Los concursos para acceder y ascender en la carrera judicial es uno de los institutos que es orgullo del Poder Judicial de Córdoba. Que exista la sospecha de que, en una evaluación, se filtraron antes las preguntas para beneficiar a concursantes encendió no sólo las alarmas sino que motivó una rápida reacción de las máximas autoridades.
La denuncia fue realizada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Agepj. De inmediato el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la apertura de un sumario administrativo.
El proceso inicial consiste en evaluar las pruebas reunidas y aportadas en la denuncia para resolver la apertura formal de la investigación administrativa o rechazarla y archivarla. En el primer supuesto, el magistrado denunciado designa defensor y puede realizar su descargo aportando explicaciones y pruebas.
Concluido el sumario, puede desembocar en una simple recomendación, en una denuncia penal y hasta en un juicio de destitución solicitado al Jury de Enjuiciamiento.
En diálogo con este medio, fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron que “irán a fondo” y no descartaron que, “si las pruebas sostienen la acusación podría ser sometido a un juicio de destitución”.
En radio Punto a Punto, Corteletti narró cómo se llegó a presentar la denuncia para abrir el sumario. Hubo un hecho objetivo, las cuatro concursantes aparentemente beneficiadas por la filtración del examen "sacaron puntajes sospechosamente muy altos, que no alcanzó nadie más. La inmensa mayoría aprobó con un porcentaje bajo de respuestas" .
Hasta ese momento, el gremio sólo analizó si esa situación era objetable. Se decidieron a formalizar la denuncia administrativa cuando una de las cuatro empleadas que rindió exitosamente el examen se quebró y admitió ante sus compañeras de trabajo que el asesor letrado, Eduardo Caeiro, miembro del tribunal del concurso, le había anticipado el contenido de la prueba.
La sospecha se reafirmó cuando observaron que esa empleada es pariente política de Caeiro, otra trabaja en la Asesoría Letrada que él encabeza y las dos restantes son adscriptas al curso de Posgrado que lo tiene como titular en la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Todas tienen algún vínculo con él.
PERFIL CÓRDOBA intentó comunicarse con el magistrado, pero no obtuvo respuesta.
Exintendente de Los Cerrillos, detenido tras denuncia de su esposa y sucesora en el cargo
¿Cómo puede tifipificarse administrativamente la filtración de un examen en un concurso? Por el momento, se analiza si las pruebas pueden sostener el presunto mal desempeño, negligencia grave o, incluso, la comisión de un delito. En todos los casos, son causales de destitución.
La investigación es una sola y abarca tanto al magistrado señalado como a las cuatro empleadas quienes, de comprobarse que usufructuaron de un beneficio ilegítimo, se exponen a sanciones graves.
La otra pregunta que cabe es qué pasará con el concurso, y particularmente con el examen escrito. Es una decisión que depende del TSJ.
Neonatal. El asesor letrado, Eduardo Caeiro, es un abogado de aquilatada trayectoria en la Justicia de Córdoba. Uno de los roles más trascendentes lo ocupó en la investigación preliminar por los crímenes de bebés ocurridos en el Hospital Materno Neonatal. Fue representante de las mamás y los recién nacidos mientras duró la instrucción del expediente.
En el juicio que se aproxima a la enfermera Brenda Agüero y 10 funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital, él ya no intervendrá sino que lo hará la asesora letrada Ana Inés Pagliano.
