Martín Llaryora pasó una semana en la que pudo disfrutar alguna que otra victoria o buena noticia, como el arreglo del conflicto docente hasta febrero próximo (después habrá que barajar y dar de nuevo) y la deferencia del ministro de Economía Luis Caputo, que vino a disertar a la Bolsa de Comercio y fue a visitarlo a su despacho.
Lo de Caputo es un claro gesto de distinción, aunque no hay un dato concreto sobre el tema más urticante para Córdoba: el pago de la deuda que la Nación tiene con la provincia por la Caja de Jubilaciones. En la charla privada de poco más de media hora, Caputo volvió a pedir paciencia hasta que se levante el cepo, cosa que hoy no está cerca de concretarse. De todos modos, el encuentro pone al cordobés en un buen lugar en la fila de gobernadores.
Sin embargo, a la tarde llegó un bombazo que no todos los funcionarios conocen o se percataron del impacto que puede tener: el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como imputado al ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia, Martín Gill, en una causa que se lo investiga como presunto coautor de malversaciones de caudales públicos.
La convocatoria será para fines de este mes, aunque existe la posibilidad de ser reprogramada para semanas subsiguientes, según indicó el propio Gill ante una consulta de PERFIL CÓRDOBA. La causa se remite a la época en la que el actual ministro llaryorista se desempeñaba como secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y tiene que ver con el envío de partidas presuntamente irregulares a la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.
Gill relativizó la importancia de la causa y dijo que entiende que fue citado para aclarar la financiación de un programa de la Universidad de San Martín, que era la responsable de administrar los recursos de ese programa, denominado Pascal, y que todavía existe, según precisó el funcionario provincial.
En mayo pasado, el juez Ercolini intimó a Gill para que designe nuevo abogado porque los dos que había nombrado fueron rechazados: el primero, Eduardo Rodríguez, porque no tiene matrícula para litigar en Caba, y el segundo, Alejandro Drago, “no aceptó en el término de la ley”, según refirió el magistrado en su intimación al funcionario local.
Hay que recordar que Gill también está procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género contra su ex pareja y la fiscal Juliana Companys pidió elevar la causa a juicio. Gill apeló y ahora debe resolver la jueza de control de Villa María, María Soledad Dottori.
La interna
El legislador provincial opositor Gregorio Hernández Maqueda ya pidió el juicio político del ministro y en la próxima sesión reiterará el pedido, según manifestó. Entre las causales, además de mencionar el grave delito que se le atribuye, se expresa que el abogado que lo defiende, Rodríguez, es funcionario de la cartera de Cooperativas.
El radicalismo tiene una posición dividida y muchos de sus parlamentarios creen que no es necesario el juicio político, ya que se conforman con el apartamiento del funcionario.
Esto provoca una fuerte interna entre los que buscan el juicio político y los que rechazan esa estrategia. Maqueda aspira a lograr el apoyo de un grupo de radicales, del PRO y la izquierda en su escalada contra el ministro.
El Gobierno mantiene su postura porque dice que rige el principio de inocencia, aunque algunas voces críticas indicaron que “a Gabriel Bermúdez, el intendente Daniel Passerini lo echó de Movilidad Urbana por mucho menos”. Bermúdez fue denunciado por una empleada municipal por un delito de estas características (abuso sexual simple y la víctima fue una empleada municipal, según la denuncia).
Desde El Panal, se asegura que el ilícito atribuido a Bermúdez “era funcional a su responsabilidad y habría sido cometido en una oficina del municipio”. En tanto, el caso de Gill “es muy diferente, porque corresponde al ámbito privado de las personas y nada tiene que ver con las tareas que desempeña en el Gobierno provincial como ministro de Cooperativas y Mutuales”, rematan los voceros.
Lo cierto es que el debate por la situación de Gill se profundizará en los próximos días en la Legislatura, especialmente si se concreta la indagatoria de Ercolini que, como se dijo, después de escuchar a los imputados deberá resolver si hay motivos suficientes para dictar el procesamiento, lo cual agravaría la situación del dirigente justicialista.
En línea con lo que Gill le dijo a este medio, allegados al exintendente de Villa María ratificaron que el ministro considera que la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py es un hecho menor y que no reviste demasiada importancia.
Sin embargo, hubo un pedido de cambio de competencia para que no sea investigada por los tribunales federales y se mude a la Justicia provincial, solicitud que fue rechazada por la Cámara Criminal Correccional Federal de Buenos Aires.
Obviamente, tras las denuncias de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por haber ejercido violencia de género, las comparaciones con la imputación que involucra a Gill se reflotaron y crece la expectativa sobre lo que pudiera resolver la jueza villamariense sobre la elevación a juicio. Y ahora aparece esta citación del juez Ercolini, que tiene como imputado –entre otros– a Gill, aunque el funcionario le baja el precio a esta investigación que lleva adelante el juez porteño, que también tiene en su despacho la denuncia de Fabiola Yañez contra Fernández.
