Durante tres horas este martes se realizaron dos audiencias multipropósito en la causa judicial que investigó el funcionamiento de una financiera ilegal en el edificio Vistalba Mall de Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba. Se ganó el mote, en su momento, de "la Banda de los Chetos".
Fueron presididas por la vocal Noel Costa, integrando en esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3).
En ambas se expusieron los acuerdos entre el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, y los abogados defensores de los 12 acusados que llegaron a la instancia de juicio.
Acusados de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, los máximos responsables de la cueva, Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez, recibirán una pena de prisión efectiva pero domiciliaria, de 5 años 9 meses y de 5 años, respectivamente.
También se comprometieron a pagar multas: Martín Azar por $25 millones y Diego Sánchez, por $15 millones. Todo en cuotas.
Al exponer las condiciones personales, Azar dijo no tener ninguna ocupación en la actualidad y vivir en un departamento prestado.
Después de que estalló la investigación penal sobre la financiera, se divorció de su pareja, Agustina Cherro de Miguel -también acusada- y según trascendió en la audiencia tienen un juicio por alimentos en un proceso de separación muy controversial. Esta mañana se procuró evitar el cruce entre ambos.
Las otras dos condenas recayeron en los padres de Martín Azar, el exjuez Miguel Angel Azar y su esposa, jubilada de Afip, María Isabel Valoni que recibirán una pena de tres años de prisión de ejecución condicional en ambos casos, además de multas por $10 millones y $7 millones, respectivamente.
Hubo una absolución, la del hermano de Diego, Sánchez, Lucas Sánchez (34) por el beneficio de la ley más benigna que, aplicada en este caso, generó la prescripción de lavado de activos por haberse modificados los mínimos a partir del cual se establece la figura penal.
La jueza Noel Costa escuchó también los acuerdos entre la Fiscalía y las defensas de siete acusados que se someterán a la probation. En todos los casos, pagarán multas en cuotas -actualizadas según tasas bancarias oficiales- y realizarán trabajos comunitarios.
Todos están acusados de ser miembros de la asociación ilícita y, en algunos casos, lavado de activos. Pero la colaboración prestada y la baja participación en los delitos fueron evaluados para que, en caso de condenas, todas fuera de ejecución condicional. Por esa razón, solicitaron la suspensión del juicio a prueba -también conocida como probation- y se comprometieron a pagos económicos por el daño causado al fisco y la realización de trabajos comunitarios durante un año y medio.
Ellos son:
Agustina Cherro de Miguel (32). Su abogado, Tristán Gavier, alegó la necesidad de aplicar la perspectiva de género porque ella cumplió órdenes de su exmarido, Martín Azar. Había asimetría en la toma de decisiones y ella nunca integró la estructura de la financiera, puntualizó. Propuso pagar una multa de $20 millones y realizar trabajos comunitarios, durante dos horas semanales, en la Fundación 180 de La Calera.
Dina Castillo (60). La contadora acusada por lavado de activos se quebró emocionalmente en el momento de exponer sus datos personales. Se comprometió al pago de $8 millones y propuso dar un taller de finanzas a mujeres reclusas en Bouwer.
Jorge Novaro (44) y Nicolás Ferrer Juárez (47), asistidos por el abogado Julio Deheza, propusieron pagar $1 millon y $2,5 millones respectivamente.
María del Milagro Martínez (42) defendida por Ignacio Carranza, era la secretaria de la financiera. Se comprometió a pagar una multa de $1,5 millones y realizar trabajos comunitarios en la Fundación La Morera.
Melina Manelli (47), ex esposa de Diego Sánchez, con asistencia de Gerard Gramática y Débora Ferrari, propuso pagar $5 millones y trabajar en la organización Personas Voluntarias Unidas.
El operador de bolsa, Gonzalo Gómez Pizarro abonará $6 millones y también propuso tareas comunitarias en la Fundación 180.
Al mismo tiempo se procederá al decomiso de los bienes secuestrados como una carabina (arma de guerra) que se encontró en poder de Martín Azar, dos motos BMW, dos autos BMW, un Jeep Wrangler, dinero y hasta la máquina de contar billetes.
El contenido de los acuerdos será analizado por la jueza Noel Costa. El 24 de septiembre se realizará una nueva audiencia para tratar la modalidad de la ejecución de las penas a prisión. Como ya se dijo, las penas más altas que corresponden a Azar y Sánchez fueron acordadas con la modalidad de cumplimiento domiciliario. En caso de incumplir las condiciones, serán convertidas y deberán ir a la cárcel de Bouwer.
