En los últimos días la Justicia ordenó la excarcelación de dos imputados por estafas y asociación ilícita de Generación Zoe, la empresa que ofrecía una criptomoneda con supuestos altos rendimientos. Norman Próspero -uno de los presuntos cerebros de la organización- y Silvana Abellonio recuperaron la libertad.
El esquema se desplomó en febrero del 2022, cuando los inversores intentaron recuperar su dinero y la empresa cerró sus puertas.
A medida que fue avanzando la investigación, la fiscal de Villa María Juliana Companys imputó y ordenó detenciones a los principales responsables, a cuya cabeza está Leonardo Cositorto, quien fue capturado el 4 de abril de aquel año, en República Dominicana donde se encontraba en calidad de prófugo de la Justicia argentina.
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El plazo máximo para mantener a una persona detenida sin condena firme son tres años, incluidas las extensiones previstas por el Código Penal. En este caso, a medida que se cumpla ese plazo los acusados recuperan la libertad. En el caso del líder Cositorto, los tres años se cumplirán el 3 de abril próximo.
También permanecen privados de la libertad a la espera de esa situación: Silvia Rosa Fermani, Claudio Javier Álvarez, Florencia Anahí Álvarez, Andrea Mariela Sánchez, Rodrigo Hernán García, Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Cositorto.
En octubre del año pasado, cuando se esperaba el debate oral y público la Cámara del Crimen de Villa María declaró nula la elevación a juicio de la causa. El expediente regresó a la Fiscalía. La titular, Juliana Companys, reformuló la acusación en diciembre y en la jornada de ayer rechazó la oposición de las defensas, por lo que la causa pasó al Juzgado de Control.
Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Miguel Ángel Echegaray continúan detenidos, pero están siendo juzgados por estafas y asociación ilícita en Goya, Corrientes, donde los fiscales consideraron acreditada la acusación en el debate oral. Entre lunes y miércoles próximos el tribunal correntino dará a conocer el veredicto y el monto de la condena, en caso de aplicarla.
Si reciben pena de ejecución efectiva, probablemente queden detenidos también en el marco de ese expediente.
Si el juicio no comienza en Córdoba antes de abril -algo que es muy poco probable que ocurra- Cositorto podría continuar imputado en la causa local, pero sin prisión preventiva.
