Impactante aumento de aprehensiones de adolescentes que delinquen en Córdoba
Datos oficiales. La franja etaria en la que más subieron es en la de niños de 15 años o menos. La suba fue del 48%. También creció, pero en un 25%, las de adolescentes de
16 y 17 años. Prácticamente todos ingresaron al sistema por delitos contra la propiedad.
Las cifras oficiales sobre la participación de niños y adolescentes en delitos en flagrancia –la mayoría son robos y hurtos– muestran un incremento impactante. La estadística pertenece al Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA) de la ciudad de Córdoba, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Es la puerta de ingreso al sistema judicial. Muestra que las detenciones de jóvenes de 16 y 17 años subieron 25% entre el primer cuatrimestre del 2023 y el mismo período de este año y que las aprehensiones de niños y adolescentes de 15 años o menos crecieron 48%, un porcentaje altamente preocupante.
Si bien el fenómeno delictivo es complejo y más aún cuando incluye a la niñez y la adolescencia, se puede concluir que estos números son la imagen que devuelve el espejo de otra estadística dolorosa: la de Unicef Argentina, que dice que siete de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres porque viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de bienes y servicios o porque no acceden a derechos básicos como la educación.
INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA. Viene profundizándose desde 2003. La brecha creció lentamente, de 1,2 a 1,5 niños de hasta 14 años pobres por cada persona pobre.
La exclusión, la vulnerabilidad, la falta de cuidado y contención pueden explicar los motivos profundos de por qué chicos que deberían estar en la escuela y crecer contenidos por adultos responsables, terminan en las calles delinquiendo en pandillas o con gente que los forma en el delito.
A la hora de analizar los números, también es necesario conocer la incidencia de la participación de los niños en la estadística general de la delincuencia.
A pedido de PERFIL CÓRDOBA, el MPF informó las siguientes cifras:
Del total de casos ingresados a lo largo del primer cuatrimestre del 2023 al CRPPA (2.533) hubo 3.223 involucrados mayores detenidos, 196 adolescentes de 16 y 17 años y 134 aprehensiones de niños menores de 16 años.
Este año, todos los registros subieron, pero en distintas proporciones. De un total de 2.985 casos fueron detenidos 3.830 partícipes adultos, 245 adolescentes de 16 y 17 años y 199 chicos menores de esa edad.
La incidencia de menores en las cifras totales oscila entre el cinco y el seis por ciento, lo que también enciende las alarmas porque históricamente ese porcentaje solía ser del uno por ciento.
Al comparar la cantidad de detenciones de menores de las dos franjas, los punibles de 16 y 17 años y los no punibles menores de esa edad, se visualiza con claridad la impactante suba. En el primer caso el salto fue del 25%. En el de los niños no punibles fue del 48,51%.
A todas luces es un registro que asombra e interpela porque requieren de un tratamiento especial, máxime si se tiene presente que el incremento de mayores detenidos fue del 18%.
Los chicos de esa edad no pueden quedar detenidos, son entregados a sus familias o a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Ha habido un caso de robo en banda donde uno de los aprehendidos fue un niño de tan sólo 8 años.
La pregunta latente es si bajar a los 13 años la edad de punibilidad detendrá la ola creciente de inseguridad, si habrá menos motochorros, arrebatos, asaltos a mano armada y si desalentará la incorporación de adolescentes al delito.
MARIANO CÚNEO LIBARONA. El ministro de Justicia apoya el proyecto para bajar a 13 años la edad de punibilidad de los menores.
Mientras siga la discusión legislativa, urge activar los resortes para una paternidad responsable de los delitos que cometen los hijos, mejorar la sinergia entre el Poder Judicial y la Senaf para que cada derivación permita un trabajo sostenido y el acompañamiento necesario en cada caso, ampliar el plan de Justicia Restaurativa para que los adolescentes asuman su responsabilidad y en lo posible reparen los daños causados.
Es una población que hay que incluir, educar, contener, acompañar y socializar, aun antes de pensar en cómo será el sistema si se aprueba la ley que baje la edad desde la cual los niños y adolescentes pueden ser juzgados, condenados y detenidos.Por lo pronto, hay datos oficiales que muestran con crudeza la realidad actual y reclaman intervenciones del Estado en todas sus formas para detener o revertir la tendencia.
Coincidencias. En un informe publicado por este medio el 2 de junio pasado, se daba cuenta de que también había subido la cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza, que depende de la Senaf. En mayo último había 144 internos, un 13% más de los 127 que había en mayo del año pasado. Del total, 75 estaban ahí por haber participado de robos calificados por el uso de armas. Por el incremento de niños y adolescentes que cometen delitos graves, muchos de los cuales no pueden ser objeto de medidas de encierro por su edad, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, del cual depende Senaf, proyectan un espacio de recuperación. Sería un establecimiento – granja, ubicado en las afueras de la ciudad que permita no sólo alojarlos sino también educarlos en valores que les permita una mayor inserción social lejos del mal hábito del delito.
