En lo que va del 2024, en la ciudad de Córdoba 20 adolescentes menores de 18 años fueron asesinados en contextos delictivos. Eran jóvenes en conflicto con la ley penal, que habían tenido intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en múltiples ocasiones.
El dato fue mencionado por la abogada Teresa González, del área penal juvenil de Senaf, a miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y juezas penales juveniles, según relató a este medio una de las personas presentes. Es preocupante y síntoma de que algo no funciona o puede funcionar mejor.
Cada una de estas muertes interpela al sistema vigente: ¿por qué en esos casos no se pudo construir vínculos sociales para salir del delito y adquirir proyectos de vida saludables? ¿En el área de Protección de Derechos, cuentan con recursos humanos, técnicos, edilicios para tratar a esos chicos? ¿Es la única área que debe y puede encargarse de ellos? ¿Es posible abrir un espacio para no punibles donde reciban tratamiento obligatorio?
Estas son algunas preguntas que surgen ante esta problemática.
Los que mueren o tienen múltiples reincidencias son adolescentes transgresores, abandonados por sus padres y familias, con consumo problemático de sustancias y sin inserción en espacios que podrían colaborar para salir del delito, como la escuela.
PERFIL CÓRDOBA solicitó a la Senaf información sobre esas 20 muertes. Desde el organismo informaron que no hay una estadística consolidada sobre el tema.
El objetivo era retratar una parte de la foto que generalmente la sociedad no ve. En la opinión pública se instalan las historias de jóvenes que delinquen para reclamar encierro y castigo. Los muertos no aparecen o permanecen poco en la agenda de discusión.
El caso más impactante es el de Ismael Lautaro Peralta. Su cuerpo perforado con cuatro disparos de arma de fuego apareció en una bolsa negra en un descampado en Chacras de la Merced en julio de este año.
Tenía 19 años, pero su historia de abandono y delito había comenzado mucho antes. Tuvo por lo menos 20 intervenciones de Senaf. Hace tres años, desde una residencia en Villa María se fue sin decir nada y hubo una intensa búsqueda de paradero. Como ese episodio, fueron numerosas las veces en que se iba y lo reencontraban.
En un perfil publicado por Cadena 3 lo describen como un joven perdido por el consumo de drogas que salía a robar cualquier cosa para seguir consumiendo.
Cuando tenía dos meses, sus padres -ambos adictos- lo dieron en adopción a una pareja y cambió el rumbo por un tiempo, fue a la escuela, tuvo amigos y parecía tener la contención familiar necesaria. Los padres adoptivos fallecieron y regresó a Yapeyú, su barrio de origen donde, en total soledad, se entregó al consumo de estupefacientes. Terminó muerto por las balas.
Alexis Jesús González fue asesinado el 18 de mayo. A la salida de una fiesta en Barrio Las Margaritas, fue abordado por dos hombres que circulaban en moto y lo atacaron con un arma blanca. La causa está radicada en la Fiscalía Distrito III Turno 4, a cargo de Claudia Palacios. El crimen desembocó en serios incidentes con la policía porque un grupo de personas arrojó pedradas a la fachada de una vivienda en barrio San Martín de uno de los presuntos agresores.
La lista continúa
E.A.M. falleció el 11 de marzo. Al realizarse la autopsia, el forense Ramiro Ortiz Morán certificó que la misma se produjo por politraumatismo.
M.E.A murió el 30 de marzo mientras era perseguido por personal policial. Inicialmente intervino la Unidad Judicial de Accidentología Vial.
B.A.Q. de 17 años también fue asesinado.
En cada uno de los casos mencionados existieron múltiples acciones desde la Senaf para contener y acompañar a los jóvenes.
Son historias de adolescentes, como M.S. que con 15 años tiene un amplio legajo en la Senaf porque es aprehendido, es alojado en una residencia y se va. La ley impide abrirle un proceso penal, menos aún detenerlo.
La diferencia es que M.S. sigue vivo, aunque esté amenazado en Marqués Anexo donde cometió varios robos, donde tiene los grupos de amigos que lo mantienen en el delito y las drogas y donde lo conocen y alguien prometió venganza. Su caso es muy conocido porque el último robo ocurrió en ese barrio donde asaltó a un chofer de Uber, subió al auto, lo condujo sorteando una persecución policial que terminó en Av. Juan B. Justo.
Finalmente, para garantizar que no se acerque más a los lugares donde delinque y está en riesgo la semana pasada, una jueza autorizó que le coloquen una tobillera electrónica.
Desde la justicia, algunos funcionarios advierten que la oficina de protección de derechos dirigida a jóvenes vulnerables, no tiene capacidad para contener a estos adolescentes reticentes a los tratamientos, que van escalando en la comisión de delitos graves o reinciden permanentemente.
También hay operadores judiciales dedicados a la niñez y la adolescencia que tienen reparos respecto al programa de Justicia Restaurativa donde se trabaja con jóvenes que transgreden leyes, pero -dicen- es “media curita”, porque esas vías alternativas no trabajan con las víctimas, ni cuentan con redes para reinsertarlos socialmente. Y puede arrojar resultados positivos, pero en los casos menos graves.
Una fuente judicial que prefirió no dar su nombre -demuestra la tensión interna del fuero- aseveró: “La reforma del 2021 y su interpretación reafirmada por parte del TSJ en el fallo del 29 de octubre pasado está causando en estos tres años, graves daños irreparables en los adolescentes, las víctimas y el entramado social, cuyo dominio público nos releva de mayores comentario, dado el rotundo fracaso en este tipo de situaciones excepcionales, en el que evidentemente todos los círculos de protección y preventivos del delito, familia directa y extensa, comunidad más próxima a través de entidades intermedias, escuela, ONG, y OPD del Estado no lo han podido contener y ayudar a superar sus necesidades para su sano desarrollo alejado del delito”.
