La problemática de jóvenes que delinquen es compleja y emerge cada vez con más fuerza. El crecimiento del número de adolescentes con causas penales abiertas en la provincia de Córdoba es palpable desde la estadística.
Según datos oficiales del Poder Judicial, a los cuales tuvo acceso PERFIL CÓRDOBA, entre 2022 y 2023 creció un 28% la cantidad de niños, niñas y adolescentes que participaron de algún delito y que ingresaron al sistema penal juvenil.
Las cifras corresponden al Sistema de Administración Causas (SAC) a partir del cual se puede obtener también el perfil de esos jóvenes. Los datos son elaborados por el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE) del Poder Judicial, bajo la coordinación de Carolina Granja.
A lo largo de 2022, en toda la provincia se iniciaron 1.788 causas que involucraron a 1.811 jóvenes. El año pasado todas las cifras crecieron. Se abrieron 2.271 expedientes en los que 2.326 adolescentes tuvieron tratamiento judicial.
Si se toman los dos períodos, el salto es impactante. Entre 2021 y 2023, subió 63% el número de menores de 18 años alcanzados por las estructuras judiciales penales.
El índice reclama explicaciones. ¿Por qué creció? ¿Hubo más hechos delictivos cometidos por adolescentes o se modificó la política de persecución criminal policial y judicial?
Una explicación posible es que la Policía capta al adolescente en el delito con más decisión. Con los años hay más aprehensiones que antes no se hacían. Esas detenciones impactan, luego, en la Justicia y son los números que estamos analizando.
En uno u otro caso, el hecho objetivo de que un joven salga a la calle a robar, sólo o con una banda, o atente contra la vida de otros, es en sí un suceso socialmente grave que requiere intervención judicial y estatal, por las víctimas que lo padecen y por los jóvenes delincuentes que deben recuperarse y adquirir valores positivos. Sea por uno o por los 2.326 que el año pasado fueron detectados en alguna infracción penal.
Los jóvenes que delinquen no surgen de la nada. Son el producto de una sociedad donde el delito crece, también entre los adultos. Además, hay cada vez más niños, niñas y adolescentes sin contención ni red social cercana, que viven en contextos altamente vulnerables.
Lo evidencia la estadística oficial. El perfil de los chicos que reciben tratamiento penal juvenil tiene las siguientes características:
Del total de 2.326 que ingresaron al sistema penal el año pasado, 1.957 son varones y sólo 364 mujeres. Es decir hay un alto componente masculino.
Por edades se distribuyen del siguiente modo: 301 son menores de 14 años; 642 tienen 14 y 15 años, y 839 tienen 16 años y 17 años. Este último grupo es el de los jóvenes punibles. El resto no puede ser objeto de un proceso penal. Y ahí es donde está la mirada puesta en quienes sostienen que es necesario bajar la edad de imputabilidad en Argentina.
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso establece 14 años como la edad desde la cual una persona puede ser imputada, juzgada y sancionada penalmente.
La pregunta entonces es si un universo de 642 jóvenes –tomando la provincia de Córdoba– es un número significativo que justifique bajar la edad de imputabilidad y, en ese caso, con qué objetivo, para qué. ¿Sólo para encerrarlo? ¿Cómo tratar a esos jóvenes, según delitos más o menos graves? ¿Cómo asegurar que a la salida del sistema sean mejores personas?
De acuerdo a los datos obtenidos, también se puede saber que de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 1.379 no tienen secundario completo. Poco menos de la mitad no tiene instrucción, no tiene el primario completo o no hay información reportada.
Y 412 tienen algún trabajo. Si la mayoría no está escolarizada y tampoco desempeña alguna tarea –por lo general los que la tienen, son changas– hay que decir que no cuentan con herramientas para superarse y salir de los grupos que los convocan para cometer delitos.
La estadística del año pasado carece de información precisa sobre consumos problemáticos de sustancias, porque hay más de 1.500 adolescentes sin datos al respecto. En los casos en los que sí hay datos, 177 dijeron tener dependencia de sustancias psicoactivas.
Un total de 416 reiteraron conductas delictivas, es decir que previamente ya habían participado de otros hechos. Otra característica saliente es que más de 2.000 jóvenes cometieron delitos con pares, no con adultos.
En qué tipos de delitos están involucrados
La mayoría de los identificados son contra la propiedad (684), que agrupa los robos, hurtos en la vía pública, con y sin armas. Le siguen los delitos contra las personas (287), que incluyen homicidios, tentativas de homicidio, lesiones dolosas, abuso de armas. En tercer lugar se ubican los delitos contra la integridad sexual (96).
Todos estos números interpelan no sólo al Poder Judicial que debe dar respuesta a las víctimas y obtener en los jóvenes el mayor cambio positivo de vida posible.
La dolorosa realidad de menores delincuentes involucra esencialmente al Estado. Es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que depende del Ministerio de Desarrollo Humano la encargada de proteger a los niños sin red familiar ni social y de tratar a aquellos que han cometido delitos para reinsertarse en la sociedad. La radiografía es dolorosa y preocupante.
