Mañana iniciará la novena semana en el histórico juicio por presuntos ataques homicidas seriales en el hospital Materno Neonatal de Córdoba. Promediando el debate oral y público, que inició el 6 de enero último, es posible reflexionar sobre una gran ausencia.
En juicios complejos o novedosos los fiscales de Cámara suelen convocar a los instructores para compartir la tarea de la acusación pública. Huelgan los ejemplos. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, a menudo suele subir a la Cámara 10a para ayudar al fiscal de Cámara. Cuando Gonzalo Lizarralde fue condenado por el homicidio con alevosía de Paola Acosta, la fiscal instructora Eve Flores (actual vocal de la Cámara del Crimen de Villa María) fue convocada por el fiscal de Cámara, Diego Albornoz, ya jubilado. Intentó incorporar la figura de femicidio y quien alegó en ese sentido fue Flores. En las estafas inmobiliarias de Torres del Río la fiscal de Cámara Laura Battistelli compartió su tarea acusadora con el instructor, Raúl Garzón.
Cuando la causa del Neonatal fue elevada a juicio, un grupo de madres de bebés fallecidos y sobrevivientes, insistieron en que el instructor, Raúl Garzón, intervenga en el juicio.
Según la investigación inicial, hay 13 recién nacidos atacados intencionalmente. En algunos eso está claro porque se hicieron las autopsias, mientras que en otros hay que vincular los síntomas que presentaron para incluirlos en el universo. Por eso se habla de prueba indiciaria.
Los jurados deberán analizar quién los atacó. Votarán por culpabilidad si están convencidos, si tienen certezas. De ahí la trascendencia del rol acusador.
Si algo queda claro es que ni el ministro de Salud, Diego Cardozo, ni el secretario Pablo Carvajal, ni la directora del hospital, Liliana Asís, ni sus segundas líneas fueron a la Justicia para denunciar y pedir que se investigue por qué no se encontraban explicaciones médicas para esos casos. Pero, si no hay certeza de que los niños fueron atacados ¿qué pasará con las responsabilidades penales de los directivos?
Acusar en este juicio es cargar una mochila pesada. Requiere conocer la investigación en cada detalle, actuar con precisión, detectar el dato trascendente en cada interrogatorio y exponer con claridad. El volumen y las características de la causa ameritaban la presencia en el juicio del instructor, a pesar del pataleo de los defensores. Por la simple razón de que los jurados necesitan adquirir certezas.
Para Raúl Garzón hubiera significado -además- hacerse cargo de un expediente con acusaciones gravísimas, mirando a los ojos a los jurados que levantarán la mano para votar por condena o absolución. Nada menos que ante homicidios en series de bebés y las omisiones de funcionarios que, si actuaban a conciencia, habrían podido detener -quizás- a tiempo la secuencia mortal.
En un veredicto no hay grises: es todo o nada.
¿Por qué no está Garzón?
Durante la instrucción inicial, sorteó pedidos de apartamiento y solicitudes para desglosar el expediente, diferenciando a la enfermera de los 10 funcionarios imputados para enviar esa parte al tan criticado fuero Anticorrupción. En particular, el ingreso del abogado Justiniano Martínez como defensor del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal.
El juez de Control Juan Manuel Fernández López resolvió excepcionalmente la continuación de Garzón, con quien Martínez tenía “amistad íntima” –y por eso correspondía apartar al fiscal- para no demorar la conclusión de la investigación inicial. Y dijo que el letrado podría asumir la codefensa en la etapa del juicio donde Garzón ya no estaría. En esos mismos términos fue convalidada la decisión por la Cámara de Acusación y la Sala Penal del Tribunal Superior.
Cuando llegó el momento del juicio, salió sorteada la Cámara 7a del Crimen. El fiscal ante ese tribunal es Sergio Ruiz Moreno. Según trascendió, en aquel momento fue al despacho de Garzón a pedir colaboración. Pero el corset procesal impuesto no permitió que Ruiz Moreno lo convocara.
A esta altura, de la amistad entre Martínez y Garzón queda nada.
Para hacer frente a los reclamos de las madres de bebés que insistían con la participación de Garzón en el juicio, se comunicó que sería “consultor”. Sin embargo, nadie lo consultó y sus empleados, expertos conocedores de la causa, tampoco fueron convocados para formar un equipo detrás de Ruiz Moreno.
El fiscal de Cámara convocó a una colega, Mercedes Balestrini. Es la dupla que hoy realiza la acusación pública en el juicio y sobre la cual se advierten diferencias internas. A tal punto que, aprovechando esa debilidad, el abogado de la provincia, Osvaldo Saccone, en una oportunidad fustigó la intervención de Balestrini y el tribunal reaccionó convalidando la legitimidad de la acusadora.
No es poco lo que está en juego. Es mucho más que internas tribunalicias con ganadores y perdedores circunstanciales. Sea cual fuere el resultado de este juicio, ellos seguirán en su lugar gozando de los privilegios de los cargos que ocupan.
Pero ni las madres ni la sociedad pueden quedar sin respuestas sobre uno de los episodios más horrorosos de la historia judicial. Menos aún si el veredicto llega a fundarse en la duda que beneficia a los acusados, sólo porque los fiscales no actuaron con contundencia y sustento.
Hay preocupación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Una versión da cuenta de que el flamante fiscal general adjunto, Alejandro Pérez Moreno, monitorea de cerca el devenir del juicio. Hubo reuniones para limar asperezas y reconducir la tarea de la Fiscalía de Cámara.
Ojalá al final del debate los jurados puedan adquirir el nivel de convicción necesario para decidir e inclinar la balanza hacia la justicia plena.
