Un exagente de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, bajo el seudónimo de "Germán", expuso los métodos ilegales utilizados por efectivos para financiar investigaciones en el interior provincial. Según su testimonio, agentes utilizaban droga incautada y dinero propio para pagar a dateros, en un esquema que operaba al margen de la fiscalía y que actualmente tiene imputado a un fiscal por encubrimiento.
Germán detalló que, en zonas como Cruz del Eje, la complejidad para investigar redes narco llevaba a los agentes a retener parte de la droga decomisada en allanamientos -sin registrarla- o a juntar dinero entre los agentes para compensar a informantes. "Por ejemplo, si secuestraban 50 gramos, reportaban 30 y los otros 20 volvían al círculo para usarlos en otra investigación", admitió.
Crecen las causas judiciales por la penetración narco en los sectores sociales más vulnerables
El objetivo: agilizar casos en pueblos donde “se conoce todo el mundo” y la presencia de “un auto desconocido puede alertar a los investigados”, haciendo que se caiga la investigación, relató el entrevistado en el programa Última Pregunta por Radio Continental Córdoba.
Aunque insistió en que no todos los efectivos participaban, reconoció que la práctica era "una bomba de tiempo" tolerada por los resultados estadísticos. "La fiscalía no lo hubiera permitido, pero en Cruz del Eje servía", afirmó.
Fiscal imputado y fallas sistémicas
Las revelaciones coinciden con la imputación del fiscal Raúl Ramírez, acusado de no investigar la desaparición de 353 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana que debían ser enviados al depósito judicial. Según la causa, Ramírez, su secretario Patricio Bazán y el jefe de la FPA local, Mauricio Oyola, habrían ocultado el faltante, permitiendo que la droga se usara en operativos ilegales.
La investigación -iniciada tras una denuncia del exjefe de la FPA, Adrián Salcedo- también expuso deficiencias en la custodia de pruebas: sobres con droga permanecían años sin ser enviados, y las actas de traslado se manipulaban sin controles.
El caso ya suma 12 imputados, incluidos 10 policías y dos civiles, por asociación ilícita y encubrimiento. Germán, el exagente FPA, aseguró que, pese a los riesgos legales, la presión por resultados incentivaba estas prácticas: "Si una circunscripción no allanaba en meses, exigían acción".
Mientras Ramírez espera su elevación a juicio (requiere previa destitución por sus fueros), el escándalo pone en jaque los protocolos de una fuerza de élite y revela la tensión entre la eficacia y la legalidad en la lucha contra el narcotráfico.
Foto en texto: ilustrativa.
