La pericia de los políticos se mide, en buena medida, según su capacidad para callar lo inconveniente. Pero cada tanto aparece alguna excepción. Es el caso del senador oficialista Bartolomé Abdala. No existe pañal político capaz de contener el derrame de sinceridad en que incurrió.
Confesó en televisión que tenía 15 “asesores”, pagos por el Congreso, trabajando por su precandidatura a gobernador de San Luis. En la web de la Cámara figuran 20. Y se conoció que 15 de ellos permanecen en la provincia, afectados a tareas partidarias.
Abdala iba a ser presidente del bloque originario de seis integrantes de La Libertad Avanza. A último momento, una intriga de palacio lo catapultó a la Presidencia Provisional del Senado. Quedó tercero en la línea de sucesión, detrás de Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue una operación de la Casa Rosada para cerrarle el camino a otro aspirante, Francisco Paoltroni. Una interna temprana que acabó con el formoseño expulsado de la representación partidaria.
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Abdala es libertario desde 2022. Y un camaleón de la política con largo recorrido. Fue peronista, director del Banco de San Luis y secretario de Turismo de los Rodríguez Saá. Cuando cambió el cuadrante de los vientos políticos se mudó al Pro. Patricia Bullrich, entonces titular de ese partido, le reprochó un doble juego entre sus antiguos empleadores y Mauricio Macri e intervino la filial. Abdala hizo otra vez las valijas. “La vio”. Se fue con Milei. Logró la candidatura a la banca. Y a partir de allí, ascendió como gas de buzo, diría el presidente.
Entre sus asesores pagos por el erario nacional figura Juan Pablo Ostanelli, exsecretario privado del intendente Ramón Mestre. Otro político con la flexibilidad de un junco, que se dobla pero no se quiebra. Ostanelli ingresó a la Cámara como personal de planta permanente categoría A-1, la más alta, llevado por Mestre, quien fue senador nacional entre 2009 y 2011. Luego desembarcó con él en el municipio. Pero Ostanelli mantuvo el cargo nacional gracias a una licencia sin goce de sueldo.
Luis Juez y su entonces correligionario Juan Pablo Quinteros lo denunciaron en 2014, junto a Mestre y al exviceintendente Marcelo Cossar, por presuntas dádivas que habrían recibido de la empresa Ersa y eventuales maniobras de lavado de dinero. El primer expediente fue archivado por la Cámara de Acusaciones de la Provincia. Y el que se tramitó ante la fiscalía federal anti lavado no avanzó.
El estrépito que generó aquel año el suicidio de Jorge Suau, ejecutivo de la financiera CBI, también rozó a Ostanelli. En una carta, que la justicia validó como auténtica, afirmó que el funcionario municipal le había pedido una coima. No recibió ninguna sanción penal. Pero Mestre lo desplazó, para mitigar el costo político de aquellos episodios.
Medios puntanos mencionaron después a Ostanelli como asesor de Rodríguez Saá y también del intendente de San Luis Gastón Hissa, de Juntos por el Cambio. Ahora revista en la tropa de Abdala.
En la madeja de la casta libertaria aparecen otros nudos. Entre los seis miembros del bloque original de senadores reclutaron 98 empleados. Otro dato saliente es que la jujeña Vilma Bedia tiene 15 personas a su cargo. Entre ellas, dos con el apellido de sus hijos.
La inflación de empleados es transversal a todos los bloques y es peor en los más antiguos. Un efecto acumulación. Veinte senadores tienen más de 24. Y ocho representantes tienen cada uno entre 30 y 44 presuntos asesores. Entre propios y adoptados. Familiares, amigos, favorecedores, militantes afectados a tares partidarias y ñoquis.
El presidente pidió “organización y disciplina” a los suyos, para diferenciarse de la casta. Pero hasta ahora, el único desplazado es Paoltroni. Lo sancionaron por oponerse a la nominación a la Corte de Ariel Lijo, un juez de oscuros antecedentes y vínculos fluidos con los gobiernos kirchneristas. La casta avanza.
(*) Esta columna se publicó en “Aquí Petete”, el programa que se emite por Radio Mitre Córdoba
