Pasó un año y cuatro meses desde que Rafael Ricardo Bottone asesinó a su hija, Milagros, y luego se suicidó. La joven (23) se interpuso cuando él atacó a su madre. La tragedia ocurrió en la vivienda familiar de calle General Paz 3068 de barrio Alta Córdoba, el 13 de mayo de 2023.
El caso conmocionó a la sociedad porque Mercedes Martínez, exesposa de Bottone, lo había denunciado el 1 de octubre de 2021 y desde ese momento intervino el Juzgado de Violencia Familiar de 4ª Nominación, a cargo de Mariana Wallace.
Hubo dos denuncias más, una de Mercedes y otra de Milagros, la hija más joven del matrimonio, el 8 de noviembre del 2021 y el 4 de abril del 2022. En ambas ocasiones las presentaciones se hicieron en Unidades Judiciales que dieron intervención a fiscales penales.
Apenas sucedido el crimen la pregunta que se formuló Mercedes, la sobreviviente del ataque, fue por qué no se pudo evitar tremenda tragedia, cuando ellas habían acudido a la Justicia y ésta intervino en todas las situaciones mencionadas. ¿Qué falló? ¿Por qué no se pudo prevenir el femicidio que Bottone anunció a viva voz y ellas denunciaron?
La causa penal por el femicidio se cerró sin culpables porque el autor del crimen se quitó la vida.
Mercedes Martínez solicitó que se investigue la actuación judicial de todos los magistrados intervinientes. En ese sentido, señaló especialmente a Wallace.
Hay una causa penal en el Fuero Anticorrupción, a cargo del fiscal Franco Mondino, que está próxima a ser resuelta y paralelamente se abrieron investigaciones administrativas en la Oficina de Sumarios que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En ese ámbito sí hay definiciones. La primera fue la clausura de la investigación preliminar a la actuación de la jueza de Violencia Familiar y de Género, Mariana Wallace, ya que se desestimaron las denuncias y se dispuso el archivo del expediente disciplinario.
Y la segunda es la apertura de sumarios disciplinarios a dos fiscales penales, Fernando López Villagra (ahora Fiscal de Cámara) y Silvana Fernández, y a dos ayudantes fiscales, Yanina Viguera y Javier Hilarsa, para analizar la actuación que cupo a cada uno en las denuncias de noviembre del 2021 y de abril del 2022, un año y un mes antes del desenlace trágico. Esta última recayó en la Fiscalía de Iván Rodríguez, pero sobre él no hay sumario administrativo.
PERFIL CÓRDOBA accedió a la resolución referida a la jueza Wallace donde se analiza cada paso que dio la magistrada desde que recibió la denuncia y todas las medidas de protección que adoptó. El documento permite reconstruir el derrotero del conflicto familiar que terminó del peor modo posible.
En síntesis, llega a la siguiente conclusión. En cada paso, la jueza actuó según la ley. Tomó siempre las medidas necesarias –y más– para resguardar a las víctimas. Excluyó al hombre del hogar, ordenó restricción de acercamiento, fijó audiencias en término y convocó a las víctimas para extender las medidas. Esa fue la conclusión de la Oficina de Sumarios del TSJ. En toda su actuación no hubo visos de negligencia.
Abordaje integral de la violencia de género. Si la jueza actuó sin apartarse de la ley como dice la resolución de la Oficina de Sumarios, ¿por qué no se pudo prevenir el femicidio? Cuando una persona acude a la Justicia porque se siente amenazada, en peligro o corre riesgo de vida, lo hace para evitar la muerte.
La violencia de género es un fenómeno crónico, multicausal y permanente, donde los conflictos no se solucionan, sino que se extienden durante años. Por eso la acción preventiva es esencial.
Aquí se observan tres aspectos que no permitieron una acción preventiva más eficaz, a pesar de todas las intervenciones judiciales: el secuestro de las armas, la falta de comunicación efectiva de toda la información disponible según los organismos que intervinieron (Juzgado de Familia, Juzgado de Violencia, fiscalías y Unidades Judiciales) y herramientas para no dilatar audiencias en este tipo de casos.
Cronología. La primera denuncia de octubre del 2021 reveló situaciones de violencia física y verbal de Rafael Bottone hacia su esposa a lo largo de décadas. Si bien Mercedes contó que en la casa había existido una discusión violenta y una de sus hijas la llamó para decirle que no volviera al hogar porque Bottone había amenazado con matarla, no era un solo episodio. Fue la gota que rebalsó el vaso.
Tramitaron el divorcio vincular y la división de bienes generó conflictos. En la pareja, el aporte económico principal lo hizo Mercedes ya que, por caso, compró dos chapas de taxis para que él trabajara. Después de la separación, él se negó a entregar el 50% de las ganancias que proporcionaba la explotación comercial de los vehículos. Es uno de los numerosos conflictos desatados.
En el tormentoso vínculo intervenían un Juzgado de Familia y un Juzgado de Violencia Familiar.
En las dos denuncias posteriores, realizadas en la Unidad Judicial 16, tomaron intervención los ayudantes fiscales y los fiscales penales mencionados.
En noviembre denunciaron que Bottone pasaba asiduamente frente al domicilio del cual había sido excluido por la jueza Wallace, a pesar de la orden de restricción de acercamiento que dictó y prorrogó en varias oportunidades. La denunciante pidió tobillera pero no se la dieron.
La denuncia de abril fue presentada por Milagros y refirió amenazas hacia ellas que él profirió ante amigos con los que se reunía en un bar. Un testigo le contó.
Fueron caratuladas como amenazas. Las causas sin preso en las fiscalías penales no tienen prioridad de atención de los fiscales. Esta es una de las inconsistencias que se advierten: la falta de una mirada integral. Lo que puede ser una simple amenaza en lo penal, en conflictos familiares es el anuncio de lo que finalmente sucedió. Máxime si se lo analiza como un caso complejo con intervención de múltiples órganos judiciales.
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Qué pasó con las armas. La primera vez que Mercedes acudió a la Justicia mencionó que su exmarido tenía cinco armas, entre ellas un revólver y una pistola. La jueza ordenó un allanamiento y el secuestro de las armas.
Se incautaron dos escopetas y un rifle de aire comprimido. No eran las que había referido la mujer. Ella insistió, y también su hija, en las dos presentaciones posteriores.
Wallace ordenó un nuevo allanamiento en la vivienda del hombre en Carlos Paz, donde dispuso el secuestro de armas que se encontraran “en la vivienda o en su poder”. Tampoco las encontraron. Faltó precisar: “una orden de requisa y registro” para que el rastreo policial pudiera abarcar vehículos o el cuerpo del violento, que no se controlaron.
Lo cierto es que con esas armas terminó matando a la hija y quitándose la vida él.
A partir del caso Bottone se realizó un curso de capacitación a todos los operadores del Fuero de Violencia Familiar y de Género sobre cómo emitir las órdenes de allanamiento y secuestro de armas.
Otro tema que se detectó fue la cancelación de una audiencia en Violencia Familiar porque el día en que debía realizarse, el abogado de Bottone renunció al patrocinio. Al no tener disponibles asesores letrados que asumieran ese rol de inmediato –algo que sí ocurre en el Fuero Penal– la audiencia se pospuso.
La dilación en el caso de violencia familiar es inadmisible. Lo demostró el femicidio irreparable de Milagros.
