Exclusivo: hablan los padres de un bebé nacido por subrogación cuyo caso analiza la Justicia Federal

Entre el martes y el viernes pasados, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y el fiscal federal Enrique Senestrari comenzaron las indagatorias a nueve personas imputadas por el delito de trata en el marco de prácticas de subrogación de vientre llevadas adelante en las clínicas Fecundart y Nascentis de la ciudad de Córdoba.

Es un caso único en el país. Hasta ahora ningún tribunal había ni siquiera analizado la posibilidad de la captación y explotación de mujeres vulnerables que ceden sus vientres para gestar embarazos de parejas imposibilitadas de hacerlo.

PERFIL CÓRDOBA publicó en su edición del 7 de julio pasado la noticia de las imputaciones promovidas por Senestrari y firmadas por la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, y el fiscal general, Carlos Gonella.

A raíz de la difusión de la noticia, una pareja de Buenos Aires se contactó con este medio para dar a conocer su historia.

Daniel (D) es médico de un hospital público y Sebastián (S) es estudiante de medicina. Con un proyecto común de familia, con una hija gestada por sustitución de vientre en Florida, Estados Unidos, decidieron tener otro hijo. Por razones económicas descartaron hacer el tratamiento en el exterior.

En una conversación casual, se enteraron de que había dos clínicas de Córdoba que lo hacían y que podrían proporcionar el contacto con posibles gestantes. El caso que exponen es parte del expediente judicial federal.

El relato muestra un doloroso derrotero para inscribir al bebé como propio, cómo conocieron a la mujer que llevó adelante el embarazo, su contacto con las clínicas y dos abogadas que los asesoraron. Incluye a una letrada que actualmente es funcionaria provincial.

Se omiten los nombres completos de los entrevistados para preservar los derechos de los niños.

Todas las personas mencionadas en esta nota fueron informadas previamente, a través de sus abogados o voceros, sobre la publicación y se les dio la posibilidad de expresar su posición.

—¿Por qué vinieron a Córdoba y no lo hicieron en Buenos Aires?

—D: Las pocas clínicas que hacen subrogación piden que presentes un posible vientre de subrogación. Nos dijeron que había un lugar en Facebook donde uno puede encontrar a alguien del otro lado. Parejas que necesitan y mujeres que se ofrecen a subrogar.

—¿Son sitios privados o promocionados por las clínicas?

—D: No, es de boca en boca. Nos anotamos y nos pareció dantesca la forma en que se hablaba ahí adentro y la escasa garantía de ambas partes. Para nosotros, que tenemos una familia y que habíamos pasado por una experiencia muy satisfactoria en Estados Unidos, no había punto de comparación. Nos generó incertidumbre.

—¿Qué pasó desde que decidieron hacer el tratamiento en Córdoba?

—D: Primero nos comunicamos con la clínica Nascentis, con el especialista director y luego con la parte administrativa. Fuimos muy claros: no tenemos vientre de subrogación. Los dos somos hombres, necesitamos la colaboración de alguien. Tenemos hermanas, pero son añosas. Quedamos a la espera de una respuesta. El mecanismo por el cual acercaban a una posible gestante no lo conocimos porque le correspondía a la clínica. En esa espera, nos enteramos que había otra, Fecundart.

—¿Cuándo ocurrió eso?

—D: En mayo del 2022. Primero hicimos una entrevista por videollamada con el director, el doctor (José) Pérez Alzaa. Planteamos que queríamos hacer el tratamiento con los embriones que teníamos en EE UU. Ellos no tenían la experiencia de trabajar con embriones traídos desde el extranjero y necesitaban pedir autorización a la Nación para recibir material biológico. Mientras tanto, nos dijeron que podíamos avanzar con el asesoramiento legal. Nos dieron el teléfono de la abogada Julia Reartes (desde enero de este año secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Senaf). Fue la asesora que nos recomendó la clínica. Nos comentó todas las vías judiciales para que cuando nazca el niño tenga una identidad acorde al deseo de las personas que participan. Podía ser un pedido antes, durante el embarazo o después del nacimiento. La primera posibilidad implicaba esperar un tiempo hasta que saliera la sentencia. La segunda, una vez hecha la transferencia y con la certeza de que había un embarazo, informar a la Justicia para resolver al momento del nacimiento su identidad, que probamos que es producto de una subrogación porque son embriones criopreservados.

–S: Ella asesoraba sobre todas las subrogaciones.

—¿En EE UU fue igual?

–D: La clínica de Florida nos dio un listado de 10 profesionales y podíamos elegir. No nos dirigieron hacia ninguno en particular.

—¿Desde ahí trajeron los embriones para el segundo embarazo?

–D: Trajimos una parte. Temíamos que los retuvieran en el camino.

—¿Cómo fue el trato y contrato con la gestante?

–D: Nos dijeron que había varias candidatas dispuestas a ayudar a las parejas a concretar su deseo de ser padres. Ese era el speech.

–S: Julia Reartes nos dijo que habría un consentimiento informado que debía ser firmado ante escribano público.

—¿Quién les entregó este formulario?

–D: Julia Reartes lo redacta.

–¿Cómo llegaron a conocer a la gestante?

–D: Nos dijeron que nos acercáramos a la clínica. Hicimos una reunión para conocer al especialista, el doctor Pérez Alzaa, en forma personal. Nos mencionaron a una de las candidatas que había hecho donaciones de óvulos y que quería ayudar a alguna pareja. La reunión fue en octubre del 2022. La conocimos en la clínica. Fue una charla privada. Cada uno expuso sus necesidades y objetivos e intercambiamos teléfonos para conocernos. Para ninguna de las partes es fácil. En un noticiero hablaron de “criadero de humanos”. No es así. Son nuestros hijos. Todos la pasamos muy mal. Para nosotros, como familia, el vínculo con las gestantes es de por vida.

—Hay un aspecto humano y otro comercial, ¿cómo se cobra y se paga?

 –D: La clínica nos cobró honorarios que fueron menores porque teníamos los embriones que trajimos de EE UU. El costo del traslado corrió por nuestra cuenta, el mantenimiento de los embriones criopreservados también. Nos pasaron un presupuesto en negro y en dólares. Pagamos en efectivo.

—¿Y en relación a la gestante?

–D: La clínica sugiere –no impone– que nos hagamos cargo de todos los costos, lucro cesante y alimentación, todo lo que implica llevar adelante un embarazo. Ya teníamos experiencia en EE UU donde está todo protocolizado, algo que no pasa acá. Tratamos con conciencia de repetir lo que hicimos allá.

— ¿O sea que la clínica no fijó esas condiciones?

–D: Esa fue parte de nuestra incertidumbre porque ¿cuál es el criterio para saber que la estoy ayudando, cuál es el monto, quién regula si soy o no generoso? Si después la clínica o los administrativos tienen otro tipo de arreglo, beneficio o péculo recibido de las personas que se acercan, lo ignoramos. Nuestro trato fue directo. No permitimos gestores ni intermediarios. Lo que sí nos enteramos, cuando nació nuestro hijo, fue que la clínica le sugirió a nuestra gestante que no tuviera mucho diálogo con nosotros porque el niño nace y después cada uno hace su vida. Y no es así porque estaremos ligados por siempre. Nuestro hijo tiene derecho a conocer su historia. Ella nos dijo que tenía problemas edilicios y que mucho de esto ayudaría a mejorar la calidad de vida de su familia. Cuando estuvo embarazada le brindamos cobertura médica y nos hicimos cargo de todo.

—Volvamos a las posibilidades legales: ¿Cuál eligieron ustedes, iniciar el trámite antes, durante el embarazo o después del nacimiento del bebé?

–D: La segunda.

—¿Cuándo se confirmó el embarazo?

–D: El 20 de julio del 2023 se transfirió el embrión. Cinco semanas después se hizo la ecografía para saber si había latido cardíaco y si el saco estaba inserto en la cavidad uterina. Una vez que se tiene eso, te mandan un mensaje o te llaman y te dicen: “Felicidades, van a ser padres”. Es lo que nos pasó.

—¿Qué sucedió después?

–D: Cuando se confirma el embarazo, fue como si la clínica nos diera un besito en la frente y nos dijera, a la gestante y a nosotros: “Arréglensela como puedan”. A Julia Reartes le mandé un mensaje: “Estamos embarazados, ¿cómo seguimos?”. Hubo silencio, insistí hasta que me respondió que había hablado con el doctor Pérez Alzaa y que me mandaba por mail el consentimiento informado. Volvió a hacer un silencio. Mientras tanto, el embarazo avanzaba. Somos neófitos en la cuestión legal, para eso buscamos asesoramiento. Estábamos en la semana 18, la mitad del embarazo. Nuestra gestante también estaba preocupada. Llamé a la clínica, donde me atiende una administrativa y me dice que Reartes no estaba más y que dejó a todos en banda. Me pasó el contacto de otra abogada, Romina Vittar, que se puso al hombro esta mochila. Cuando hizo la presentación en tribunales salimos sorteados para el Juzgado de Familia N°7. Comenzó la feria (enero 2023) y cuando volvieron en febrero empezaron los trámites.

—¿Cómo fue ese proceso en los tribunales de Familia?

–D: Se hizo un estudio ambiental a la gestante y a nosotros. Los asistentes sociales fueron muy amables con los tres. La jueza nos citó a una audiencia el 15 de marzo, 12 días antes de la cesárea programada. Participaron asesores, nuestra abogada y el fiscal. Un día antes nos enteramos que la gestante debía tener una abogada diferente a la nuestra. Cuando llegamos, el hielo se rompe cuando la jueza nos mira y nos dice: “El Santo Padre está en contra de estos procedimientos e insta a que los jueces no lo avalen”. Nos juzgó con su propia moral. Nuestra abogada nos aconsejó no ser belicosos, que habláramos con la verdad, porque buscábamos que se registre el niño. Una de las asesoras nos acusó de violar los derechos de las mujeres. Respondimos que no obligamos a nadie. El fiscal nos preguntó por qué habíamos ido a Córdoba y nos dijo que si teníamos conocidos en Buenos Aires les dijéramos que “Córdoba no estaba para solucionar sus problemas ni para ofrecer sus mujeres”. La asesora de la gestante fue la única que nos trató bien y nos preguntó por qué hicimos la presentación tan tarde. Cuando dije que la primera abogada nos abandonó, nos preguntó quién era. Respondimos: Julia Reartes. Automáticamente todos se miraron y el fiscal pidió quitar su nombre del acta. Nos despertó la curiosidad, preguntamos por qué. Nos dijeron que ahora es funcionaria pública. La jueza concedió el pedido. No insistimos en que se pusiera su nombre en la testimonial. Cuando terminó la audiencia creímos que había ido todo bien.

—¿Cuándo nació el bebé?

–D: El 27 de marzo. Antes, viajamos a Córdoba, alquilamos un departamento cerca de la clínica donde se haría la cesárea. Compartimos horas con nuestra gestante, conocimos a su familia y una realidad que desconocíamos. Por la mañana del 27 de marzo, se adelantó el parto. Teníamos una habitación al lado de ella. Nos ofrecimos a cuidarla. Cuando la preparaban para llevarla al quirófano, nos llama Romina y nos informa que nos negaron la cautelar (para inscribir al bebé como hijo) y que la jueza dio intervención a Senaf. Justo a Senaf, después de que nosotros habíamos denunciado que todo se demoró por Julia Reartes. Cuando fuimos al quirófano, me perseguía una mujer con carpeta en mano. Tuvimos al bebé, lo atendimos. Cuando vamos al cuarto para darle la primera mamadera, nos informaron que había un oficio para que nos saquen compulsivamente sangre a la gestante, a nosotros y al bebé. Vino la policía y empezó un interrogatorio. Nos dijeron que el niño quedaba a resguardo del Estado.

–S: No me voy a olvidar del peor momento de mi vida.

–D: Pedimos una guarda temporal, teníamos el departamento alquilado. La negaron porque había riesgo de que nos fuguemos con el menor. Estábamos formando una familia, cómo me iba a ir con un niño indocumentado. Pedimos visitas programadas al bebé. También lo negaron. La gestante se ofreció a tenerlo momentáneamente. Tampoco aceptaron señalando que no podía haber apego. Ahora ¿quién hace el apego? ¿Julia Reartes que estaba involucrada, que conocía esta situación?

—¿Qué pasó con el bebé?

– D: El bebé fue a una familia de acogida. Nos agarra en el feriado largo de Semana Santa. El jueves 7 de abril estuvo el ADN. Salió a favor de Sebastián, como ya sabíamos. Todo esto lo tenía la jueza antes porque es lo que explicamos en la Justicia. Ordenó una inscripción provisoria como hijo de Sebastián.

—¿El bebé ya está con ustedes?

–D: Fue restituido el 19 de abril. En la actualidad ya hay sentencia firme donde figura a nombre de los dos. Se ordena la inscripción definitiva al Registro Civil con los apellidos de los dos. A la fecha, al no haber oficio no hay inscripción ni acta definitiva.

Nota de Redacción: Este medio consultó a fuentes de los tribunales de Familia quienes indicaron que la titular del Juzgado de Familia N°7 no tiene actitudes confesionales en su desempeño como magistradas. Sí reconocieron que es la primera que detectó en algunos expedientes la posibilidad de gestantes en situación de alta vulnerabilidad. 

En cuanto al acta de la audiencia que no reproduce el nombre de la primera asesora de la pareja comitente, Julia Reartes, las mismas fuentes aclararon que en materia Civil sólo se inscriben en el acta las partes presentes.