Mientras la oposición evalúa su acompañamiento, la bancada oficialista tiene decidido avanzar en la sesión de este miércoles con la aprobación de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia, proyecto que quedó pendiente de la agenda judicial que impulsó el gobierno de Martín Llaryora en el tramo final del período 2024.
La iniciativa presentada por los legisladores oficialistas Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso, recibió despacho favorable de mayoría en el plenario de tres comisiones que se desarrolló el viernes pasado, en donde se detallaron una serie de aportes introducidos al texto original que surgió de la consulta a fiscales y jueces del Foro Penal Juvenil, y de propuesta de bancadas de la oposición.
El dictamen del proyecto de las espadas del PJ que llegará este miércoles al recinto viene a dar respuesta "a una necesidad imperiosa de poner en sintonía la legislación referida al sistema de procedimiento penal juvenil con la realidad vinculada a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal", según se desprende de los fundamentos.
Se trata de un código de procedimiento penal juvenil que busca aportar "claridad" a todo el sistema, según sus promotores, "tanto desde el punto de vista de los operadores judiciales como a quienes desde el Poder Ejecutivo deben garantizar la efectivización de las medidas que vayan a implementarse por mandato de los mismos".
Nueva normativa para los menores no punibles
La discusión de esta nueva normativa se da en el contexto de una realidad que exhibe hechos delictivos que involucran a menores -no punibles-, ante lo cual se plantea la necesidad de una respuesta legal por parte de los poderes del Estado.
Estos casos deben contar con mecanismos legales e institucionales diferenciados del sistema penal para adultos, garantías de debido proceso y derecho de defensa en juicio, en línea con los mandatos y estándares internacionales que regulan la protección de niñas, niños y adolescentes.
Más allá de que el foco de la respuesta estatal apunta en la dirección de las medidas no privativas de la libertad como justicia restaurativa, atención temprana, supervisión en territorio, libertad asistida y dispositivos electrónicos, también se avanza en el abordaje de un dispositivo para menores -no punibles- de alojamiento excepcional, no coercitivo, para casos de gravedad extrema y con plazos estipulados por la nueva norma.
Dicha normativa, que será aprobada en el plenario de este miércoles, estipula en su artículo 44 los "delitos graves" que se contemplan para estos casos y, a renglón seguido (artículo 45), establece de manera excepcional "una medida de resguardo institucional" que implique que el menor "no podrá externarse por su propia voluntad, con el propósito de preservar su integridad conforme el interés superior del niño o de terceros".
Justamente, estos artículos, que dan cuenta de las reglas aplicadas a menores -no punibles- ante la existencia de delitos graves, concentraron gran parte del debate del plenario de comisiones a raíz de las distintas posturas de los legisladores, aunque se aclaró que el espíritu de la ley plantea “el resguardo del menor y no el castigo del menor”.
“Resguardo institucional”
"A propuesta de legisladores, quedó establecido para los no punibles en qué casos puede proceder este resguardo institucional, medida excepcional frente a delitos graves en los que están en juego los derechos de los adolescentes y el interés social", expresó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Julia Reartes, en el marco del tratamiento en comisiones.
En este ámbito, la funcionaria informó a los legisladores que la Senaf se reunió con fiscales del Foro Penal Juvenil de la ciudad de Córdoba a fines de mejorar la redacción de los despachos legislativos y aclarar cuestiones relativas a plazos legales, el proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal y la necesidad de medidas de resguardo institucional en casos vinculados con delitos graves.
Por su parte, la legisladora Busso se refirió al aporte que se introdujo por el cual se creará una mesa de coordinación y seguimiento provincial de políticas de prevención y delito juvenil, en calidad de organismo autónomo.
"Esta mesa interdisciplinaria e intersectorial se abocará a casos de adolescentes en conflicto con la ley penal y deberá constituirse en un plazo máximo de 30 días desde la reglamentación de la ley", se dijo al respecto.
La oficialista también expresó que, según pedidos de opositores, se permitirán visitas de legisladores a los establecimientos para menores en conflicto, entre ellos el Complejo Esperanza.
El despacho de este proyecto está atado a otro que modifica y deroga diversos artículos de la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia, que implica su adecuación conforme a la nueva norma del procedimiento penal juvenil.
Oposición
Ante los cambios introducidos, y en medio del fin de semana extra largo, desde las principales bancadas opositoras (UCR y Frente Cívico) se indicó que "están evaluando" el texto final, aunque en el radicalismo se advierte que "ha mejorado bastante".
De todos modos, ambos bloques definirán sus posturas en el marco de las reuniones de sus integrantes que se desarrollarán durante la mañana de este miércoles, horas antes de la sesión.
En este contexto, la radical Alejandra Ferrero advirtió "sobre los institutos e instalaciones donde se alojarán estos jóvenes, para que se profesionalice el personal y se los doté de verdaderos programas y planes de resocialización".
De esta manera, la deloredista apuntó a la responsabilidad del Estado "en crear condiciones que acompañen esta ley, sino terminamos derivando niños a lugares donde se vulneran los derechos que pretendemos proteger", remarcó.
Reclamo a la Nación
Entre otros asuntos que incluye el temario de la sesión, el oficialismo llevará al recinto dos proyectos de autoría del jefe de la bancada Miguel Siciliano exigiendo a la Nación el cumplimiento de sus obligaciones con la provincia. El reclamo incluye la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de la deuda que el Estado Nacional mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
