Cecilia Andrea Fernández es jueza jubilada. Durante 23 años, hasta 2016, fue titular del Juzgado de competencia múltiple de Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Violencia Familiar de Villa María. Fernández se comunicó con Perfil Córdoba para expresar su preocupación por la situación actual en que se encuentra el sistema que debe proteger y tratar a adolescentes transgresores y reiterantes en el delito, refractarios a los tratamientos que posee la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia.
En el diálogo trazó un diagnóstico crudo, marcó serias falencias en los recursos humanos de Senaf y señaló que el Tribunal Superior de Justicia “desconoce la realidad”. En sus expresiones hay referencias particulares a la situación del interior provincial.
“Mi preocupación es enorme –afirmó–, con esto no hay vuelta atrás”.
–¿Por qué?
–La situación se fue agravando con el tiempo. Al haberse modificado la ley 9944 que crea la Senaf en Córdoba, se produjo un cambio importante. Si bien la norma está en concordancia con la Convención de los Derechos de los Niños y la normativa internacional respecto a la niñez, se ha descuidado la situación de estos jóvenes y niños.
–¿La actual es la misma situación de ocho años atrás cuando dejó el Juzgado?
–Era menos grave. La reforma se da en 2011 y se comienza a trabajar con Senaf y el Poder Judicial para adecuar el tratamiento y la asistencia de los chicos. En un momento hubo espacios de contención en situaciones especiales para estos niños. Había alguna institución fuera del Complejo Esperanza que contemplaba el tratamiento de los chicos (que delinquían). Estoy totalmente de acuerdo que no se les prive de la libertad, pero hay situaciones extremas en que deben ser tratados, y también sus familias, y la Senaf no tiene gente para hacerlo. Es una secretaría que carece del personal capacitado. La ley habla de equipos técnicos multidisciplinarios (médicos, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales) además de administrativos. Hay gran cantidad de empleados administrativos e importante escasez de técnicos para trabajar con los chicos y las familias. El problema es amplio.
–¿Lo que describe es lo que vio mientras fue jueza o es un diagnóstico actual?
–Desde que se inició la Senaf, nada se ha modificado. Se ha agravado.
–¿Por qué cree que sucede?
–No existe voluntad política de poner en funcionamiento la ley como corresponde. En el interior tenemos las Uder (Unidades de Desarrollo Regional) que responden a Senaf. Sigue teniendo la misma cantidad de gente que cuando yo me jubilé, con el agravante de que en muchos casos los cargos fueron cubiertos por gente que no estaba capacitada, que eran punteros políticos, desconocían lo que había que hacer.
–¿El TSJ está errado en no permitir ningún tipo de encierro de jóvenes no punibles que reinciden en el delito?
–Es más grave todavía. Desconocen la realidad. Dicen lisa y llanamente a los jueces que no pueden detener a los chicos y los dejan sin ninguna posibilidad para tomar otro tipo de medidas que den resultados. Tendría que haber algo intermedio, como lugares donde permanezcan alojados por un tiempo determinado con control jurisdiccional. En los menores no punibles, el criterio es que sean puestos en libertad y a cargo de Senaf. ¿Qué hace Senaf? Toma medidas de tercer nivel, son retirados de la familia y luego vuelven al delito. Hay que tomar el toro por las astas y disponer de espacios de contención absolutamente controlados por la justicia y que Senaf tenga los elementos suficientes para trabajar con los chicos, familias y hacer tratamientos en serio. Muchas veces cuando se hacen visitas al Complejo Esperanza se ve que son depósitos de chicos. No hay personal ni espacio suficiente, hay una suerte de selección carcelaria que depende de la conducta del chico. Si te portás bien, entonces vas a la escuela o al gimnasio, caso contrario no. Para tratamientos de adicciones no todos pueden ingresar porque no hay capacidad.
–Reitero la consulta: ¿esto que describe es actual? La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, de la cual depende Senaf, es una de las que más advirtió las falencias del Complejo Esperanza en los últimos años.
–Yo lo visité cuando me jubilé y fui con ella. Le puedo decir que hoy todo sigue igual. Lo único que escuché es que está trabajando en una ley.
–¿Quiénes son responsables de la situación que describe?
–Desde la ministra a la titular de Senaf. Son quienes deben proporcionar las políticas para trabajar con estos chicos. Para eso hacen falta recursos que no se disponen. No sé qué propusieron para el presupuesto del año que viene. A ojos vista no se modificó nada.
–¿Hay responsabilidad del TSJ?
–Claro que sí. Los jueces tienen las manos atadas en muchas cuestiones. No pueden mantener a un chico en ningún espacio. El hilo se corta por lo más fino, que es el juez. Ordena que el chico inimputable sea puesto a disposición de la Senaf .Y volvemos a lo mismo. El Tribunal Superior no está en la realidad del que trabaja en la trinchera.
–Se dispuso en un caso colocar a un adolescente no punible la tobillera electrónica, ¿cree que puede funcionar?
–Tengo mis dudas. Si no funciona con los adultos, imagine lo que puede funcionar con los menores de edad. Hay que tener el control y el personal que hace el seguimiento del chico.
–En este contexto, ¿bajar la edad de imputabilidad, tal como propone la Nación, puede ser la solución?
–No tiene sentido si no se tienen en cuenta una serie de aspectos. Hay que trabajar para que los chicos modifiquen su conducta. Si no se hace eso, habrá más chicos privados de la libertad y el Complejo Esperanza seguirá siendo un depósito de chicos. Bajar la edad sólo para encerrarlos es una decisión irresponsable.
