La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, emitió un fallo con durísimos términos dirigidos a miembros de la Cámara Federal de Córdoba en la causa donde se investiga el secuestro y posterior asesinato de Santiago Aguilera Allende en Traslasierras, en agosto del 2022.
En su resolución, Casación apartó del caso a los vocales de la Sala A, Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. Les cuestionó haber resuelto en forma arbitraria el apartamiento del juez de primera instancia, Alejandro Sánchez Freytes, por mantener en secreto un expediente para investigar la participación de más personas en el crimen atroz.
Secuestro y muerte. Con 18 años de edad, Santiago desapareció el 17 de agosto del 2022. Al día siguiente, el fiscal federal Enrique Senestrari, ordenó la detención de Walter Gil imputado por el secuestro.
El 21 del mismo mes, fue encontrado el cuerpo sin vida y con evidentes signos de tortura. Gil fue procesado y en abril del año pasado se sumó otra detención, la de Julio Ramírez, sospechado de haber usado el teléfono de Santiago para comunicarse con la familia y pedir un rescate.
Qué pasó en la causa judicial. A más de dos años de iniciada la pesquisa, bajo dirección del fiscal Senestrari y con control jurisdiccional del juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, continúa la firme sospecha de que hubo más partícipes del secuestro y posterior asesinato.
Por esa razón, el año pasado el fiscal solicitó al juez que se formara un expediente reservado. Las defensas de Gil y Ramírez se opusieron alegando que esa decisión afectaba las garantías de sus asistidos.
Intervino la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba. El tema mereció más de una resolución e incidentes posteriores.
Finalmente, el 27 de marzo de este año, el tribunal de Alzada revocó la decisión de Sánchez Freytes de mantener un expediente con carácter de reservado y ordenó su apartamiento del caso. Quedó al frente del expediente el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Esta decisión fue adoptada mientras se tramitaba un incidente en la Cámara Federal de Casación Penal que, finalmente, resolvió declarar nulo el fallo del tribunal cordobés y repuso a Sánchez Freytes en la investigación.
En los fundamentos, la Cámara de Casación tuvo expresiones durísimas para con los jueces cordobeses finalmente apartados.
Se trata de “yerros cuya magnitud torna su resolución en un supuesto de sentencia arbitraria”, afirmaron Hornos, Carbajo y Borinsky.
“Resulta contrario al sentido común dar a conocer a los presuntos autores que ya fueron imputados la investigación que se sigue contra las personas aún no habidas. Es que ello significaría poner en un claro riesgo el éxito de la pesquisa que se sigue para lograr detener a todos los posibles intervinientes”, reprocharon defendiendo la decisión de Sánchez Freytes de habilitar un expediente reservado.
“Por último, es indispensable señalar que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ejecutó sus resoluciones pese a hallarse recurridas ante estos estrados” dijeron y agregaron: “Sucede algo con mayor trascendencia: de la compulsa del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales (Lex100) surge que, en reemplazo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, ya se designó a otro magistrado quien, por lo demás, decidió asumir la instrucción de la causa y dispuso declarar la nulidad del decreto que avaló la creación del legajo de investigación reservado y ordenar la libertad de Julio César Ramírez”.
En efecto, hace dos semanas -mientras Casación analizaba el fallo sobre el que se informa en esta nota- el juez Vaca Narvaja sobreseyó a Ramírez y ordenó su inmediata libertad.
Esa decisión ahora es nula.
En cuanto a quiénes deberán continuar interviniendo, confirmado el juez Sánchez Freytes en primera instancia, en segunda instancia sólo queda sin apartamientos la vocal Liliana Navarro por lo que deberán convocarse a otros magistrados de los tribunales federales para integrar la sala que intervenga en la Alzada.
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