Desde el próximo martes se desarrollarán los alegatos finales de las partes en el histórico juicio que comenzó el 6 de enero en la Cámara 7a del Crimen de la ciudad de Córdoba.
El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, confirmó a Perfil Córdoba que solicitará condena para la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada de perpetrar ataques a recién nacidos entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022 en el Hospital Materno Neonatal. Le imputan cinco homicidios agravados y ocho en grado de tentativa. La única pena posible es la prisión perpetua.
La última palabra la tendrán los jurados, ocho mujeres y ocho hombres, más dos jueces técnicos que integran el tribunal de juicio.
“La prueba contra Brenda Agüero es contundente, no tengo dudas” aseguró Ruiz Moreno.
El viernes pasado se realizó una reunión entre todos los abogados partícipes del proceso para coordinar los últimos detalles de la nueva etapa que se abre.
A las cuatro cámaras que tenía la sala de audiencia se sumará una más, ubicada detrás del tribunal que captará lo que suceda delante de los jueces. Todas pertenecen al sistema oficial de tribunales, llamado Cícero. Una vez que se reanude el juicio, no se permitirá el ingreso de ningún equipo particular. Los medios de comunicación que procuren obtener imágenes recibirán las que capten los dispositivos oficiales, operados también por personal de la Cámara.
En el medio de la sala se ubicó un atril. Fue solicitado por el defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, porque debe tener un punto de apoyo por una dificultad física y desea expresar sus alegatos de pie.
Cada letrado decidirá de qué modo y desde qué lugar de la sala expondrá. Podrán hacerlo sentados, desde su ubicación, o usar el atril.
La fiscal de Cámara, Mercedes Balestrini, pidió un proyector y una pantalla gigante para exponer un power point.
Con la misma tónica que imprimió desde el inicio del juicio, la presidenta del tribunal, Patricia Soria, acogió cada solicitud material y logística para garantizar que las exposiciones se realicen según las necesidades o requerimientos de las partes.
Comenzarán los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini. El martes se dedicarán exclusivamente a analizar la conducta de Brenda Agüero. Abrirá y cerrará la exposición Ruiz Moreno sobre la autoría de los hechos. Balestrini, por su parte, se referirá a cada uno de los 13 casos. Todo en relación a la enfermera.
El miércoles Ruiz Moreno desmenuzará la situación procesal de cada uno de los 10 funcionarios acusados. Por estas horas, define los últimos detalles. Las figuras de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado que cabe a algunos tiene requerimientos precisos, hay dos bibliotecas una más restrictiva y otra más amplia sobre quiénes son los que están obligados a denunciar cuando toman conocimiento de una irregularidad.
En el caso del exministro de Salud, Diego Cardozo, la clave está en cuándo se enteró efectivamente del conjunto de situaciones irregulares. Si fue el 7 de junio cuando la directora del hospital Liliana Asís, concurrió al ministerio junto al abogado Alejandro Escudero Salama o el 11 de agosto, como lo dijo en su indagatoria.
El audio del exministro Cardozo que no se incorporó como prueba
El exfuncionario sostiene que recién cuando el caso tomó estado público supo que había sospechas desde el 18 de marzo sobre más de una decena de episodios de descompensaciones y, en algunos casos, de muertes de bebés. Dice que el 7 de junio sólo se enteró de dos bebés fallecidos. El fiscal analiza este punto para definir la acusación.
Quien en cambio aparece sumamente comprometido es el secretario de Salud, Pablo Carvajal. Recibió la orden de denunciar. Hubo gestiones pero nunca la ejecutó. Hoy Cardozo y Carvajal están muy distanciados.
La fiscalía también considera que podría aliviarse la situación de alguna médica del hospital.
Una figura aparte es la del abogado Alejandro Escudero Salama. Él concurrió al ministerio junto a la directora Asís el 7 de junio, después de la noche fatídica donde hubo cuatro bebés descompensados –dos murieron– y luego fue designado por la Fiscalía de Estado de la Provincia como instructor de la investigación administrativa. ¿Es equiparable su situación a la de Asís, que está con prisión preventiva?
