El fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger formalizó el requerimiento de elevación a juicio en contra de su colega, en materia de Narcotráfico con competencia en localidades de Punilla, Raúl Ramírez. Lo acusó junto al secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán y al jefe de la brigada de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Cruz del Eje, Mauricio Oyola de haberse guardado la información de la desaparición de droga secuestrada y no impulsar una investigación.
Hay conversaciones donde se prueba el intento de mantener la situación dentro del ámbito que ellos manejaban y evitar una investigación penal.
A la postre, esa grave omisión permitió la comisión de supuestos procedimientos irregulares con el objetivo de mostrar efectividad en el combate contra la droga. En muchos casos, según la prueba recabada, miembros imputados de las Brigadas de la FPA de Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín secuestraban droga en la cárcel, la separaban y con eso pagaban a dateros para generar más operativos. Esa investigación continúa en un expediente paralelo y hay una decena de policías imputados.
La omisión de Ramírez, Bazán y Oyola tuvo un impacto determinante en la continuidad de maniobras irregulares de los policías antinarcóticos, por lo menos en los últimos cuatro años.
Según el requerimiento los delitos por los cuales deben ser juzgados son los siguientes.
El fiscal Raúl Ramírez y el secretario Patricio Bazán, por incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos, y abuso de autoridad, en concurso ideal. Aún sabiendo que habían desaparecido dos sobres precintados con cocaína y marihuana, no promovieron una investigación para saber quién se había robado la droga.
Mauricio Oyola, por los mismos delitos y también por violación de prueba a título culposo. Además de no promover una investigación, como jefe de Brigada, tampoco adoptó todas las medidas para resguardar el material incautado y así permitió su sustracción.
La investigación sobre el accionar de los magistrados y funcionarios mencionados puso al descubierto deficiencias en los protocolos de traslado y entrega de estupefacientes al depósito judicial de la FPA, en la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, se detectaron inconsistencias en los procedimientos. El secuestro se lo daban al secretario Bazán y los llevaban al depósito cuando quería, sin anotaciones en los libros. Uno de los casos analizados se demoró dos años en entregar el material incautado.
El personal de la FPA tampoco constataba si el material recibido coincidía con lo que detallaba el acta.
Todas estas deficiencias se dieron nada menos que en una fuerza investigativa y operativa de élite, como es la policía antinarcotráfico de Córdoba.
De licencia y sin pedidos de Jury que lo incomoden
Para ser juzgado, Ramírez debe ser destituido porque tiene fueros. Desde hace algunas semanas tomó licencia, posiblemente porque ve su situación cada vez más complicada.
No renunció. Todavía no tiene la cantidad de años de aporte como para jubilarse como fiscal de Instrucción y acceder a una jubilación de magistrado. Quizás esa situación postergue una decisión de esta naturaleza.
El requerimiento de elevación a juicio puede ser apelado por la defensa. En ese caso, la resolución será revisada por un juez de Control diferente al que ya se pronunció habilitando la acusación, Agustín Cafferata. Luego, están las instancias superiores, la Cámara de Acusación y el Tribunal Superior de Justicia.
Lo sorprendente en este caso es que una causa de envergadura e impacto político, por lo que representa la lucha contra el narcotráfico, no haya inspirado a ningún legislador oficialista ni opositor para pedir un Jury a Ramírez. Una situación opuesta a la que vive otro magistrado en problemas, el asesor letrado Eduardo Caeiro a quien aún antes de ser imputado ya pidieron que sea sometido a un juicio de destitución.
