El cuartetero y emprendedor Maximiliano ‘El Cheto’ Caliva procura solucionar a la mayor brevedad la situación de las personas que lo demandaron. El martes último con presencia de su abogado defensor, Pedro Despouy, y el querellante por parte de 20 damnificados, José Enrique Chumbita, Caliva y su esposa, Daniela Giselle Masip, estamparon sus firmas en un acuerdo.
“El interés y voluntad de nuestros asistidos es conciliar y satisfacer las prestaciones establecidas en cada contrato celebrado con todos sus clientes y con aquellos que presentaron denuncia penal”, explicó Despouy al dar detalles del trámite realizado.
Cómo son las presuntas estafas por las que fue denunciado Maximiliano El Cheto Caliva
En ese espíritu, agregó, se produjo “un acuerdo conciliatorio y reparatorio con todas aquellas personas denunciantes”.
Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA, el convenio contempla el reconocimiento del 100% de lo que cada comprador de viviendas prefabricadas entregó, actualizado según la tasa que aplica el Tribunal Superior de Justicia, más un concepto por daño moral.
Apenas firmaron el acuerdo, se realizó una entrega inicial. El compromiso quedará cancelado cuando finalicen de abonar las seis cuotas mensuales consecutivas, sobre las cuales Caliva presentó garantía. Mantienen bajo secreto las cifras.
Inicialmente la propuesta fue formalizada a los 16 damnificados que presentaron las denuncias ante la Fiscalía Subrogante que conduce Daniela Maluf. Se sumaron a la negociación cuatro personas más que iban a interponer sus demandas judiciales. Todos son representados por el abogado Chumbita.
Lo notorio del caso, destacó Despouy, es que a 10 días de la detención se procure un resarcimiento integral con lo que se satisface el reclamo de los damnificados.
Este lunes los detenidos, imputados por presunta asociación ilícita, serán indagados por la fiscal Maluf para resolver luego la situación procesal de cada uno. Además de Caliva y Masip, declararán la hermana de El Cheto, Gisel Stefani Caliva Ceballos, Glenda Pérez Roque, Fabio Alejandro Gómez y Franco Damián Chazarreta.
La fiscal no les atribuyó hasta ahora el delito de estafa. Sí secuestró importante cantidad de bienes y por una denuncia anónima que llegó a la Justicia Federal, el fiscal Maximiliano Hairabedián abrió una investigación preliminar y espera informes para determinar si hay o no lavado de activos.
Una de las conductas reprochadas a Caliva y su gente, en la Justicia provincial, es la sucesiva creación de empresas con las cuales vendía casas prefabricadas. A partir de incumplir el contrato, lavaba la imagen comercializándolas bajo otra razón social. Los 16 damnificados relataron a la fiscal Maluf que hicieron pagos iniciales, pero no recibieron la contraprestación prometida.
Desde el lado de la defensa sostienen que se entregaron mil viviendas y que tan sólo en 20 casos hubo reclamos. Aclaran que fueron incumplimientos y no defraudaciones.
Eso debe aún definir la fiscal en el expediente penal. Las expectativas de la defensa de los imputados es que, una vez que se cancelen todas las cuotas, la fiscal pueda instar la extinción de la acción penal y solicitar el sobreseimiento al Juzgado. En su momento la justicia analizará si se cumplen todos los requisitos que exige la ley para la aplicación del denominado principio de oportunidad.
