, la derogación de todas las disposiciones que agravan la indemnización por despido, volviendo a la fórmula original de la Ley de Contrato de Trabajo: un salario por mes de antigüedad, sin ningún recargo adicional. En caso de incumplimiento en la registración laboral, el Estado (a través de la AFIP) se encargará de las sanciones, y los fondos recaudados se destinarán a la seguridad social.
También se introduce la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese mediante convenio colectivo, y se habilita la contratación por parte de empleadores de seguros privados que les cubra la contingencia del pago de la indemnización por despido cuando no esté contemplado en su sector un fondo de cese. Además, el período de prueba se extiende de 3 a 6 meses, con la posibilidad de ampliar a un año en empresas pequeñas. Esta flexibilización busca corregir distorsiones que frenan la inversión y la generación de empleo.
No obstante, el alcance de la reforma es limitado. No aborda temas clave como la ultra-actividad de los convenios colectivos o los aportes sindicales coercitivos, ni permite el desenganche de los convenios centralizados, lo que podría generar un mayor dinamismo en el mercado laboral. A pesar de estas limitaciones, la reforma representa un paso hacia la corrección de las instituciones laborales, aunque insuficiente para cerrar la brecha entre el sistema actual y lo que se requiere para generar empleo de calidad a gran escala. (2)
Experiencias recientes en países vecinos han demostrado que reformas laborales adecuadas pueden convertir al empleo privado formal en el motor de la recuperación económica, creando círculos virtuosos de empleo, crecimiento e inversión, debido a la mayor productividad del trabajo formal.
¿Resuelve todos los problemas?
Uno de los grandes desafíos del mercado laboral argentino es mejorar la productividad. Aunque a corto plazo, la reforma puede aliviar algunas tensiones, los aumentos sostenidos en los ingresos dependerán de un incremento en la productividad de las empresas y la economía en su conjunto. Hasta ahora, los ajustes salariales han sido impulsados por la inflación, pero sin mejoras significativas en la productividad total de los factores, no es posible garantizar una mejora duradera en los salarios reales.
La reforma laboral tiene el potencial de flexibilizar las relaciones laborales, lo que puede contribuir a un aumento de la inversión y la formalización del empleo. Sin embargo, sin un enfoque claro en la productividad y la innovación, los aumentos salariales seguirán estando vinculados a la inflación y no a un crecimiento sostenible.
En suma, la reglamentación de la reforma laboral representa un paso necesario hacia la actualización de las instituciones laborales en Argentina. La dualidad del mercado laboral exige cambios urgentes, y la reforma se orienta en la dirección correcta al facilitar la formalización y fomentar la flexibilidad en el empleo independiente. No obstante, su impacto dependerá de cómo se implementen estas medidas y de si logran reducir la precarización en los sectores informales.
La gran pregunta es: ¿podrá esta reforma ayudar a reducir la dualidad estructural del mercado laboral argentino? Solo, si se logra estimular la inversión y completar la modernización de las instituciones laborales.
(*) Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social del Ieral
