El escándalo que sacude la Unicameral de Córdoba continúa relevando novedades. Se reveló que la legisladora y actual vicepresidenta del bloque oficialista, Nadia Fernández, fue la responsable de pedir por el ingreso de Virginia Martínez, una mujer que cobró un sueldo en enero por un trabajo que nunca realizó.
Según fuentes de tribunales, el fiscal anticorrupción Franco Mondino, a cargo de la investigación por tentativa de estafa y defraudación a la administración pública, tiene en su poder datos reveladores que señalan a la viguista Fernández como la persona detrás del nombramiento de Martínez.
De “ñoquis” a “fantasmas”, la evolución de los empleados en la Legislatura de Córdoba
La investigación se centra en el hecho de que a Martínez se le depositó un sueldo de casi un millón de pesos por haber supuestamente trabajado durante todo diciembre, a pesar de que jamás pisó la Unicameral. El sueldo fue retirado por el puntero político del PJ, Guillermo Kraisman, y una acompañante, quienes se hicieron pasar por Martínez y fueron detenidos.
El periodista Juan Federico reveló que en el expediente figuran chats entre Kraisman y Fernández durante 2024, incluso después de que el dirigente político fuera detenido por robar en un supermercado. El 10 de diciembre del año pasado, Kraisman envió a Fernández los datos personales de Virginia Martínez, incluyendo dirección, teléfono, CBU, nombre completo, y CUIL, entre las 13:58 y las 17 de ese día.
El 30 de diciembre, un decreto firmado por la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto, oficializó una lista de 23 nuevos contratados en la Unicameral, incluyendo a Virginia Martínez. Sin embargo, el 8 de enero, la propia Nadia Fernández solicitó la baja del contrato de Martínez, sin especificar el motivo.
Un chat del 15 de enero revela que Fernández le preguntó a Kraisman: "¿Se pudo resolver el tema?". Dos días después, Kraisman intentó extraer el sueldo de Martínez, lo que resultó en su arresto.
En una nota televisiva, la propia vicegobernadora aseguró que "no se puede designar a ningún empleado de la legislatura si no es con la firma de un legislador". A partir de ese minuto, el fiscal anticorrupción tiene que haber buscado cuál fue el legislador que estampó la firma.
Todavía está en discusión si la empleada Martínez sabía que iba ser parte de los nuevos contratados en la Legislatura de Córdoba. Al parecer, en el expediente hay una nota firmada por el secretario administrativo del poder legislativo, Sebastián Ros y por Alejandra Perini (directora general de asuntos legales) en donde se asegura que hay un empleado legislativo que acompañó, que asesoró a Martínez para hacer los trámites de ingreso. Señalan que la empleada "estaba al tanto que iba a ser nombrada".
Se espera que el fiscal Anticorrupción Mondino evalúe la situación y determine si existen fundamentos para una acusación formal contra la legisladora Nadia Fernández
