En el mapa de denuncias cruzadas entre sectores enfrentados en la violenta interna del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), acaba de quedar firme la primera elevación a juicio de uno de los episodios ocurridos este año y llevados a la Justicia.
El episodio habría sucedido el 17 de mayo en cercanías de una escuela en Villa Azalais. La denuncia fue realizada por cinco afiliados contra tres integrantes del gremio que caracterizaron como “gente de Sergio Fittipaldi”, actual secretario general.
Relataron que se produjo una agresión mientras los denunciantes circulaban en un Volkswagen Bora. Identificaron a dos personas que los habrían amenazado con armas de fuego provocando “violencia física y psicológica”.
Agregaron a la presentación una serie de antecedentes como desafiliaciones arbitrarias de trabajadores no afines a Fittipaldi, que fueron notificadas al Ministerio de Trabajo de la Nación.
La fiscal, Patricia García Ramírez, concluyó recientemente la investigación y requirió juzgamiento para Gonzalo Nicolás Miranda (sobrino del Fittipaldi), Tomás Tello y María José Varela, por los delitos de amenazas calificadas, daño y lesiones reiteradas.
Apenas se presentó la denuncia, el 19 de mayo pasado, había ordenado diversos allanamientos y la detención de las tres personas mencionadas. Luego recuperaron la libertad.
La defensa, encabezada por Alexis Kohman –en los últimos tiempos también vocero de Fittipaldi ante la prensa– no se opuso y por lo tanto, la decisión quedó firme. En las próximas horas se sabrá en qué Cámara del Crimen se llevará a cabo el juicio oral y público.
Este no es un hecho aislado. Hay tres fiscalías interviniendo en forma paralela por la escalada de violencia que enfrenta a sectores vincul ados al actual oficialismo del sindicato, con un grupo que le disputa poder y es apoyado por el dirigente del gremio de recolectores –Surrbac– Franco Saillén, denominado Más Soelsac.
El jueves pasado la asamblea extraordinaria que debía designar la Junta Electoral terminó en escándalo y no ocurrió un hecho más grave por el imponente operativo de seguridad que dispuso la Policía de Córdoba. Al cabo de dos votaciones a mano alzada y una tercera, separando bandos, Fittipaldi resolvió un cuarto intermedio alegando que no se podían contar los votos.
El viernes, seis veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación –de la Agencia Territorial Córdoba– elevaron a las autoridades su informe sobre lo sucedido esa jornada y sobre el punto de la votación afirmaron: “En nuestra apreciación personal coincidimos que en ambas votaciones ganó la moción de la afiliada María Elena Ludueña por mayoría”.
Ludueña representó la moción de Más Soelsac, el sector de Saillén.
Se espera ahora una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Siguen en investigación. Mientras tanto, continúan en marcha otras investigaciones penales por la cronología violenta que culminó el 9 de septiembre, en el Club Yapeyú, donde un tirador hizo una decena de disparos y uno de ellos impactó en el cuerpo de Gabriela Pérez, quien falleció.
La fiscal que investiga el homicidio, Silvana Fernández, realizó allanamientos la semana pasada en Córdoba y Alta Gracia para reunir pruebas que le permitan, a la hora de detener al presunto autor, sostener una acusación. Trascendió que particularmente la documentación secuestrada aportó elementos importantes. Lo prioritario es identificar a la persona que realizó los disparos para recién ahí llegar hasta el autor intelectual.
El fiscal Guillermo González también está abocado a dos pesquisas. Por un hecho de presuntas amenazas ocurrido el 2 de julio, por el cual se imputó a Miguel Velázquez y Carlos Zárate. Y otro episodio que sucedió el 18 de julio en cercanías del Club Peñarol, de Argüello, donde se encuentran imputados Franco Saillén, César Alderete y Matías Romero por el presunto delito de amenazas y daño.
