Juan Bustamante, de 39 años, murió en una estación de servicio de avenida Colón y Sagrada Familia, en la ciudad de Córdoba, tras una intervención policial en la madrugada del lunes. El caso es investigado por el fiscal de instrucción Guillermo González, quien imputó a cinco efectivos por su actuación durante el procedimiento. En diálogo con Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7), el fiscal detalló el avance de la causa y diferenció entre las imputaciones y el rol institucional de la Policía, al tiempo que expresó una reflexión personal sobre la violencia en el Estado.
“Lo que estamos investigando es que, aparentemente, lo que indica la prueba hasta ahora es que habría habido una situación de uso excesivo, desmedido, de la fuerza por parte del personal policial”.
Tres de los policías fueron imputados por haber ejercido esa fuerza de forma directa, mientras que los otros dos están acusados de haber mantenido una actitud pasiva u omisiva durante el procedimiento.
Respecto a la causa de muerte de Bustamante, González señaló que aún no se ha establecido con certeza. “Sí está claro que recibió muchísimos golpes, están documentados en un video y en el informe preliminar de la autopsia. Pero entendemos que, en principio, esos golpes no habrían sido los que provocaron la muerte en forma directa”, dijo. También explicó que se están esperando los resultados de estudios tanatológicos, bajo el protocolo internacional de Minnesota, que podrían aportar mayor precisión.
Actuación institucional
Consultado sobre la actuación institucional de la Policía, González destacó que “desde el primer momento, la Policía como institución se ha comportado correctamente”. Recordó que el hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, y que a las 7 ya estaban en contacto con él tanto el ministro de Seguridad como la jefatura, poniéndose a disposición de la Justicia. “Son ellos quienes nos acercaron la prueba que permitió tomar las decisiones que estamos tomando”, afirmó.
En relación con las declaraciones públicas de una de las defensoras, quien aseguró que su cliente “cumplió el protocolo”, el fiscal respondió: “Yo no me voy a poner a discutir en la prensa con las estrategias defensivas. Lo que está claro es que ellos no han tenido acceso a toda la prueba todavía.”
Detalló que la fiscalía cuenta con testimonios de testigos presenciales, una filmación de lo ocurrido y los informes preliminares de la autopsia. Aclaró además que se trata de una investigación en curso, y que se seguirá trabajando con seriedad.
Hacia el final de la entrevista, y a título estrictamente personal, González se permitió una reflexión más amplia. “Tenemos un problema grave con la violencia. Tanto con la violencia individual, vecinal, de género, doméstica, en la calle, y por supuesto, también con la violencia institucional”. “Yo creo que el Estado —y me hago cargo porque soy parte del Estado hace 39 años— somos violentos. Desplegamos una violencia institucional importante”.
El fiscal incluyó en esa crítica a la propia Justicia: “Muchas veces viene la gente y no es atendida como corresponde. También hay violencia en los centros de salud, violencia obstétrica, y claro, también en la Policía”.
Remarcó que cuando la violencia institucional proviene de personal armado y en la vía pública, los resultados pueden ser más graves. “Nosotros somos los violentos y tenemos que hacernos cargo como sociedad, y el Estado tiene que hacerse cargo como Estado”.
También amplió su mirada hacia el ámbito privado, señalando situaciones de violencia y discriminación en espacios de esparcimiento y eventos.
La causa se encuentra en etapa de pericias y aún no se han tomado declaraciones a los imputados. González anticipó que se los convocará a declarar una vez completada la etapa pericial. Mientras tanto, el caso suma otra página a la preocupación creciente por el uso de la fuerza en procedimientos policiales.
