Durante la semana pasada un adolescente de 15 años fue noticia por - que, según los registros del Fuero Penal Juvenil, en los últimos 11 meses fue detenido 18 veces por la Policía de Córdoba por cometer diferentes robos. El último fue cinematográfico, ya que incluyó una persecución policial durante varios kilómetros tras robar un auto con un cómplice de la misma edad en barrio Marqués Anexo.
La jueza Ileana Benedito le asignó el delito de robo y la Senaf pidió que le permitiera alojarlo en el Complejo Esperanza, pero la magistrada no autorizó el encierro. El joven ya había permanecido en el establecimiento y volvió al barrio, se reunió con su grupo de amigos y continuó consumiendo drogas.
Además, por su edad no puede ser imputado penalmente, tampoco juzgado ni mucho menos permanecer detenido. La jueza Benedito ordenó a la Senaf “profundizar” el tratamiento.
Sin decirlo explícitamente, considera deficiente la actuación del organismo en el caso concreto a lo largo de este año. En paralelo, hay un expediente penal abierto a pedido de otra jueza del fuero –Daniela Bianciotti– por la misma razón.
Con los recursos y programas actuales de Senaf y la jurisprudencia que impide detener a los jóvenes menores de 16 años: ¿qué se debería hacer en casos graves de robos con armas, homicidios o delitos contra la integridad sexual?
PERFIL CÓRDOBA consultó a Valeria Plaza, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de Conicet.
—¿Qué dispositivos tiene Córdoba para tratar a los adolescentes no punibles que delinquen?
—Existe un programa piloto que aparece como una ‘curita’ para una herida muy grave. Ante el problema de las violencias a edades cada vez más bajas, y con acciones preocupantes, es insuficiente como recurso. Esto es una crónica de una muerte anunciada porque hace más de 20 años que no tenemos un Régimen Penal Juvenil. Significa que en aquellas conductas más graves se pueden tomar medidas privativas de la libertad, diferentes a las de los adultos, teniendo en cuenta la edad y la gravedad de los hechos. No sólo hay violencias, hay problemáticas de consumo. El abordaje que hace el Estado es deficiente incluso con los adultos; nadie puede sostener estadísticamente que quien ingresa a Bouwer después no reincide. Para los adolescentes tienen que existir centros especializados. No sólo porque lo dicen los tratados internacionales, sino por lo que aportamos desde la ciencia. No es lo mismo un niño, un adolescente o un adulto en la comprensión de los hechos. También en términos de mi campo, las Ciencias Sociales, porque estas violencias se gestan en sectores urbanos con circulación de armas, sin regulación de consumos, con narcotráfico. Jóvenes con pocos recursos familiares y no me refiero sólo a los económicos, sino a que son abandonados por los adultos e incurren en estas prácticas. Hace falta un Régimen Penal Juvenil que no sólo los encierre sino que establezca medidas de tratamiento y prevención.
—¿Qué diferencia hay entre un Régimen Penal Juvenil y una ley que baje la edad de imputabilidad?
—El Régimen Penal Juvenil, que tampoco tenemos a nivel nacional, no es sólo menores penas y espacios diferenciados. Uno de los regímenes interesantes es el de Uruguay, que plantea medidas en función del hecho que se establece. Pensando en cómo se establece una medida restitutiva para que el joven no vuelva a cometer los mismos hechos y pueda haber prevención. En conductas graves, la medida privativa de la libertad no debería restringirse solamente al encierro sino a qué tratamiento le dará el Estado a esos jóvenes en situación de abandono y contextos de violencias álgidos. No se puede pensar como con los adultos, que en el encierro sólo se contempla el trabajo, la fajina, levantarse temprano. Con las juventudes hay que pensarlo de un modo distinto al sólo encierro en otro lugar, que es lo que sucede hoy.
—Hay tensión con el Poder Judicial. El Tribunal Superior rechazó toda posibilidad de que se disponga que menores de 15 años estén en el Complejo Esperanza. ¿Senaf tiene residencias para estos casos?
—El problema de menores en conflicto con la ley penal aparece como una pelota que los distintos poderes se pasan para que no los incendie. Muchas veces, el Poder Judicial establece la medida de no privación de la libertad porque en términos normativos no está permitido. Hay otras medidas que se pueden tomar en los planes pilotos y que se implementan en algunos países: la privación relativa de la libertad. Estos jóvenes no pueden volver al territorio donde no hay una familia ni una comunidad que pueda albergarlos. Hablo de homicidios o delitos contra la integridad sexual. No pueden volver a la comunidad. Todos los poderes del Estado tenemos que avanzar en acordar qué medidas se pueden plantear para casos graves.
—¿La baja de la edad de la imputabilidad no es la solución?
—No. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) al Congreso sólo trata de establecer punición a edad más temprana. Eso no solucionará nada y no hacer nada tampoco es la salida. Estamos en un limbo hace más de 20 años. Es necesario plantear el aislamiento en ciertos casos, como medidas de internación, aislar al joven para buscar una solución. No puede ser la familia o la comunidad. No estamos en Dinamarca. Los barrios están detonados, los comedores no tienen ni dinero ni comida para dar, no podemos pedirles que se encarguen de un pibe que consume estupefacientes y maneja armas. Tiene que ser el Estado, con recursos específicos para eso. Es un problema social gravísimo, pero no en términos cuantitativos. Es todavía abordable.
— Entonces, ¿hay o no programas de intervención efectiva?
—Hay un abordaje pero no es suficiente para los casos graves. Sirve para conflictos menores. Córdoba es una de las pocas provincias que al menos comenzó a hacer algo. La ley dice que no se los puede detener, pero para situaciones de violencia extrema necesita más presupuesto y acciones no sólo de Senaf, sino del Poder Judicial y una Legislatura que sancione un régimen acorde a esta problemática.
