Osvaldo Giordano aseguró que con la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria “se evita un 7% de aumento, pero se queda con el problema de los juicios” a futuro.
Argumentos
“El proyecto de ley no resuelve ni aspira a resolver los problemas del sistema previsional, sino a suplir una deficiencia del decreto de necesidad y urgencia actualmente vigente”, explicó el presidente de la Fundación Mediterránea.
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“Tiene tres entes que implican impacto sobre los haberes, pero hay uno que es el más importante que es que corrige una de las deficiencias del DNU, que es que en enero no reconoce plenamente la inflación sino parte de la inflación”, agregó en declaraciones a Cadena 3.
“Para reconocerla plenamente contempla un aumento que equivale al 7,2%, que sería un aumento para todas las jubilaciones que debería darse a los fines de corregir ese bache del DNU”, prosiguió Giordano.
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“Eso implica un costo, obviamente, pero tal como lo planteamos en un informe que preparamos con la Fundación Mediterránea entendemos que existen mecanismos por los cuales el Gobierno podría compensarlo”, aclaró.
Bono
“Uno de ellos es el bono que actualmente se les paga a los jubilados, que lo fija discrecionalmente el Poder Ejecutivo a través de decreto. Esos 70 mil pesos que se vienen pagando ya hace varios meses, que se paga de manera indiscriminada a todos los haberes más bajos. Si se seleccionara mejor a quienes se lo paga, se podría compensar y por lo tanto no tener efectos sobre las cuentas públicas”, analizó Giordano.
“El bono ese equivale aproximadamente al 14% de la totalidad del gasto, el doble de lo que costaría aplicar la ley y corregir esta deficiencia del DNU”, enfatizó.
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Juicios
“Creo que lo más simple es un aumento del 7,2% para todos y que se compara con el 14% que cuesta el bono”, propuso el economista.
“Estaba a disposición del Ejecutivo una herramienta que hubiese permitido compensar el costo y eso lo llevaría a un escenario mucho mejor que el que queda: un DNU que es muy precario desde el punto de vista jurídico porque la Constitución establece que la movilidad la tiene que fijar una ley. Que además tiene debilidad porque empalma mal una ley con la otra, esto de que no reconoce plenamente la jubilación de enero y por lo tanto un terreno propicio para la litigiosidad”, advirtió.
“En función del veto va a quedar abierto ese problema, que naturalmente significa más gasto a futuro, no puedo dar un número de cuánto, pero seguramente un gasto importante. Hoy se evita este 7% de aumento, pero se queda con un problema que son los juicios”, concluyó Giordano.
