El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, ha impulsado una reforma profunda en la normativa de ciudadanía que busca limitar su acceso automático y fomentar una conexión real entre los descendientes de italianos y el país de sus ancestros. A través de un decreto ley, de aplicación inmediata, y con un proyecto de ley en curso, las nuevas regulaciones modifican el criterio de transmisión de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis), restringiéndolo a dos generaciones, es decir, padres o abuelos.
Este cambio responde a una estrategia política más amplia de control migratorio y fortalecimiento de la identidad nacional italiana. Hasta ahora, la ciudadanía italiana podía ser reclamada sin límite generacional. Esto impacta directamente a miles de personas que planificaban su solicitud basándose en bisabuelos o tatarabuelos, eliminando una vía que durante años fue utilizada por descendientes en América latina y otras regiones.
La medida surge, entre otras razones, por la preocupación del gobierno sobre el impacto político y administrativo de la entrega masiva de ciudadanías. Se estima que fuera de Italia existe una población potencial de 60 millones de descendientes de italianos, una cifra que podría modificar el equilibrio electoral y aumentar la presión sobre los consulados y tribunales italianos, que ya enfrentan demoras en la tramitación.
Por ejemplo, sólo en Venecia hay más de 50.000 solicitudes pendientes. De hecho, en el último año se ha registrado un crecimiento exponencial en la cantidad de ciudadanías otorgadas, lo que encendió alarmas en el Ejecutivo italiano.
Requisitos más estrictos
Otro cambio clave es la necesidad de demostrar vínculos reales con Italia para acceder a la ciudadanía. Por ello, se establecieron nuevas reglas para la documentación:
- No se admitirán juramentos ni testimonios como prueba de ascendencia.
- Se deberá demostrar la ausencia de causales de pérdida de ciudadanía.
- Los trámites de ciudadanía para residentes en el exterior ya no se realizarán en los consulados, sino en una nueva oficina centralizada de la Farnesina (Ministerio de Asuntos Exteriores) de Italia.
- Se requerirá residir en Italia por un mínimo de tres años para poder solicitar la ciudadanía en caso de no cumplir con el límite generacional. En este caso las tramitaciones se realizarían en el lugar de residencia.
- Podrían establecerse exámenes de idioma y conocimientos sobre la cultura italiana para evaluar la integración del solicitante.
- Las solicitudes presentadas antes del 28 de marzo de 2025 seguirán siendo evaluadas bajo la normativa anterior.
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Una reforma con impacto inmediato
El decreto ley ya está en vigencia, y aunque el Parlamento tiene 60 días para vetarlo, esto es poco probable debido a la mayoría oficialista. Los proyectos de ley complementarios, en cambio, podrían tardar más tiempo en ser ratificados, aunque el gobierno ha expresado su intención de impulsarlos con rapidez.
De aprobarse el proyecto tal como está planteado, los consulados dejarán de procesar trámites de ciudadanía, centralizando las solicitudes en Roma. Asimismo, se prevén futuras restricciones, como exámenes de idioma y cultura italiana, requisitos de residencia obligatoria y la necesidad de demostrar actividad cívica en Italia al menos una vez cada 25 años.
También se estudia la posibilidad de exigir un período de trabajo formal en el país antes de acceder a la ciudadanía definitiva, con el fin de asegurar una integración efectiva y evitar solicitudes motivadas únicamente por beneficios administrativos.
Esta centralización también tiene un impacto en la burocracia estatal, ya que se prevé la creación de nuevos organismos especializados para el análisis y aprobación de solicitudes, lo que implicará un rediseño del sistema administrativo de ciudadanía.
Cambio de paradigma
La reforma en la ciudadanía italiana marca un cambio de paradigma: de un modelo de transmisión automática a uno basado en la integración efectiva. Si bien estas medidas pueden representar un obstáculo para muchos descendientes de italianos, también abren la puerta a una nueva visión de la ciudadanía, donde la conexión con el país de origen no sea solo documental, sino también vivencial y cultural.
El impacto de esta reforma será significativo tanto para las comunidades italianas en el exterior como para la dinámica interna del país. Mientras algunos ven estas medidas como una manera de preservar la identidad nacional y evitar el uso estratégico de la ciudadanía italiana, otros advierten sobre las dificultades que enfrentarán quienes han crecido con el anhelo de recuperar su vínculo con Italia. Lo cierto es que el debate sobre la ciudadanía está lejos de cerrarse, y su evolución dependerá de los movimientos políticos y sociales en los próximos años.
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Back to Italy
Existe una startup con sede en Udine, cuyo papel es clave para la integración de los nuevos ciudadanos. Liderada por su CEO, Gerardo Sine, trabaja en la integración de los descendientes de italianos a la vida y la sociedad del país. A través de alianzas con el Gobierno, Confindustria, empresas e instituciones educativas, Back to Italy ofrece un ecosistema de apoyo para quienes desean mudarse a Italia y establecerse allí, promoviendo no solo su adaptación sino también su contribución activa al desarrollo económico y social del país.
Gerardo Sine ha sido invitado además a participar de la Comisión de Recursos Humanos de Confindustria (Confederación General de la Industria Italiana), un espacio de confluencia de actores, donde crean propuestas concretas para que el Gobierno las implemente.
"El objetivo no es solo obtener un pasaporte, sino reconectar con las raíces y construir un futuro en Italia", explica Sine. El programa acompaña a los migrantes en aspectos legales, laborales y sociales, garantizando que la transición sea fluida y beneficiosa tanto para los nuevos residentes como para el país. A su vez, la empresa trabaja en iniciativas de capacitación para facilitar el acceso al mercado laboral italiano, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología, la ingeniería y el turismo.
El proyecto, que funciona en una efectiva sinergia con Confindustria, también contempla asesoramiento legal, revisión de documentación y gestión de citas para aquellos que buscan solicitar la ciudadanía mediante residencia. Además, ofrece alternativas para quienes no califican bajo los nuevos criterios, como la naturalización por matrimonio o residencia prolongada en Italia.
