Empleados del Poder Judicial de Villa María sufrieron las consecuencias del gas pimienta que alguien arrojó para dispersar la protesta en la Unidad Judicial. El hecho ocurrió mientras los trabajadores, en el marco de un reclamo salarial que se replica en toda Córdoba, recorrían los pasillos del edificio con consignas y bombos.
Según relataron los afectados, cerca de las 11:40 de este viernes comenzaron a sentir irritación en las vías respiratorias y tos, para luego confirmar que se trataba de gas pimienta. Los que estaban en el lugar apuntaron contra un policía de civil que habría arrojado el irritante, aunque la versión aún no fue confirmada oficialmente.
Ante lo ocurrido, los trabajadores se presentaron en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Juliana Companys, quien derivó el caso al fiscal René Bosio. Este aseguró que se trata de "una situación grave, que no dejaremos pasar", y avanzará con las actuaciones correspondientes.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) repudió el accionar y presentó una denuncia penal, calificándolo como un ataque al "derecho constitucional de protesta".
Un conflicto provincial
El episodio se enmarca en una ola de protestas judiciales en Córdoba, donde los trabajadores reclaman una recomposición salarial urgente. Los sueldos del personal no jerárquico rondan los $700.000, muy por debajo de los haberes de la Justicia Federal, y exigen un aumento del 40-50%.
Además de las manifestaciones en Villa María, este viernes hubo movilizaciones en la ciudad de Córdoba, donde el día anterior empleados ocuparon el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales con una ruidosa protesta. Los reclamos incluyen también mejoras edilicias y la devolución de aportes jubilatorios retenidos.
La tensión entre los autoconvocados y la conducción gremial persiste, ya que los trabajadores acusan a la AGEPJ de no presionar con suficiente firmeza por la equiparación salarial. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando, con más medidas de fuerza anunciadas para las próximas semanas.
El fiscal René Bosio investiga el hecho en Villa María:
La situación de los judiciales
El reclamo por equiparación salarial es el principal conflicto de la última década, desde que en 2014 los magistrados y funcionarios cordobeses lograron igualar sus haberes con los de la Justicia federal. Sin embargo, esa mejora nunca llegó a las categorías más bajas.
Con el agravante de que los judiciales provinciales quedaron "atados" a los sueldos federales, con poco margen de negociación. Si bien en un principio esto fue beneficioso, desde que asumió Javier Milei, la licuación de los salarios judiciales fue igual o mayor que la del resto de los empleados públicos nacionales.
