Por fin es posible conocer quiénes operaron a través de la financiera ilegal que montaron Martín Azar y su socio Diego Sánchez, en conexión con otros dos financistas, Pablo Guillermo Rueda y Joaquín Héctor Becerra, con sede en oficinas del edificio Vistalba, en Avenida Laplace 5442 de barrio Villa Belgrano.
La lista figura en un informe que recibió hace poco más de un año el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, desde dos entidades bancarias de Estados Unidos: el Bank of America y el Wells Fargo Bank. En la nómina hay conocidos empresarios cordobeses que realizaron operaciones financieras por fuera de los controles fiscales argentinos con el fin de evadir impuestos. Esa es la base de la solicitud de imputación que pesa sobre ellos y que fue firmada por el fiscal Casas Nóblega.
En total las transferencias realizadas durante dos años –entre 2018 y 2020– a través de las denominadas “operaciones de cable” suman más de US$ 36 millones.
Por esa razón el fiscal solicitó una nueva imputación al financista Martín Azar, quien había sido condenado recientemente en un juicio abreviado por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos, donde recibió la pena de cinco años y nueve meses de prisión que cumple con modalidad domiciliaria por la atención que requieren sus hijos menores de edad.
Cuando se buscaba armar, cual rompecabezas, la trama financiera montada por Azar y su socio, el Juzgado Federal 2 (JF2), a instancia del fiscal, libró exhorto internacional a Estados Unidos el 5 de abril del 2021. Las autoridades norteamericanas remitieron un informe el 23 de noviembre del año pasado que fue agregado a la causa principal.
Esta información es la base documental sobre la que se asienta el nuevo requerimiento de imputación por lavado de activos para Azar y por evasión agravada para 24 empresarios.
Los informes reportados desde Estados Unidos especifican que, entre el 6 de marzo de 2018 y el 21 de febrero de 2020, Azar hizo 34 transferencias por US$ U$S 36.276.413. De esos movimientos se calcula que obtuvo ganancias por más de un millón de dólares.
En este nuevo expediente, el fiscal sostiene que Azar debe ser investigado por esas transferencias de dinero multimillonarias, por lo que resolvió imputarlo por el delito de "lavado de activos de origen delictivo agravado, por el monto, la habitualidad, por ser miembro de una asociación o banda y la utilización de personas interpuestas, en carácter de autor".
Según el funcionario, para posibilitar las operaciones bajo investigación, creó empresas en el extranjero y abrió cuentas bancarias a nombre de cada una de las firmas comerciales creadas o de familiares que también fueron condenados.
Constituyeron en los Estados Unidos las sociedades comerciales Valoni Corp, a nombre de su madre, María Isabel Valoni; Angel Usa Corp, a nombre de su padre Miguel Ángel Azar, y Gaucho Group, a nombre de su excuñada, Zoe Cherro de Miguel. Todas tienen declarado el mismo domicilio: 1451 S Miami Ave APT 3112, donde había fijado residencia en su momento la exesposa de Martín Azar, Agustina Cherro de Miguel.
Para esas empresas abrieron seis cuentas bancarias: en Wells Fargo Bank y el Bank of America.
Con ese esquema, la financiera encabezada por Azar ofrecía a sus clientes pagar operaciones en diferentes países, como China, Panamá, Estados Unidos, Paraguay y Australia por fuera del circuito legal y eludiendo todo tipo de controles fiscales y aduaneros. También les permitía sustraer de Argentina sumas de dinero hacia el exterior obviando controles.
En síntesis, el fiscal llegó a la conclusión de que desde la financiera ilegal, Martín Azar ofrecía a los clientes transferencias internacionales a cambio de una comisión. De otro modo, con su capacidad económica le habría sido imposible realizar semejante movimiento de dinero –casi 40 millones de dólares– con ganancias superiores al millón de dólares en dos años, cuando ante el fisco era monotributista categoría F, que prevé ingresos anuales de un millón de pesos.
Al carecer de congruencia con la situación patrimonial declarada, la única explicación posible es que el volumen de dólares que movió era producto de las comisiones que cobraba por las “operaciones de cable o compensación”. De cada envío o recibo de fondos él habría percibido entre el 2,5% y el 3% según el cliente y la operación realizada.
Es decir que, en realidad, según se sospecha de Azar, fue un intermediario prolífico de operaciones concretadas al margen de controles y en total clandestinidad, lo que permitiría un análisis por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En esta nueva etapa de la pesquisa también fueron imputados por evasión tributaria agravada los financistas Pablo Guillermo Rueda y Joaquín Héctor Eleazar Becerra, sobreseídos en julio de este año tras el pago de una reparación de US$ 200.000, el decomiso de US$ 218.000 y de lingotes de oro.
