Se demorará más de lo previsto el juicio en Córdoba contra el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y otros 23 imputados por presuntas “estafas reiteradas” y “asociación ilícita”. Tras la declaración de nulidad de la causa firmada por los vocales de la Cámara del Crimen de Villa María, la fiscal Juliana Companys afirmó que “los tiempos procesales juegan en contra de las víctimas y a favor de los estafadores”.
En diálogo con Punto y aparte, el programa radial de la 90.7 Punto a Punto, la funcionaria judicial amplió lo que ya había pronunciado en un comunicado a la prensa luego de conocer la resolución de los vocales Edith Lezama, Eve Flores y Félix Martínez, quienes declararon nulo el requerimiento de elevación a juicio de la causa Generación Zoe.
“Esto pone en cierta dificultad a la causa porque los tiempos procesales juegan en contra de las víctimas y a favor de las personas que se encuentran privadas de su libertad”, dijo Juliana Companys, fiscal de Villa María.
El tribunal de la Cámara del Crimen consideró que la acusación debe ser más precisa y fijó una serie de pautas a seguir para que Companys reformule la acusación contra los imputados, algunos de los cuales sus prisiones preventivas vencen en febrero de 2025.
La fiscal remarcó que su instrucción “ya había pasado por el juez de control y lo había confirmado; también había pasado por la Cámara de Acusación de Río Tercero y tres vocales habían confirmado nuestra investigación, dando claros indicios de que había estado todo bien”. “Es llamativo que la Cámara del Crimen disienta con tanta diferencia con esos tribunales”, apuntó.
En el texto enviado a los medios apenas se conoció la novedad judicial la semana anterior, Companys consideró la resolución como una “arbitrariedad procesal”, motivo por el cual procura presentar un recurso para revertir la decisión de los vocales.
“Tenemos 70 cuerpos de expediente, con pruebas desde pericias, testimonios, allanamientos, secuestros, que dan a las claras que nuestra investigación fue importante, al punto tal que las provincias que han intervenido nos han pedido el modelo de elevación a juicio para ellos tener una mejor interpretación de la causa”, agregó en contacto radial.
