El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba evalúa la anulación de un concurso de auxiliares en el Palacio de Justicia debido a presuntas irregularidades en el proceso.
La decisión podría afectar a todos los participantes del concurso, quienes buscaron acceder a cargos de colaboradores de asesores penales. Este puesto, además de ofrecer una remuneración superior a los tres millones de pesos, es el primer paso en la carrera de los funcionarios dentro de Tribunales.
Según trascendidos, la medida se consideraría tras detectarse una supuesta filtración de preguntas del examen escrito de selección, que habría favorecido a tres o cuatro postulantes al cargo.
"Sacaron puntajes sospechosamente muy altos, que no alcanzó nadie más. La inmensa mayoría aprobó con un porcentaje bajo de respuestas", indicó Federico Cortelletti titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj).
La denuncia fue presentada el lunes por la Asociación, que alertó sobre posibles vínculos entre las aspirantes beneficiadas y el funcionario del fuero Penal, Eduardo Caeiro, quien sería miembro del tribunal examinador y estaría relacionado con la preparación del cuestionario.
"Nos acercaron el dato de que una de estas cuatro personas se habría quebrado frente a sus compañeras de trabajo en su oficina. En ese contexto habría dicho que tuvo acceso a las respuestas", precisó el titular.
Las cuatro empleadas del Poder Judicial mantienen algún tipo de vínculo con Caeiro. La mayoría está relacionada académicamente, ya que fueron o son adscriptas en materias de la universidad; otras trabajan en la misma oficina, y una de ellas tendría un parentesco político.
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En respuesta, el TSJ ordenó una investigación interna, delegada a la Secretaría de Sumarios Administrativos, bajo la coordinación de funcionarios judiciales. "Hoy el dato es que ya hemos declarado dos personas en el Sumario que se abrió inmediatamente", comentó Cortelletti.
Y agregó: "el sistema de concurso es muy valorado por nosotros, hace a la transparencia en el acceso a los cargos y además es un sistema único en el país. Lo valoramos muchísimo, no queremos que se mancille ese sistema".
Entre las opciones que se evalúan, se plantea la posibilidad de excluir a las postulantes sospechadas, suspendiéndolas temporalmente del concurso, o bien proceder con la anulación total del proceso, lo que traería inconvenientes para otros participantes y los méritos ya acumulados.
La anulación del concurso, sin embargo, sería una medida drástica, dada la logística y coordinación de los diferentes procesos de selección en el Palacio de Justicia. "Veremos que decide el Tribunal Superior en función de lo que resulte de la investigación", reiteró el gremialista.
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Otro aspecto que solicitaron investigar es que se habría ofrecido una clase de consulta en el marco de una maestría, en la cual se trató el tema de los exámenes.
Así y todo esta es la primera vez que el gremio judicial presenta una denuncia por este tipo de irregularidades.
"Sobre el funcionario, nosotros al Tribunal Superior de Justicia le hemos dicho que entendemos que lo que hizo es de una gravedad como para un jurado de enjuiciamiento y la remoción", finalizó Cortelletti.
