El 2025 aparece como un año en que recrudecerán las negociaciones presupuestarias, las paritarias y todos los costos comenzarán a analizarse con mayor detalle. Si se consolida la baja de la inflación, tanto el sector público como el privado y los particulares deberán afinar los números para conocer realmente cómo quedan parados en sus esquemas de ingresos y egresos, algo que con la distorsiva inflación de dos dígitos mensuales quedaba totalmente desdibujado y fuera de foco.
Los costos operativos, financieros, logísticos y fiscales volverán a la primera plana de todos los sectores. En ese marco, parte del sector privado de Córdoba ya está en modo alerta, al advertir el posicionamiento de municipios y comunas, fundamentalmente del interior, que están proyectando fuertes subas en tasas para el próximo año.
El viernes por la tarde la Provincia presentó su Presupuesto 2025 y entre lo que se adelantó se destacan incrementos para el Inmobiliario Urbano en torno al 131%, para el Automotor del 53% y un más importante incremento para el Inmobiliario Rural, que será del 189%. En esa línea se comunicó que, para el Inmobiliario Urbano, el ajuste estará vinculado al aumento de los salarios (con el RIPTE), en tanto se afirmó que se eliminan unas 50 tasas. Yendo a la Municipalidad de Córdoba el panorama se conocerá en los próximos días cuando Sergio Lorenzatti, a cargo de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, de los lineamientos principales.
Mientras eso se define, la preocupación del sector empresario viró hacia el interior, donde se concentra buena parte del sector productivo y donde están radicadas miles de empresas, la mayoría pymes.
Y es que relevamientos de las cámaras industriales y de comercios y servicios de distintas localidades y que son parte de la Unión Industrial de Córdoba captaron fuertes aumentos en tasas para el 2025. Ese escenario impulsó a la UIC a emitir un duro comunicado donde remarca el “absoluto rechazo y preocupación ante el incremento de tasas y fondos y la adopción de criterios inconstitucionales que distintos municipios de la provincia pretenden imponer a las industrias. La imposición de tasas injustificadas constituye un golpe directo a la capacidad de inversión, innovación y crecimiento del sector. Estas políticas desmedidas comprometen la estabilidad de miles de empleos y la sostenibilidad económica de nuestras comunidades”.
Desde la entidad industrial madre de la provincia se reclama que los municipios revisen sus políticas tributarias y adopten esquemas de financiamiento que no sobrecarguen a las industrias, al tiempo que piden que las tasas sean razonables, proporcionales y respondan a servicios reales.
En su comunicado la UIC advierte que “cualquier desviación de este principio representa un acto que la UIC no dudará en denunciar. En caso de que se avance con tasas desproporcionadas y/o sin sustento, la UIC insta a las empresas a ejercer sus derechos y emprender todas las acciones legales que sean necesarias para proteger sus operaciones”.
Subas del 500% y 600%. Perfil Córdoba accedió a algunos de los relevamientos que los centros y cámaras miembros de la UIC realizaron en sus localidades. Y constataron, según sus análisis, subas abusivas y la aplicación de tasas y sobretasas distorsivas.
“Nuestras bases nos están contando lo que está pasando en el interior, en localidades grandes, medianas y chicas. En la Provincia hay 426 municipios y comunas y los municipios son autónomos, tienen potestad para generar ingresos a través de tasas, tasas contributivas de servicios. Y la diferencia entre la tasa y el impuesto es que con el impuesto no hay contraprestación, en cambio en la tasa sí. Las tasas tienen que estar vinculadas a un servicio. Y cómo son autónomos estamos viendo que distintas municipalidades, que no tienen caja por caída de coparticipación, buscan generar sus propios ingresos, los muchachos se están poniendo creativos. Aumentan desproporcionadamente las tasas. Y el punto es que los aumentos deben guardar una proporción al aumento del costo que tiene el servicio que es la contraprestación. Entonces vemos aumentos por encima de los costos y tasas que se cobran sin que haya servicios prestados, sin fundamentos”, marcan desde la UIC.
“Nosotros podemos hablar con el gobierno provincial, pero la Provincia no puede meterse porque los municipios son autónomos. Y esto no es un tema de unos pocos municipios, lo estamos viendo mucho. Y lo vemos en localidades importantes. Es un desmadre, hay aumentos sin freno”, sostienen.
Villa María es uno de los casos emblemáticos, por la envergadura de la ciudad y el tamaño de los incrementos. Allí, una industria que en 2024 pasó $72.000.000 millones en concepto de tasa de Industria y Comercio pasaría a abonar $360.000.000 millones en 2025, una suba del 400%. Para las sociedades las subas promedian el 300%. En tanto, para los pequeños contribuyentes en categorías G o H del Monotributo también las subas oscilan el 400%.
“Hoy el ajuste lo está haciendo toda la sociedad. Lo que pasa es que muchos municipios no son eficientes y la forma más fácil que tienen es subir las tasas así. Hoy la competitividad está en otro lado, y si no miramos todos los costos, para las empresas va a ser muy duro. Tenemos que decirle basta a este tipo de incrementos que no tienen razón de ser. Las empresas no pueden acarrear con los costos de ineficiencia de los municipios”, marca un referente industrial de Villa María.
En Río Tercero las subas de tasas no son tan elevadas, promedian un 150%, pero allí lo que se advierte es que hay iniciativas de sobre tasas o una imposición distorsiva de tasas, que no tiene razón de ser. Lo explica Agustín Hesar, presidente del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero: “lo que estamos viendo son tasas distorsivas, por ejemplo, en Alumbrado Público o Propiedad. Que son tasas que no están bien cobradas. Alumbrado público se cobra en la boleta de electricidad y es un porcentaje de la factura, no nos parece correcto porque las tasas son retributivas de servicios, una industria que hace un uso intensivo de la energía eléctrica ya paga por eso y no tiene sentido aplicar sobre eso el valor del alumbrado público que, además, es muy ineficiente. Para los comercios chicos pasa lo mismo. Esas tasas así no tienen razón de ser son inmorales, le meten la mano en el bolsillo al sector productivo”
Desde Arroyito, Gabriela Culasso, subdelegada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para esa ciudad participó de la audiencia pública del Presupuesto 2025 y es una de las referentes que firmó una carta al intendente Gustavo Benedetti pidiendo audiencias y reuniones en comisión para revisar las subas proyectadas. En el relevamiento que incluyen advierten que las subas de tasas, según las categorías, van del 460% al 660%. En el caso de los pequeños contribuyentes, como una categoría G del monotributo, las subas superan el 600%.
“Para el pequeño comerciante, que es monotributista, es muy difícil de afrontar esto. Es como simular que desde ahora tenes que pagar un alquiler a la Municipalidad, sin ser ellos dueños del inmueble”, grafica Culasso.
De fondo. En La UIC creen que un foco debe ser plantear la validez legal de subas que no se condicen con aumentos en los costos de las prestaciones. “Lo que decimos es que hay una cuestión jurídica de fondo. Si la tasa es una contraprestación, de dónde se explica el aumento necesario para hacer viable la contraprestación. Lo que estamos hablando con las cámaras es que de forma conjunta las empresas encaren reclamos a los municipios e intendencias que se dé una solución y se generen mesas de trabajo para definir esto”, sostiene un dirigente de Villa María.
Para los industriales es claro que, de fondo, también hay una cuestión de “economía del daño político”, en algún sentido: “Y, para un intendente es más fácil aumentar fuerte una tasa y pelearse con 10, 15, 20 empresas, que subir el Inmobiliario y tener el enojo de todos los contribuyentes. Una empresa no vota…”
“Además de las subas, algunos intendentes están planteando una sobretasa por servicios que no están claro que se den. En otros casos la intención es cortar con las exenciones y beneficios impositivos. El planteo nuestro es que, así como todo el mundo está revisando sus números, lo está haciendo el Estado nacional, la Provincia, que lo hagan las ciudades. Como lo hacemos las empresas. El Estado tiene que estar, pero tiene que haber racionalidad”, marcan.
