El sindicato de empleados judiciales de Córdoba (AGEPJ) presentó una denuncia el lunes 16 de diciembre ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. En el documento, solicitan que se evalúe el accionar del asesor Eduardo Santiago Caeiro, en relación con el concurso para auxiliar colaborador de la defensa pública, ya que podría constituir mal desempeño o negligencia grave y derivaría en su remoción del cargo según el artículo 154 de la Constitución de Córdoba.
La denuncia surge tras una investigación preliminar realizada por el Poder Judicial, iniciada a instancias del gremio. Durante ese período, se recabaron pruebas que dieron lugar a un sumario administrativo que aún se encuentra en curso, además de una causa penal relacionada.
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El Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti, manifestó que las pruebas acumuladas justifican la intervención del Jurado de Enjuiciamiento: "A tenor del avance de las investigaciones promovidas por nuestro gremio y el cúmulo de pruebas colectadas, creemos que ya es el momento necesario para la intervención del organismo constitucional encargado de evaluar la conducta de las y los magistrados. La conducta ética de quienes imparten justicia es un pilar de la credibilidad del sistema judicial y en el caso, el accionar desplegado ha lesionado seriamente dicho sostén".
Por su parte, la Secretaria Adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli, destacó la gravedad de las denuncias vinculadas a supuestas irregularidades en el concurso: "Es muy importante que se esclarezcan los hechos de las supuestas filtraciones para favorecer determinadas personas en un concurso. Si ello no es dilucidado, no se puede esperar que las ciudadanas o ciudadanos que recurren al Poder Judicial para intentar acceder al cumplimiento de sus derechos, crean en su efectividad si desde la magistratura se observa esa falta de imparcialidad o favoritismo".
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El caso pone en el centro de la discusión la importancia de la transparencia y la imparcialidad en los procesos judiciales, así como la necesidad de mantener altos estándares éticos entre los funcionarios del sistema judicial.
