Jaime Díaz Gavier sostuvo que “no se pueden juzgar delitos que están prescriptos” al referirse a la promesa de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir todas las causas por crímenes de la guerrilla durante los años 70.
“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”, aseguró el martes Villarruel
Y luego agregó: “Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”.
Argumentos de Díaz Gavier
El presidente del tribunal que condenó a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad afirmó que “es absolutamente imposible” la reapertura de esos expedientes porque implica “una absoluta y franca violación de principios jurídicos e instituciones propias de un Estado de derecho” consagrados “no sólo en nuestro Código penal y en nuestras leyes, sino en los tratados internacionales que la Nación Argentina tiene suscriptos y están incorporados a la Constitución Nacional”.
Así el principio de la prescripción “tiene la más alta jerarquía normativa” en el país.
“Los delitos por personas o por grupos armados, delitos gravísimos en muchísimos casos y brutalmente ofensivos de principios básicos de civilización, de una sociedad organizada, tienen un término. Hay un plazo que la ley establece para que puedan ser juzgados”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.
Delitos de lesa humanidad
“Eso no ocurre en los casos de delitos de lesa humanidad, como ocurrió con el Estado argentino a partir del 24 de marzo del 76. La dictadura cívico-militar estableció un estado terrorista, un estado delincuente, un estado que combatió a aquellos grupos armados, subversivos, los combatió con las mismas o peores armas que esos grupos. Y eso es lo que es imprescriptible”, precisó el camarista.
“Esto no por una decisión política ni porque el Gobierno de turno en el momento en que se restablecieron estos juicios hayan resuelto fijar estas políticas de enjuiciamiento como políticas de Estado, sino porque el Estado argentino está obligado absolutamente por tratados internacionales que ha suscripto y por normas internacionales. Está obligado a perseguir los delitos de lesa humanidad porque son imprescriptibles”, insistió Díaz Gavier.
Además consideró que “tan imprescriptibles son que muchísimos de esos delitos que consistieron en la desaparición de personas, que nadie podrá negar ni siquiera la vicepresidenta, son delitos de los llamados permanentes, son delitos que se están cometiendo en este mismísimo momento porque la persona desaparecida no apareció nunca, no supimos nada de ellos”.
“Es una ejemplo lo de las personas desaparecidas, desde luego aquellos torturados, o los asesinados o cualquiera de los brutales delitos que prevé el Tratado de Roma”, detalló.
Críticas
“Me preocupan los niveles de ignorancia, tengo que decirlo, supongo que de buena fe, dramáticos niveles de ignorancia de quien desde las más altas jerarquías de la administración del Estado proponen directamente la violación de normas jurídicas que están establecidas en nuestros códigos”, dijo Díaz Gavier.
Y luego insistió: “No se pueden juzgar delitos que están prescriptos. Los delitos comunes, comunes digo porque no fueron cometidos desde el Estado, sino desde organizaciones subversivas armadas, muchísimos de ellos gravísimos y de profundo perjuicio social, pero son delitos cometidos por bandas de delincuentes. Entonces una vez prescriptos, ya no pueden ser juzgados”.
“Lo que podría darse si quieren innovar en este sentido es establecer que las personas, pero no es exactamente el tema que ella ha planteado, que los condenados por delitos de lesa humanidad, por ejemplo, puedan tener prisión domiciliaria y no estar detenidos en cárceles”, concluyó.
