El gobernador Martín Llaryora realizó esta mañana un anuncio de fuerte impacto en materia de política penitenciaria; la construcción de una nueva Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y la finalización del Centro de Máxima Seguridad (Cemax).
La primera significará una inversión de $15.000 millones y se prevé que estará lista para albergar a quienes ingresan al sistema en febrero del año próximo.
El Cemax, en tanto, insumirá en total $109.000 millones de inversión, con 448 celdas para 1.000 internos y contará con un equipo táctico especial. Llaryora dijo que la obra civil se encuentra al 80% y que estará listo en diciembre de este año.
En los tribunales el anuncio era esperado.
La situación de hacinamiento extremo con cinco presos en celdas previstas para dos, con todo lo que eso implica en la convivencia carcelaria, había generado una preocupación enorme. A tal punto que un hábeas corpus presentado por un preso por violencia familiar alojado en la UCA de Barrio Cáceres, devino en colectivo a instancias nada menos que del director de Derechos Humanos del Poder Judicial, Wilfrido Pérez, un funcionario que depende directamente del Tribunal Superior.
Ese hábeas corpus colectivo se tramita en el Juzgado de Control N° 9, a cargo de María Celeste Ferreyra. El jueves 20 de marzo encabezó una reunión con los responsables máximos de los ministerios de Justicia, Julián López; de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el fiscal General adjunto, Alejandro Pérez Moreno; la cúpula del SPC. La magistrada procura encauzar el problema y encontrarle solución.
La UCA actual tiene capacidad para 600 detenidos y hay 1.357. De ese total, 642 son primarios en la comisión de delitos, 191 reincidentes y 40 multireincidentes; es decir que ya tienen varias condenas acumuladas.
A ellos se suma un grupo que se delineó recientemente, los “reiterantes”. En este caso son 477. No tienen condenas anteriores pero sí más de una aprehensión por diferentes delitos.
El hacinamiento hizo temer lo peor: un motín que desborde y cause violencia extrema.
No es un fenómeno casual. Cada año va creciendo la población carcelaria. En 2023 subió 13%, el año pasado 14% y la proyección para el 2025 es que suba un 30% o más.
Corrupción en la cárcel: Bouvier y su pareja no podrán tener encuentros íntimos en prisión
A la inseguridad hay que sumarle las nuevas directivas de la Fiscalía General. Hay que buscar si cada detenido tiene otros hechos por los cuales se lo investigó y acumular esos antecedentes. Con ese tipo de medidas sube la cantidad de presos que van a la cárcel.
Habrá que esperar qué efecto tiene el anuncio del gobernador sobre la construcción de una nueva UCA que es hoy uno de los puntos más álgidos. Es el objeto del hábeas corpus que tiene en trámite la jueza Ferreyra. Por eso el anuncio de Llaryora era tan esperado.
