En abril de este año y a partir de una denuncia anónima que llegó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el fiscal federal Enrique Senestrari abrió un expediente y encabezó allanamientos en dos centros dedicados a fertilización asistida, ubicados en Nueva Córdoba y el noroeste de esta capital.
La investigación, apuntaba a desmantelar una presunta red de trata de personas, centrada en la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para ser utilizadas en el alquiler de vientres a cambio de un pago dinerario.
"O sea, ofrecer quedar embarazadas con embriones de quienes demandan ese servicio para procrear una criatura que no sea de ellas sino de quienes la contrataron", indicó en su momento Senestrari en diálogo con la prensa.
La pesquisa se inició tras recibir una denuncia anónima que detallaba el caso específico de una pareja que acudió a una de estas clínicas debido a problemas de fertilidad. Aparentemente, estas instituciones habrían "ofrecido", de manera encubierta, esta posibilidad.
Jueces de Familia consultados por PERFIL CÓRDOBA admitieron gran preocupación por la situación.
A principios de julio, la justicia imputó a nueve personas en relación con el caso, incluyendo médicos, abogados y empleados de las dos clínicas especializadas en tratamientos de fertilización asistida.
Maternidad subrogada: la Justicia imputó a nueve personas por presunta trata de mujeres
En aquel entonces se volvieron a llevar a cabo allanamientos con autorización del juez federal N.º 2, Alejandro Sánchez Freytes, en el marco de las imputaciones que promovieron María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de las personas (Protex) y el fiscal general ante el TOF2 de Córdoba, Carlos Gonellz con la participación del fiscal federal N.º 1 Enrique Senestrari, donde está radicado actualmente el expediente.
La calificación legal por la que se solicitó la acción penal es trata de personas con agravantes, por la vulnerabilidad y cantidad de víctimas y por el número de personas intervinientes. También incluyó la figura de falsedad ideológica.
El expediente se maneja con máximo hermetismo, pero según pudo confirmar PERFIL CÓRDOBA, hay 14 víctimas identificadas, todas con contextos sociales muy vulnerables.
Uno de los casos involucra a una mujer cuyo embarazo le causó serios problemas de salud. A pesar de esto, no recibió un seguimiento adecuado. Fue abandonada a su suerte, con cinco hijos y en una situación económica precaria. La mujer fue a declarar a tribunales un mes después de dar a luz.
A fines del mes pasado, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes resolvió un cronograma de indagatorias a todos los acusados que comenzó el martes 30 de julio y que se extenderá hasta este próximo viernes 9 de agosto.
Según la sospecha del Ministerio Público Fiscal (MPF), los centros de salud estaban en contacto con las víctimas a través de sus "donaciones de óvulos" -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación-, o por haber sido captadas por otros imputados; en muchos casos, tomando ventaja de su situación de vulnerabilidad.
Hasta ahora, no se conocían con precisión los nombres de las clínicas implicadas en estos casos. En la edición del pasado domingo, PERFIL CÓRDOBA obtuvo el testimonio exclusivo de una pareja que tuvo a su bebé mediante subrogación y que se atendió en una de las instituciones imputadas. Se trata de las clínicas Fecundart y Nascentis.
Exclusivo: hablan los padres de un bebé nacido por subrogación cuyo caso analiza la Justicia Federal
Entre las medidas que solicitaron los fiscales en el momento de promover las imputaciones, estaban las detenciones de varios de los acusados. Esto no fue admitido por el juez Sánchez Freytes, por lo que el MPF apeló la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones que deberá resolver si van o no a prisión.
