En la Cámara 10a del Crimen comenzó el juicio a integrantes del Grupo Roma, según la acusación una asociación ilícita liderada por Franco Jeremías Hinga, de 36 años.
La maniobra consistía en ofrecer a inversores la compra de dólares, a un precio inferior que el del mercado, e inversiones en plazo fijo a una tasa de alto rendimiento con retornos mensuales extraordinarios en concepto de intereses por el uso del capital, a cuyo vencimiento se podía optar por el retiro del capital o bien su reinversión para generar mayores ganancias. Todos los acuerdos se hicieron a través de la suscripción de contratos de mutuo.
Para la Justicia, no se trató de incumplimiento de las condiciones pactadas sino, lisa y llanamente, de estafas porque, por la naturaleza y la volatilidad de las operaciones, era imposible satisfacer los compromisos.
Se identificaron 51 hechos de defraudación contra los clientes. Estos se acercaron porque los imputados aparentaban solvencia a través de redes sociales donde hacían publicidad engañosa. Presentaban negocios como propios, tales como las concesionarias de autos “MG Automotores” y “Chekcars”, desarrollo de proyectos inmobiliarios y la venta de celulares marca Iphone a través del comercio “Megasmart”
El grupo utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando un esquema Ponzi.
Los acusados son:
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Franco Jeremías Hinga: se presume que ideó la estructura de la firma Grupo Roma para dedicarse al rubro financiero y es considerado el organizador de la asociación ilícita.
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Miguel Ángel Hinga, su padre.
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Sandro Isaías, Darío, Lourdes y Brandon Xavier Hinga, todos hermanos de Franco Jeremías.
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Stefania Jaquelina Destefani: era pareja de Franco Jeremías en el momento de los hechos, convocaba a interesados en trabajar para la empresa y los instruía sobre la información a brindar a los potenciales clientes.
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Lucía Nabila Juri, amiga de Darío Hinga
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Adam Víctor Guaglianone, empleado de la firma.
Además, se menciona la colaboración de otras personas, algunas de las cuales están siendo investigadas, mientras que otras desconocían los alcances de sus tareas.
El juicio se realiza en la Cámara 10a. del Crimen. El fiscal que conduce la acusación es Gustavo Arocena.
Un capítulo importante es el de las acciones civiles de los damnificados que procurar recuperar sus inversiones.
En la faz penal, no se descarta que alguno de los acusados acceda a un juicio abreviado.
