Las fiestas clandestinas en Córdoba se han convertido en un negocio millonario que preocupa a las autoridades locales. Estos eventos, organizados en su mayoría en zonas rurales y barrios periféricos de la ciudad, representan un grave riesgo para la seguridad de los asistentes, muchos de ellos menores de edad, que quedan expuestos al consumo desmedido de alcohol, drogas y, en ocasiones, a situaciones de violencia.
En los operativos para clausurar y desalojar estas fiestas, intervienen diversos cuerpos municipales y provinciales. Estos incluyen la Secretaría de Fiscalización y Control, la Policía Provincial de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, infantería, el Ministerio de Seguridad de la provincia, así como la Guardia Urbana y los servicios de emergencias.
La mayoría de estas actividades nocturnas se llevan a cabo dentro de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, muchas se han trasladado a áreas periféricas cómo el caso de Villa Esquiú, Camino Malvinas Argentinas y Villa Libertador. Generalmente, estas fiestas, suelen realizarse tras eventos habilitados.
"Las fiestas se organizan en clubes, fincas, quintas, sótanos y predios alejados que no cumplen con ninguna medida de seguridad", indicó Ezequiel Hormaeche Actis, director general de la secretaría de Gobierno Fiscalización y Control a PERFIL CÓRDOBA.
La situación es tan crítica que, en algunos casos, los operativos encuentran jóvenes intoxicados sin asistencia médica adecuada. "En Forja, FPA realizó hasta 40 requisas positivas donde se encontraron sustancias ilegales. Imagínate lo que ocurre en un lugar inhabilitado y sin controles", agregó.
Millonarios decomisos
Según informan desde la secretaría, los operativos logran clausurar entre dos y tres fiestas clandestinas por fin de semana, aunque en jornadas excepcionales, como la de Cattáneo en Forja, llegaron a desactivar entre cuatro y cinco. Estas cifras están limitadas por la capacidad operativa y técnica de las autoridades.
En varias ocasiones, se decomisaron más de 40 millones de pesos en equipos de sonido, iluminación, bebidas alcohólicas y otros elementos relacionados con la organización de estos eventos. Las fiestas clandestinas convocan entre 600 y 2.500 personas, superando incluso la asistencia de algunos eventos legalmente habilitados.
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El protocolo de investigación incluye colaboradores que monitorean y analizan las redes sociales, principalmente Instagram, donde se difunden las convocatorias. "Muchas veces nosotros mismos compramos las entradas", ejemplificó el director.
A pesar de las advertencias, muchas productoras continúan operando al margen de la ley, y algunas incluso han comenzado a organizar estos eventos fuera del ejido municipal para evadir la fiscalización. Las autoridades no solo clausuran las fiestas ilegales, sino que también intervienen judicialmente, secuestrando todos los elementos relacionados con la organización del evento.
Además, el problema no se limita solo a la realización de eventos nocturnos clandestinos, sino que también afecta a una cadena de personas involucradas, muchas veces sin saberlo. Se estima que estos eventos generan entre 50 y 100 empleos indirectos, incluyendo proveedores de equipos, alquiler de espacios y personal de limpieza, entre otros.
"No es solo al organizador, también tiene que pagar el lugar. El dueño muchas veces no lo sabe. Se lo dejó a un cuidador y no sabían que lo estaban usando para eso", explicó Hormaeche Actis.
Proliferan muchas fiestas de menores, "nos asusta mucho"
Un aspecto alarmante es la creciente participación de menores de edad en este tipo de fiestas. Según las autoridades, muchos padres desconocen que sus hijos asisten a estos eventos, creyendo que se trata de reuniones privadas. Sin embargo, la realidad es mucho más peligrosa. "Nos encontramos en situaciones donde tenemos que asegurar que los menores no queden desamparados en la calle después de un desalojo", comentaron los responsables de los operativos.
"(Las fiestas) como se realizan en villas o en zonas alejadas, sobre todo cuando hay menores, no podemos 'tirar' a la calle a menores que están a las buenas de Dios. Tenemos que arbitrar junto con la Policía que se haga un canal de compañía hasta que los padres los vayan a buscar", agregó el referente.
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Viendo la continuidad con la que ocurren este tipo de situaciones, muchos padres ya recurren a las autoridades para verificar si los salones a los que llevan a sus hijos están habilitados.
"Agradecemos mucho la conciencia que se ha ido tomando en torno a este tema. Los padres ahora nos contactan y preguntan activamente, lo que nos ayuda a prevenir, por otros medios, situaciones graves", concluyó Hormaeche Actis.
