La situación de las cárceles provinciales sobrepasó ampliamente su propio límite. En la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido), el primer lugar de alojamiento de detenidos, hay 1.357 internos, cuando hay celdas sólo para 600.
Hace exactamente un año, se realizó un megaoperativo para trasladar 384 presos desde ese establecimiento ubicado en Barrio Cáceres, hacia un nuevo módulo construido en Bouwer. Hoy tampoco da abasto.
Mientras en 2023, la población carcelaria creció 13% y el año pasado 14%, en lo que va del 2025 ya sumó un 6% más de internos. Ese porcentaje proyectado implicaría un 36% más de presos hacia fines de este año.
El sistema penitenciario cordobés –no escapa a lo que ocurre en otros distritos– es una olla a presión. El hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria colocan la convivencia al filo de conflictos que están contenidos pero que, en cualquier momento, pueden desbocarse. Así de grave y preocupante es la situación.
El sistema penal punitivo produce detenciones en forma creciente. ¿Hasta qué número pueden albergar las cárceles?
El caso. Un interno alojado en la UCA que está detenido por disposición de una Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, interpuso un hábeas corpus. Es un recurso para pedir que se respeten los derechos mínimos que le asisten en calidad de detenido.
Pero la situación es de tal gravedad y amplitud que el titular de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Wilfrido Pérez, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, amplió el planteo y el reclamo particular se convirtió en colectivo. Todo esto sucedió el viernes 28 de febrero. Ahora están bajo análisis las condiciones de habitabilidad de la UCA para alojar a 1.357 detenidos. No se observan las condiciones de detención, estrictamente, sino de las condiciones de alojamiento, la infraestructura y sus servicios.
La jueza de Control N°9, María Celeste Ferreyra, abrió el trámite. En persona visitó la UCA y, antes de adoptar una resolución, convocó a una audiencia que se realizó el jueves pasado en tribunales. Participaron alrededor de 30 funcionarios de los ministerios de Justicia y Seguridad; Organización Penitenciaria: Servicio Penitenciario; Policía de Córdoba; Ministerio Público Fiscal; Ministerio Público de la Defensa, y Procuración del Tesoro. Duró casi tres horas.
PERFIL CÓRDOBA dialogó con varios de los partícipes del encuentro. Se trazó el diagnóstico actual. Es innegable la superpoblación en exceso, hay presos hacinados en las celdas. Sobre ese aspecto no hubo disidencias.
¿Por qué hay cada vez más presos?
El fenómeno es multicausal. Decir que sólo hay más detenidos porque creció la inseguridad es simplificar el análisis. El delito también adquirió mayor violencia. Los delincuentes –cada vez son más jóvenes– llegan al sistema penal reincidiendo y rotos por el consumo de drogas, sin trabajo y escasa educación. Por eso recaen constantemente en la ilegalidad.
Ante ello, el Poder Judicial y la Fiscalía General diseñaron un nuevo “sistema de flagrancias” que procura dar un trámite rápido a las aprehensiones, con juicios y condenas en tiempos breves para dar respuesta a la sociedad que reclama por más seguridad.
Los fiscales de Instrucción, además, tienen dos directivas precisas: mantener presos a los “reiterantes” y “acumular antecedentes”. Aunque no tengan condenas, si los delincuentes aprehendidos son investigados en otras causas, éstas se deben acumular y no podrán ser liberados. Así se evita la “puerta giratoria” judicial.
Inseguridad, flagrancias, reiterancia, acumulación de expediente son los factores que convergen en un mayor número de ingresos al sistema penitenciario.
La primera estancia de ese recorrido la transitan en la UCA.
Todas estas decisiones de política criminal han hecho que se sobrepase el límite habitacional de las cárceles.
Responsabilidades compartidas
El único funcionario de los consultados que permitió citar una reflexión fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. “Yo prefiero construir fuentes de trabajo y no cárceles –afirmó– pero la situación del país es grave y se pondrá peor porque crece la exclusión, la pobreza y la penetración de la droga”.
Quinteros asume que la policía produce un promedio de 35 aprehensiones diarias, entre delitos y contravenciones.
En la puesta en común –hubo momentos tensos– se asumieron compromisos.
Uno fue diligenciar con más agilidad las planillas prontuariales y avanzar en la digitalización. Según el Ministerio de Seguridad, se entregan a las 24 o 48 horas. En tribunales se quejan porque dicen que tardan más.
Otra propuesta del Ministerio Público Fiscal (cabeza de las fiscalías que investigan) fue acelerar las fechas de audiencias para resolver prisiones preventivas. Un detenido no puede esperar 60 días para que le digan si recupera la libertad o seguirá preso. Hubo compromisos de las partes para contribuir a una mejor gestión, pero la pelota quedó picando en el Ministerio de Justicia.
No son problemas cuyas soluciones aparecen de un día para el otro. Si hay que ampliar o construir módulos carcelarios requiere de procesos licitatorios, aun más complejos que el resto de obra pública por las medidas de seguridad y diseño que demanda un penal.
Se espera para las próximas semanas que se vuelquen planes de corto y mediano plazo para afrontar la contingencia. Al menos esa es la expectativa del Juzgado.
